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La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el subintendente de la Policía Nacional, Yimy Rodríguez Bolívar, adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco (Boyacá). El uniformado fue hallado hallarlo responsable de una “conducta indebida de naturaleza sexual” contra una menor de 15 años.
De acuerdo con el fallo del ente de control, el uniformado, quien se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana, realizó tocamientos de caracter sexual a la menor cuando esta se encontraba en actividades de servicio social dentro de las instalaciones policiales.
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El organismo de control calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, y dejó en firme la sanción impuesta en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 1 del Departamento de Policía de Boyacá.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, la Procuraduría descartó la existencia de irregularidades y negó los argumentos relacionados con una supuesta falta de pruebas y vulneración del debido proceso. El Ministerio Público sostuvo que la actuación disciplinaria se adelantó conforme a la ley y las pruebas reunidas en la investigación.
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Por actos de violencia sexual, la Procuraduría también impuso una sanción disciplinaria al cabo primero del Ejército Nacional, David Esteban Mallama Cadena. El oficial fue separado de las Fuerzas Militares e inhabilitado por 10 años, tras hallarlo responsable de conductas de acoso sexual y acto sexual violento contra varios soldados bajo su mando.
Los hechos se habrían registrado en el municipio de Calamar (Guaviare) entre agosto y noviembre de 2024, periodo durante el cual el uniformado habría aprovechado su condición de superior jerárquico “para realizar comportamientos físicos y verbales de connotación sexual no consentidas” no consentidos por el personal bajo su cargo.
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De acuerdo con el expediente disciplinario, Mallama Cadena también fue declarado responsable de acto sexual violento, al establecerse que realizó tocamientos de carácter sexual a un soldado profesional. Las conductas fueron calificadas por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Guaviare como faltas gravísimas a título de dolo. Contra la decisión, la defensa del sancionado interpuso recurso de apelación.
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