Tras ser encontrado responsable por un caso de abuso sexual contra una auxiliar de la Policía, el patrullero Deivis Maggiver Gaitán Campúzano fue destituido e inhabilitado por 18 años por orden de la Procuraduría General de la Nación.
Según el fallo de primera instancia, los hechos habrían ocurrido en la tarde del 2 de marzo de 2024, en las instalaciones de la estación de Policía de Marquetalia (Caldas), donde Gaitán Campúzano “habría accedido carnalmente a una de sus compañeras, auxiliar de la institución”. El caso fue sustentado con testimonios, declaraciones, audios y mensajes de texto recopilados durante la investigación disciplinaria.
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El ente de control insistió en que la actuación de Gaitán Campúzano causó agravios al honor, la dignidad y la integridad física y psicológica de la víctima, por lo que la conducta fue calificada como una falta disciplinaria gravísima a título de dolo.
Para la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 4, encargada del fallo, el patrullero “despojó por completo a su conducta de la ética exigible a un funcionario policial, desnaturalizando los fines de la institución y defraudando la confianza depositada en él por el Estado y la sociedad”.
En un caso paralelo que también incluye violencia sexual, la Procuraduría también impuso una sanción disciplinaria de 10 años contra el subintendente de la Policía Yimy Rodríguez Bolívar. El oficial, adscrito a la Estación de Policía de Arcabuco, (Boyacá), fue hallado responsable de una conducta indebida de naturaleza sexual contra una menor de 15 años.
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De acuerdo con el fallo del ente de control, el uniformado, quien se desempeñaba como gestor de Participación Ciudadana, realizó tocamientos de carácter sexual contra la menor mientras esta se encontraba en actividades de servicio social dentro de las instalaciones policiales.
La conducta fue calificada como una falta gravísima cometida a título de dolo, con lo cual quedó en firme la sanción impuesta en primera instancia por la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento 1 del Departamento de Policía de Boyacá.
Al resolver el recurso de apelación presentado por la defensa del subintendente, la Procuraduría descartó la existencia de irregularidades en el proceso y rechazó los argumentos relacionados con una supuesta falta de pruebas y una presunta vulneración del debido proceso.
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