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En un documento de 25 páginas, la Defensoría del Pueblo recogió información clave en materia de derechos humanos para que el nuevo gobierno, en cabeza de Abelardo de la Espriella, identifique y asuma las principales problemáticas que afectan a los territorios del país. En el informe “Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir”, la entidad alerta sobre las brechas, los riesgos y las violencias que golpean a la población.
Durante el proceso electoral ya se había presentado un primer informe con las decisiones y los temas urgentes en la materia, por lo que este nuevo documento complementa la radiografía con el inicio de un nuevo periodo presidencial y la renovación del Congreso. En ese contexto, la Defensoría le ofrece a De la Espriella elementos para formular, implementar y evaluar políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones de Estado.
En ese contexto, la Defensoría destacó cinco puntos clave para poner en conversación los ejes sobre los derechos humanos. El primero tiene que ver con la desigualdad estructural y la exclusión persistente. Para la entidad, la reducción de las desigualdades continúa siendo uno de los principales desafíos. Si bien en el país hay mejoras en las condiciones de vida, no es un factor que beneficie de igual manera a toda la población.
Por ejemplo, los datos resaltan que las brechas territoriales en materia de seguridad alimentario persisten. Entre 2022 y 2025, la prevalencia de inseguridad alimentaria en las cabeceras municipales pasó de 26,8 % a 18,1 %, mientras en los centros poblados y zonas rurales dispersas pasó de 32,5 % a 31,4 %.
La salud es otro de los puntos clave de este primer eje. La cobertura sigue siendo poco efectiva. Solo durante 2025 se registraron 2.048.427 reclamos y 312.573 tutelas relacionadas con este derecho. Ahora, en lo que respecta a la educación básica y media, aunque la deserción disminuyó frente a los niveles de 2022, la cobertura neta pasó de 92,35 % en 2019 a 88,21 % en 2024.
Las mujeres también se ven afectadas de manera particular. El año pasado, en el país se registraron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres y el 78,9 % correspondió a mujeres menores de 18 años. También se advierte sobre los riesgos diferenciados que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas por discriminación y prejuicio. La Fiscalía General de la Nación reportó 68 casos de transfeminicidios entre 2024 y lo corrido de 2026.
La crisis carcelaria también resalta en este tema. La sobrepoblación alcanza 25,1 % en los establecimientos de reclusión y 101 % en los centros de detención transitoria. Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes continúan siendo población vulnerable. En 2025 se registraron 1.080 presuntos suicidios de personas de 5 a 28 años: 326 correspondieron a niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años, y 754 a jóvenes entre 18 y 28 años.
“Estas cifras refuerzan la necesidad de incorporar la salud mental como una prioridad de las políticas públicas para esta población”, resaltó la Defensoría para concluir el primer eje.
Un segundo eje que abordó la Defensoría fue la violencia armada, paz, seguridad y garantías democráticas. La entidad alertó por el conflicto armado y la criminalidad que persiste en los territorios. Hasta el momento permanecen vigentes 120 Alertas Tempranas territoriales, que comprenden 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos.
En ese contexto, la entidad denunció otra vez las nuevas modalidades de violencia. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados (drones), que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. A eso se le suma la persistencia de las masacres: entre 2019 y el 18 de julio de 2026 se registraron 651 masacres, con 2.380 víctimas.
El desplazamiento forzado también tuvo un indicador importante dentro del informe, pues sigue siendo una de las principales afectaciones sobre las comunidades. Entre 2017 y lo corrido de 2026 se registraron 1.002 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 394.839 personas. En promedio, el 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos.
En cuanto a reclutamiento, se reportaron 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026. Sin embargo, la Defensoría señaló el subregistro en este fenómeno debido al temor y dificultades para denunciar los hechos. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, 71 niñas, niños y adolescentes fallecieron en operativos militares. En materia de construcción de paz, la Defensoría alertó por el asesinato de 521 firmantes de paz entre 2017 y 2026.
Un tercer eje en el informe de la Defensoría tiene que ver con la degradación ambiental, cambio climático y derechos de la naturaleza. En esta temática, la entidad señaló que entre 2024 y 2025, la deforestación aumentó de 113.608 a 119.483 hectáreas, un incremento de 5,2 %, y la Amazonía colombiana concentró el 65 % de la deforestación nacional durante 2025. Asimismo, la Defensoría del Pueblo ha emitido 34 Alertas Tempranas en las que identificó la minería ilegal como una economía de riesgo para las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos.
El cuarto punto que integra el documento es la reforma rural integral. Para la Defensoría, las brechas en el campo y la ciudad reflejan las dificultades para acceder a la tierra. La concentración de la propiedad sigue siendo alta: el índice de Gini de la propiedad rural en Colombia es de 0,89, uno de los más altos a nivel internacional, y el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural.
Sobre la restitución de tierras y la sustitución de cultivos, la Defensoría encontró que entre 2022 y junio de 2026 se ordenó restituir 455.275 hectáreas, de las cuales 60.604 han sido entregadas. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) están inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas, pero solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos para proyectos productivos de ciclo largo.
El quinto y último eje tiene que ver con pluralismo democrático y libertad de expresión. En este contexto, la Defensoría alertó por los graves riesgos para quienes defienden los derechos humanos. Entre 2016 y junio de 2026 fueron asesinadas 1.743 personas lideresas y defensoras de derechos. Asimismo, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 711 agresiones contra periodistas, entre ellas 275 amenazas. A su vez, entre 2020 y 2026 se registraron 12 homicidios de periodistas, dos de ellos durante 2026.
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