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En desarrollo del primer encuentro que sostuvieron este domingo el Gobierno Nacional y el Comité del Paro –a la espera de llegar a acuerdos que permitan superar la crisis social–, se conoció un documento de 19 puntos en el que los voceros de la protesta exigen garantías para las manifestaciones previo al proceso de negociación formal.
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El documento se divide en dos grandes capítulos, relacionados con garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación. El Gobierno ya contestó y dijo que el documento será sometido a estudio y que se evaluará una a una las peticiones, analizando cuáles le corresponden al Ejecutivo y qué otras son de resorte de otras ramas del poder público.
El primer capítulo del documento habla de “medidas inmediatas” que deberán adoptarse para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes. Son en total cinco puntos que abarcan, entre otras, retirar al Ejército y al Esmad de la Policía para custodiar las protestas, así como medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres.
*Inicialmente, se le pide al Gobierno que se abstenga de adoptar cualquier medida, como el estado de conmoción interior, que impida el ejercicio al derecho a la protesta. En esa línea, abogan por retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas, así como ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control de las protestas. Adicionalmente, reclaman medidas para detener los ataques de civiles armados contra los manifestantes y que la Policía no efectúe “detenciones indiscriminadas y masivas” y que, en su lugar, respeten, protejan y garanticen la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como de los periodistas y los medios de comunicación.
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*En segundo lugar, piden que el Presidente de la República, como jefe de Estado y comandante de las Fuerzas Armadas, condene de manera explícita y contundente los abusos y se comprometa a que no serán tolerados y serán investigados y sancionados. Por otro lado, señalan que se debe reconocer que existe responsabilidad de la Fuerza Pública en la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, reunión y manifestación pública.
Por ello, piden que el ministro de Defensa, Diego Molano, presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza cometida por el Esmad y la Fuerza Pública en el marco de las protestas. “Como consecuencia deberán ser retirados del servicio los mandos comprometidos en estos abusos”, explicaron.
*El Comité del Paro reclama además que se deberá ordenar a todas las autoridades que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”, con que el Gobierno y la Fuerza Pública se refieren a los manifestantes. “El presidente debe condenar los discursos de odio y declaraciones estigmatizantes que han promovido funcionarios y figuras públicas sobre los y las manifestantes y las protestas sociales, y de manera particular las realizadas contra la minga indígena, la población afrodescendiente y los sectores populares”, pidieron.
*El cuarto punto está relacionado con la adopción de medidas para detener la violencia sexual ejercida por la Fuerza Pública contra las mujeres en el marco de las protestas, empezando por la prohibición expresa de la violencia sexual como mecanismo de control de orden público. A ello se suma una ruta que prevenga cualquier tipo de detención o privación de la libertad de las mujeres.
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“Las mujeres deberían ser trasladadas a lugares que estén protegidas por autoridades civiles mujeres. Se deberá informar cualquier detención de manera inmediata a la delegada de mujer y genero de la Defensoría y de las secretarias de la Mujer para que procedan al acompañamiento y representación de sus derechos. También se debe informar a la oficina de ONU DDHH para que pueda ejercer vigilancia y establecer un mecanismo de seguimiento en que participen la institucionalidad de género”, precisaron.
*El quinto punto señala que el Gobierno deberá establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación. Se deberá además garantizar el restablecimiento pleno de la salud de quienes han sufrido heridas.
Por otro lado, el segundo capítulo del texto comprende mecanismos de verificación de las medidas para garantizar el libre ejercicio de la protesta social y para detener la violencia contra los manifestantes, con el acompañamiento y asistencia técnica de Naciones Unidas.
*El primer punto busca que el Gobierno acepte de inmediato el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para realizar una visita de trabajo en Colombia para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas. Asimismo, que acepte el pedido de visita de relatores especiales de Naciones Unidas para garantizar el derecho de protesta, libertad de expresión, violencia contra las mujeres, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, defensores de derechos humanos y tortura.
*Adicionalmente, se pide implementar, en los diferentes niveles territoriales, el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”.
*También que la Fiscalía cree una unidad especial de alto nivel, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia cometidos por la Fuerza Pública en contra manifestantes en las movilizaciones. Para el Comité, esos delitos deben ser competencia de la justicia ordinaria, conforme a la jurisprudencia constitucional. Se deberán presentar públicamente los avances de investigaciones.
*Por otro lado, señalan que la Procuraduría deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la Fuerza Pública. Por su parte, la Defensoría del Pueblo deberá verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones al debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas. A esto se suma un mecanismo que permita el acopio de la información sobre los hechos violatorios de los derechos humanos y la publicación de informes diarios.
*Por último, se advierte que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas deberá activar un dispositivo de rendición de cuentas sobre los mecanismos de búsqueda que se han activado, el número e identidad de las personas encontradas con vida y las investigaciones que se han abierto por las agresiones.
El tercer capítulo del documento aboga por medidas para acordar ajustes normativos e institucionales permanentes que garanticen el libre ejercicio de la protesta, con el acompañamiento y la asistencia técnica de Naciones Unidas.
*En ese sentido, se pide “acatar sin reparos” todas las órdenes de la sentencia de tutela decida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020 (que da cuenta de excesos de la Fuerza Pública) y en tal sentido responder el incidente de desacato presentado por las organizaciones accionantes.
*Establecer una comisión de trabajo para acordar las medidas de garantías de la protesta, retomando los lineamientos construidos en el proceso de consulta previa acordado en el Acuerdo de Paz.
*Establecer un proceso amplio de discusión sobre la reforma a la Policía Nacional, para que no se repitan los hechos de violencia y que congregue a la academia, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y expertos internacionales. Todo ello, para lograr una reforma de la doctrina y las prácticas de la Policía Nacional.
Finalmente, para lograr garantías para las mesas de negociación, inicialmente el Comité pide garantías que permitan detener la violencia estatal y paraestatal, para que “una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones”.
Según el Comité, el proceso de negociación será sobre el pliego de emergencia presentado el pasado 19 de junio de 2020 (que abarcan peticiones como una renta básica), y nuevas exigencias, como retirar la reforma a la salud o el proyecto de reforma del ICETEX. “El Gobierno deberá suspender el impulso de proyectos de ley o decretos relativos a los temas que se estén discutiendo en los procesos negociación, como la reforma a la justicia”, explicaron.
*En línea con lo anterior, abogaron por una mesa de negociación con los jóvenes y las diversas ciudadanías movilizadas que no están representadas en las organizaciones sociales. “Se debe por tanto acodar un diseño específico de una mesa de negociación que permita la participación directa de los voceros de estos procesos de movilización”, reclamaron.
*Para el Comité, el inicio del proceso de negociación no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por otros sectores sociales. No obstante, señalaron que seguirán acordando corredores humanitarios que permitan el paso de la misión médica, de insumos médicos y alimentos esenciales, combustibles, para mitigar los impactos del paro en la salud y la seguridad alimentaria de la población.
*El Comité señaló además que el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal con monseñor Héctor Fabio Henao; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, y la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero.
*Por último, el Comité del Paro manifestó que, en caso de llegar a un acuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta y para las mesas de negociación, este debe ser protocolizado con la presencia del presidente de la República en la mesa de negociación.