El abogado Hernán Cadavid, quien fue coordinador de la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) del expresidente Álvaro Uribe cuando este se desempeñó como senador de República, instauró una denuncia penal ante el fiscal general, Francisco Barbosa, en contra de los miembros del Comité del Paro Nacional. El jurista asegura que estas personas son las responsables de los bloqueos que manifestantes instalaron en diferentes puntos del país desde el pasado 28 de abril cuando iniciaron las jornadas de protestas por el Paro Nacional. (Lea también: Punto por punto: ¿cuáles son las peticiones del Comité del Paro?)
En la denuncia, Cadavid empezó sus argumentos reseñando que el 15 de abril de 2021, desde la cuenta de Twitter @CGTCol, perteneciente a la Confederación General de Trabajo, se publicó una declaración conjunta del Comité Ejecutivo Nacional que decía: “nos oponemos contundentemente contra la #ReformaTribunal radicada hoy por el Gobierno Nacional, al pago de más impuestos por parte de las personas naturales y clase media trabajadora”.
Luego, indica la denuncia, el 28 de abril y el 1 de mayo de 2021 se presentaron movilizaciones y protestas convocadas por el denominado Comité del Paro en las principales ciudades del país. Agrega que, en principio, el paro había sido convocado durante 24 horas, con motivo de la radicación del proyecto de reforma tributaria, pero que las protestas se han sostenido de manera indefinida con una modificación de peticiones por parte del Comité del Paro y “se han incitado a bloqueo de vías como método de presión para que el Gobierno acceda al pliego presentado”.
El abogado señala que las manifestaciones, protestas y bloqueos han desencadenado “graves hechos que afectan el orden público, la movilidad, la seguridad alimentaria y otros bienes jurídicamente protegidos por el tipo penal de obstrucción de vías”. Cadavid resumió en su denuncia que a la fecha se han presentado 2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 1.362 bloqueos de vías, 299 movilizaciones y 849 miembros de la Fuerza Pública lesionados.
Agrega que han sido vandalizados 305 establecimientos 305 establecimientos de comercio y hoteles, 421 oficinas bancarias, 1.052 vehículos de transporte público, 156 estaciones de transporte público, 29 peajes, un puente vehicular con infraestructura crítica. En las cifras presentadas por Cadavid en la denuncia, da cuenta de 19 muertes de civiles en medio de las protestas y la muerte de un policía.
Asimismo, señala que los bloqueos han afectado el tránsito desde y hacia el puerto de Buenaventura con pérdidas tasadas en 40.000 millones de pesos y han generado desabastecimiento de combustibles, medicamentos, alimentos y otros bienes que no han podido llegar a los centros de distribución y mercados del país. Anota que el 3 de mayo fueron restringidas las operaciones en el aeropuerto de Cali, dejando a la ciudad incomunicada por vía aérea. Y que el 4 de mayo el vocero y convocante del Paro, Francisco Maltés, en el noticiero CM&, no niega que los bloqueos sean determinados por el Comité.
“Por supuesto que a nadie le gusta hacer un paro, la profesión nuestra no es hacer paros, la profesión nuestra es contribuir a buscarle soluciones a problemas que tienen los colombianos, pero para eso necesitamos que haya diálogo”, fueron las palabras del Maltés, citadas por Cadavid en su denuncia, cuando le preguntaron qué decirle a los colombianos que se encuentran afectados por los bloqueos y el desabastecimiento en sus ciudades. (Le puede interesar: El 20 de mayo, nueva reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro)
Otro de los hechos que presentó el abogado fue el ocurrido el 4 de mayo en Tocancipá (Cundinamarca) cuando el vehículo de asistencia que transportaba a una mujer en trabajo de parto prematuro desde Chocontá a la capital del país, fue interrumpido por manifestantes que bloquearon el corredor vial y quebraron los vidrios y la carrocería del automotor. Al final, el parto tuvo que ser atendido dentro de la ambulancia y el bebé murió.
El abogado insistió en que “el bloqueo de las vías ha tenido como consecuencia que no haya podido llegar de manera oportuna las entregas de oxígeno y medicamentos a clínicas y hospitales (…) han impedido que llegue el alimento para animales de granja, causando de esta manera la muerte y pérdida de miles de pollos, cerdos y pescados dispuestos para el consumo”. Añadió que el presidente de la SAC alertó sobre esta situación y que el ministro de Agricultura estimó que las manifestaciones han generado pérdidas de aproximadamente $1.7 billones.
En contraste, la denuncia indica que el 11 de mayo Miguel Montes, presidente de la Confederación de Trabajadores, dijo ante Vícky Dávila que “los bloqueos son un instrumento de protesta” y que Fabio Arias, de la CUT, afirmó que “en medio de los bloqueos han abierto corredores humanitarios para el paso de vehículos o personas que transportan alimentos esenciales para la salud y la vida (…) por eso lo estamos permitiendo y todo mundo en los bloqueos ha dejado pasar todos los temas de salud y alimentos”.
Con base en estos argumentos, Cadavid explica que el Comité del Paro sustituye la autoridad por las vías de hecho y que esto va en contravía de la Constitución y de lo dispuesto por la Corte Constitucional (C-724 de 2010) que sostuvo que “solo la protesta pacífica goza de protección constitucional. Las manifestaciones violentas no están protegidas ni siquiera prima facie por la Constitución”. (Noticia relacionada: “El país necesita urgentemente gestos de confianza”: Congreso a Gobierno y Comité del Paro)
En ese sentido, el abogado planteó que el Comité del Paro y sus integrantes han sido determinadores de los bloqueos de vías y han puesto en riesgo la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y han restringido el derecho al trabajo. En conclusión, la denuncia señala que los integrantes del Comité del Paro (Francisco Maltés, Fabio Arias, Percy Oyola, Luis Miguel Morantes, José Antonio Forero, John Jairo Díaz, William Velandia, Óscar Gutiérrez, Gustavo Betancur y personas indeterminadas), no se encuentran amparadas por la Constitución, ni por la ley penal al momento de efectuar bloqueos de vías.
“Con el tipo penal en mención no se pretende criminalizar la protesta social pacífica, la cual goza de protección constitucional. Lo que busca el legislador es sancionar a quienes, abusando del derecho a la protesta, obstaculizan las vías públicas y con ello, afectan o ponen en riesgo la vida de los demás ciudadanos (…) Este tipo de conductas delictivas no pueden tolerarse en un Estado democrático (…) Los bloqueos y demás vías de hecho son inconstitucionales y no pueden, bajo ningún aspecto, conducir al restablecimiento del orden”, indicó Cadavid al cierre de la denuncia.
Al final, lo que pidió el abogad es que los hechos que expuso sean investigados, en la medida en que los mismos pueden tipificar el presunto delito de obstrucción a las vías públicas que afectan el orden público.