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El recrudecimiento de la violencia en contra la población civil en el Bajo Cauca cobró esta semana la vida de siete personas en zona rural del municipio de Tarazá, Antioquia. En diciembre, en la subregión también fue hallado un cuerpo degollado en la rivera del río Nechí, jurisdicción del municipio de El Bagre, el cual para los habitantes de los municipios aledaños, como Tarazá, representó un claro y macabro mensaje del escalamiento de la violencia entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y los Caparros, dos grupos de origen paramilitar que se disputan el control del los cultivos de coca y la minería ilegal.
La delicada situación que vive Tarazá, sin embargo, no es noticia nueva para el gobierno de Iván Duque, el Ejército y la Policía. Desde 2018 la Defensoría del Pueblo viene denunciando el escenario de guerra en el que conviven sus pobladores, quienes en reiteradas ocasiones han pedido ayuda a las autoridades. También, en una alerta temprana de abril de 2019 el organismo en cabeza de Carlos Alfonso Negret volvió a prender las alarmas de todo el Estado colombiano sobre este caso.
La situación actual
Desde febrero de 2019, se difundió un rumor entre la población civil sobre el interés de las Agc de recuperar los territorios perdidos desde 2018, en el marco de sus disputas con los Caparros en el Bajo Cauca. La Defensoría señaló en abril de 2019 que durante el mes de marzo de ese año, los gaitanistas movilizaron hombres armados desde el Chocó y el Urabá, con el fin de reforzar a los frentes Rubén Darío Ávila y Julio César Vargas de su grupo criminal, liderado por alias Otoniel. Este último frente opera en la zona sur de Tarazá, específicamente en los corregimientos de Barro Blanco y El Doce.
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"Esta información se soporta en que han sucedido ataques perpetrados por el Frente Rubén Darío Ávila de las Agc en territorios bajo control de los Caparros, expandiéndose desde zona rural de San José de Uré (Córdoba) hacia las veredas que comprenden el corregimiento de La Caucana, bajo control ilegal de dicho grupo criminal. Sin embargo, el refuerzo de la capacidad ofensiva de las Agc no parece limitarse al control de algunas veredas; sus propósitos se expandirían hacia el centro poblado del corregimiento de La Caucana, razón por la cual estarían en alta situación de riesgo aproximadamente 4.000 personas", señaló la Defensoría en abril 2019.
Fue precisamente en El Doce donde el pasado 10 de diciembre se presentó otra masacre en la que tres personas fueron asesinadas y, posteriormente, 150 personas se vieron en la obligación de abandonar sus casas. Además, en junio de 2019, en la vereda El Cinco, zona rural de Tarazá, asesinaron a otras tres personas, entre ellas, dos conductores de camiones de carga. El mismo mes que la Defensoría emitió la alerta temprana, abril de ese año, los habitantes del municipio también denunciaron intimidaciones por parte de grupos armados. En ese momento, un número indeterminado de familias, se desplazó de manera forzada a Medellín, después del atentado en el que perdió la vida la líder social Oleiva Mazo Tuberquia.
En la alerta temprana de abril de 2019 también se contempla la posibilidad de una toma armada del centro poblado del corregimiento de La Caucana, a partir de una incursión violenta del Frente Rubén Darío Ávila de las Agc, "con graves consecuencias para la población civil, es una hipótesis que no se puede descartar, de la mano con la posible ocurrencia de graves afectaciones a la población y sus bienes como consecuencia de acciones bélicas. Si bien existe una subestación de Policía con al menos dos decenas de unidades, la capacidad armada que posiblemente estén acumulando las Agc sería significativamente superior en número de efectivos tanto sobre la fuerza pública".
Asimismo, en ese momento el organismo alertó sobre la presencia de hombres armados pertenecientes a las Agc en las veredas de Villavicencio, La Esmeralda y Aguas Lindas, adyacentes al corregimiento de La Caucana. Durante días posteriores, se presentaron hostigamientos y enfrentamientos con armas largas entre estos grupos ilegales, aunque sin consecuencias directas sobre la población civil. Sin embargo, se reportó el repliegue aparente de Los Caparrapos hacía el centro poblado de La Caucana, situación que incrementaría en sumo grado la vulnerabilidad de la población civil ante una posible toma armada.
"No obstante, conviene resaltar que estos hechos no son aislados y se debe considerar que la confrontación entre Agc y Caparros ha venido provocando homicidios y desplazamientos forzados desde 2018. A título de ejemplo se puede señalar que, durante la primera semana de septiembre de 2018, al menos 520 personas de las veredas Vista Hermosa, La Primavera, La Esperanza, El Triunfo, Aguas Lindas y la Envidia, declararon desplazamiento forzado, teniendo como lugar de recepción el centro poblado de La Caucana", reportó la Defensoría.
La entidad gubernamental señaló que la mayoría de las veredas adyacentes a La Caucana se encuentran densamente sembradas por cultivos ilícitos de coca. Allí, son varias familias que se encuentran vinculadas al Programa Nacional de Sustitución voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS), la mayoría de las cuales se vieron también afectadas por el contexto de recientes desplazamientos forzados. Durante 2018, fueron asesinados cinco cinco miembros de las juntas de acción comunal, promotores de este programa en el territorio.
Desde hace aproximadamente 20 años, el control hegemónico de la ilegalidad en el territorio del corregimiento de La Caucana ha sido ejercido por estructuras que, a pesar de sus diversas denominaciones, han reflejado similitudes y profundas continuidades en su direccionamiento y repertorios de violencia sobre la población civil. Primero quien hizo presencia fue el Bloque Mineros de las Autodefensas; posteriormente, el control fue ejercido por un grupo armado ilegal posdesmovilización de las Auc denominado Los Paisas y, más adelante, por el Frente José Felipe Reyes del Bloque Sur de Córdoba y Bajo Cauca de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc).