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El abogado Alirio Uribe Muñoz del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) interpuso un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la tutela que se conoció hace dos semanas en la que la Corte Suprema de Justicia encontró que la Fuerza Pública, en especial el Esmad, no era capaz de custodiar una protesta sin violar los derechos y las libertades de los ciudadanos. Pero, además, en la que se le ordena al Gobierno a pedir perdón y suspender uso del arma que provocó la muerte del joven Dilan Cruz en 2019.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia informó que no es competente para conocer el incidente de desacato por ser el juez de segunda instancia y lo remitió al Tribunal Superior de Bogotá (juez de primera instancia de esta tutela) que sí es a quien le corresponde revisar el posible desacato y vigilar si se está cumpliendo, o no, con lo que se ordenó.
El abogado Alirio Uribe Muñoz interpuso este incidente de desacato por considerar que el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo no pidió perdón, en nombre del Estado, por los abusos y excesos de la fuerza pública, específicamente del Esmad, en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2019, cuando se inició una ola de manifestaciones en el país conocidas como el Paro Nacional.
El jurista le pide al ministro que cumpla con lo ordenado o, de lo contrario, dé trámite al incidente de desacato. Desde que se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia empezó una cuenta regresiva para que el Gobierno cumpliera con lo que allí se mandaba. Para el alto tribunal era necesario que el Estado reconociera sus errores en el manejo de la protesta social y pidiera perdón público a los colombianos por los excesos de la fuerza pública durante las protestas.
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Pero, lejos liderar un acto de perdón y solidaridad con las víctimas, la reacción del gobierno fue en contrasentido y el ministro optó por justificar a la institución argumentando que los abusos fueron hechos individuales. “La Fuerza Pública, en particular el Esmad, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la ley, los reglamentos y protocolos”, señaló el jefe de la cartera de Defensa el pasado 23 de septiembre.
Trujillo insistió en su defensa de la Fuerza Pública en un momento en que el actuar de la Policía está en tela de juicio, sobre todo a raíz del asesinato del abogado Javier Ordóñez el pasado 9 de septiembre, en medio de un procedimiento policial. Ordóñez fue detenido en la calle por estar bebiendo y lo que vino de ahí en adelante fueron descargas múltiples de un taser para someterlo, su traslado a un CAI y, finalmente, una muerte que Medicina Legal ya calificó como violenta - homicida.
“La fuerza pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen”, dijo en ese momento el ministro Trujillo. Y agregó que Colombia es uno de los 105 países del mundo que cuenta con escuadrones antidisturbios “que continuamente actualizan y mejoran sus protocolos de actuación”.
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Pero el asunto no quedó allí. Al día siguiente (24 de septiembre), el funcionario nuevamente se presentó ante la opinión pública para “reiterar que el 11 de septiembre de 2020 (antes de que se conociera el fallo del alto tribunal) el ministro de Defensa —en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido,— señaló que la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.
En efecto, el 11 de septiembre Holmes Trujillo pidió perdón, luego de que el país viviera una convulsionada jornada de protestas tras la muerte de Javier Ordoñez a manos de uniformados de la Policía Nacional, en hechos ocurridos en Bogotá el 9 de septiembre. Para muchos quedó la duda de si rememorar una declaración anterior de perdón era lo mismo que acatar la sentencia. Pero para el abogado Alirio Uribe, es claro que el ministro no ha cumplido la orden de la Corte Suprema de Justicia.
Fiscal y vicefiscal no suscribirán protocolos de protesta social
El pasado 24 de septiembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una medida cautelar a través de la cual se ordenó la elaboración de los protocolos para las protestas sociales, esto, en medio de la revisión de una tutela sobre este temas. La idea es que el gobierno distrital y nacional se siente a buscar estrategias para garantizar el buen desarrollo de las manifestaciones. A esta mesa de diálogo está convocada la Fiscalía General de la Nación.
En ese sentido, el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal, Martha Mancera, le remitieron al despacho una carta a través de la cual, por un lado, manifiestan acatar la medida cautelar y por ello acudieron a la instalación de la mesa de trabajo; pero, por otro, se negaron a suscribir los protocolos y a participar en la elaboración de los mismos por no ser de su competencia.
En la comunicación, los altos funcionarios señalaron que el deber de la entidad es investigar los hechos delictivos una vez ocurre y, en ese sentido, “no comprende la competencia para tomar parte en la formulación de protocolos dirigidos a solucionar ‘el antagonismo violento entre las fuerzas militares y la población civil’. Lo anterior, entre otras razones porque tales protocolos son insumos de política pública que escapan al resorte de nuestra institución”.
Agregan en la misiva que, además, tales hechos todavía se encuentran en investigaciones penales. “La Fiscalía ha cumplido con su obligación constitucional de adelantar la acción penal y efectuar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, ocurridos en el marco de la protesta social. En ese contexto ha adelantado acciones dirigidas a esclarecer tanto los sucesos de vandalismo y la presunta infiltración de la protesta por grupos armados organizados, como los posibles excesos en contra de la población civil por parte de la fuerza pública”, anotaron.
Finalmente, Barbosa y Mancera precisaron que asistirán a la mesa de trabajo siempre que su presencia resulte necesaria y que tal negativa de suscribir los protocolos no afectará la colaboración o información que desde la Fiscalía puedan aportar a la mesa o al proceso de tutela que avanza en ese despacho.