Uno de los momentos más recordados de la presidencia de Juan Manuel Santos fue cuando, en diciembre de 2015, anunció el descubrimiento del galeón San José. Entonces, el expresidente oficializó uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia hispanoamericana, de la cual se siguen escribiendo libros y creando documentales. Aunque Santos no mencionó al contratista que comandó el descubrimiento, señaló que eran “científicos internacionales de la mejor talla”. Con el tiempo, se supo que fue la compañía suiza, de accionistas ingleses, Maritime Archaelogy Consultants (MAC).
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Un inversionista extranjero que, 10 años después, reclama que Colombia nunca le pagó por sus servicios y que les incumplió la promesa de ser contratados para el rescate del contenido del galeón. La demanda está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un tribunal al que empresas de todo el mundo acuden para reclamar por la desprotección de sus multimillonarias inversiones. En el caso de MAC, a pesar de que textualmente mencionan que los daños están por estimarse, la empresa considera que Colombia podría ser condenada a pagar hasta US$50 millones de dólares.
Esto equivale a más de $215 mil millones, una cifra que, en contexto, podría construir más de 100 escuelas rurales completas, según estimados del Ministerio de Educación que apuntan a que una construcción de este tipo, aulas, baterías sanitarias y mobiliario básico, cuesta aproximadamente $2 mil millones. El Espectador tuvo acceso a los detalles de la demanda, que fue registrada en el Ciadi el pasado 13 de enero, la cual se suma a otro proceso encabezado por el cazatesoros Sea Search Armada, que asegura haber descubierto el galeón en 1982 y tener acceso al 50% de su contenido y, por eso, reclaman $40 billones.
Para sustentar su demanda, MAC explicó que ni Sea Search Armada ni el Estado colombiano fueron capaces de encontrar el galeón, sino que fueron ellos, en 2015, que lo lograron. Según la empresa demandante, nunca ha recibido ni un peso por su inversión en la búsqueda y localización de la embarcación, por el despliegue de sus equipos ni por sus trabajos de exploración tras el descubrimiento. Además, explicó, tampoco recibió compensación por haber confeccionado un proyecto, que en su momento contaba con la bendición del gobierno Santos, para extraer el contenido y crear un museo que rentabilizara para ambas partes.
MAC señala que, según la Ley 1675 de 2013, sobre las condiciones para proteger, visibilizar y recuperar el patrimonio cultural sumergido, Colombia ofrece remuneración a los contratistas que hallen e intervengan en casos como el del San José. Además, que mediante la resolución 1456 de 2015, Colombia le permitió a MAC explorar sus aguas, agregando que, en dado caso de que hubiese descubrimiento, se desarrollaría un contrato de asociación público-privada (APP) para rescatar el contenido. La remuneración sería del 20% del valor total de los bienes.
Quienes conocen en profundidad el posible contenido total del galeón han advertido que podría tratarse de una fortuna, teniendo en cuenta que el San José contiene oro, plata, cañones, esmeraldas y hasta una vajilla china. Además, la resolución establece que, en caso de que MAC no resultara contratado para la APP, de todas maneras, recibiría un “valor” aceptado por el Ministerio de Cultura. MAC reclama haber empleado un equipo de científicos internacionales, compuesto por arqueólogos, historiadores, navegantes y oceanógrafos, así como la utilización de un vehículo submarino autónomo.
Adicionalmente, dicen que la empresa fue requerida por Colombia para una segunda exploración, lo que significó un costo extra. Luego, en septiembre de 2016, MAC presentó su propuesta para la extracción del contenido, bajo el modelo de la APP que exige la ley nacional. Ello, agregan, les costó meses y capacidades científicas demostrables en más de 1.200 páginas. Tenían listo todo: los vehículos que se iban a utilizar, las técnicas de extracción, los mecanismos de preservación en el laboratorio y, desde luego, los planes para el museo. Aseguran que la propuesta les costó US$ 8,5 millones de dólares.
El demandante explicó que, para febrero de 2018, el gobierno Santos les notificó que el proyecto era “viable” y que estaban dispuestos a no recibir una sola moneda del galeón, si la compensación iba a ser económica. La negociación iba tan encaminada, dicen, que Colombia estaba a punto de pagarles un porcentaje por el valor de los bienes que no constituyeran patrimonio cultural, y que les iban a entregar la taquilla del museo y otros ingresos operativos comerciales. En caso de que no se ganaran la APP, aseguran que el gobierno les dijo que les reconocería el costo de los estudios, por $18.000 millones.
Todo cambió con el presidente Iván Duque, cuya administración se opuso a entregar pagos que involucraran el contenido del galeón. Para cerrarles definitivamente las puertas, en enero de 2020, el Ministerio de Cultura emitió una resolución con la que declaró cada centímetro del galeón como bien de interés nacional y los tesoros como patrimonio cultural, por lo que no podrán ser utilizados como moneda de cambio. MAC quiere llamar la atención del tribunal del Ciadi en este punto, pues solo cuando el contrato de APP estaba a punto de firmarse y a pesar de que Colombia sabía del galeón hace décadas, el Ministerio de Cultura tomó esa determinación.
La cartera explicó en la resolución que el contenido del galeón San José “en su totalidad es un bien de interés cultural del ámbito nacional y debe asegurarse, para las generaciones futuras, la conservación de su unidad”. El tiempo pasó y en marzo de 2022, el Ministerio de Cultura emitió una resolución declarando nulo el proceso de selección, bajo el modelo APP, explicando que era imposible remunerar a cualquier privado que se ofreciera a rescatar el galeón, por cuanto no se puede pagar en especie con los elementos de la embarcación. Todo lo contrario a lo que, al parecer, había prometido el gobierno Santos.
Con esa última estocada, MAC consideró que todas las acciones de Colombia, en la última década, representaron un trato injusto e inequitativo según las reglas del tratado de comercio con Suiza. MAC es insistente en que siempre ha estado dispuesta a recibir compensaciones económicas. Ahora es el turno del gobierno de Gustavo Petro de hacer su jugada en este ajedrez de la justicia internacional, tras las presuntas promesas de Santos y la rotunda negativa de Duque.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
