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A $2.000 millones habría ascendido la defraudación al Ejército Nacional mediante la falsificación de conceptos y fichas técnicas para obtener pensiones e indemnizaciones con incapacidades físicas o mentales.
Por estos hechos, 11 militares retirados, un sargento activo del Ejército y una civil, fueron capturados en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caldas y Putumayo.
Según las investigaciones, en el año 2013 un mayor retirado del Ejército habría constituido una empresa, denominada V. C. T Asesorías Jurídicas Militares, para adelantar trámites de pensión e indemnización a miembros de las fuerzas armadas.
La Fiscalía asegura que esta empresa falsificaba conceptos de médicos para presentarlos a las juntas médicas laborales con el fin de obtener millonarias sumas de dinero para los demandantes, quienes salían pensionados en la mayoría por supuestos casos de invalidez.
Las irregularidades, según la investigación, se conocieron luego de una auditoría interna realizada por el Comando General, en la que se determinó que la red habría tramitado alrededor de 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados falsos.
La investigación, apoyada por las Fuerzas Militares, también dice que, en algunos casos, los presuntos delincuentes suplantaban la identidad de los solicitantes y llevaban a evaluación de las juntas médicas a personas con similares características de las personas que tramitaban el retiro forzoso.
Las capturas y allanamientos, según el ente investigador, fueron legalizados por un Juzgados de Garantías de Medellín y en estos momentos se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados.