Durante 16 años, la justicia volteó su cara para revisar con rigor el caso de Francisco Javier Bohórquez Franco. A sus 29 años, y cuando su abusador sexual quiso perpetuar el horror que había vivido durante décadas, pero ahora en su hijo, el sobreviviente de una cadena de abusos y violencias denunció a su victimario. Lo hizo en septiembre de 2013 y solo hasta hace una semana la Corte Suprema de Justicia reconoció por fin que su caso, por un lado, es uno plagado de errores estructurales en la valoración de las pruebas. Y, por el otro, que es la evidencia de un caso de pederastia en la Iglesia católica que involucra a dos sacerdotes que abusaron de un menor de edad en al menos tres ciudades del país desde 1997.
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El caso llegó al alto tribunal, tras una demanda de casación presentada en 2024, luego de que en las decisiones de primera y segunda instancia absolvieran a los hermanos Jaime Alonso y Carlos Fernando Vásquez Bustamante. Primero un juzgado de Bogotá que en 2020 concluyó que no había pruebas suficientes ni evidencia clara de violencia física. Luego, un año después, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión, bajo argumentos similares. Para entonces, los acusados habían continuado con sus vidas sin restricciones. Incluso, Jaime Alonso Vásquez, ya había sido representante a la Cámara por el Partido de La U entre 2010 y 2014.
Sin embargo, cuando el caso aterrizó en la Corte, el proceso entró en una fase crucial. El alto tribunal encontró que las conclusiones para absolver a ambos curas partieron de una lectura incompleta del expediente y de una exigencia probatoria que no correspondía a la naturaleza de los hechos denunciados. En su reconstrucción, el alto tribunal estableció que los abusos comenzaron en 1997, cuando Francisco Javier Bohórquez Franco tenía 13 años y era acólito en una parroquia de San José del Guaviare (Guaviare), justamente donde daban misa los hermanos Vásquez Bustamante. Los escabrosos relatos del superviviente fueron analizados uno a uno por la Sala de Casación Penal de la Corte, que enderezó el proceso.
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Para la época en que comenzaron los abusos, Bohórquez Franco recordó que en una ocasión Jaime Alonso Vásquez lo encerró en una habitación, en donde lo asfixió para después abusar sexualmente de él. Además, lo obligó a guardar silencio, bajo la amenazada de que si hablaba, su madre y su hermana serían sus próximas víctimas. El abuso se fue agravando con el paso del tiempo. Para 1998, cuando Carlos Vásquez Bustamante se ordenó como sacerdote, llegó a la misma parroquia y empezó a abusar del menor. Los abusos, explicó Bohórquez Franco, se volvieron semanales, siempre bajo presión que luego se convirtió también en violencia económica, bajo la amenaza de no seguir apoyando a su familia.
Según los detalles del expediente a los que tuvo acceso El Espectador, para 2005, los dos sacerdotes ya tenían un control absoluto sobre la vida del joven, pues incluso era obligado a trasladarse a las parroquias donde eran enviados sus agresores. Francisco Javier Bohórquez Franco le contó a la justicia que fue abusado sexualmente por los hermanos Vásquez Bustamante en Medellín, Villavicencio y Bogotá. Según su relato, el último episodio ocurrió en 2013 en la capital, cuando Jaime Alonso Vásquez, ya congresista, cruzó una raya inquebrantable: le propuso vincular a su hijo de 12 años a los servicios religiosos que prestaban, justamente en los trabajos que él realizaba cuando fue abusado por primera vez.
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Ya con 29 años, Francisco Javier Bohórquez Franco denunció ante la Fiscalía a los sacerdotes, como medida para evitar que su hijo pudiera que sufrir lo mismo que él. En ese momento, el sacerdote y político dijo que lo relatado por Bohórquez era “una calumnia total” y que había un “interés económico”. En ese momento no negó las relaciones sexuales que tuvieron, pero sí negó que fuera abuso. “Era una amistad y de encuentros que él mismo quería que se realizaran y que insistía en que lo atendiera”, dijo Jaime Alonso Vásquez. Sin embargo, la Corte Suprema encontró todo lo contrario. El alto tribunal determinó que las instancias que absolvieron a los hermanos cometieron graves errores.
Por ejemplo, se exigieran señales físicas de violencia años después de los hechos y que se interpretara la ausencia de resistencia como consentimiento. Ese enfoque, advirtió la Corte, desconoce estándares internacionales sobre violencia sexual y las dinámicas de sometimiento que enfrentan las víctimas. También señaló fallas en los peritajes, pues nunca incluyeron una evaluación directa del denunciante. En conjunto, estos errores llevaron a conclusiones que favorecieron indebidamente a los acusados y dejaron sin respuesta una denuncia sostenida durante años. Con ese análisis, la Corte tumbó las decisiones de primera y segunda instancia y los condenó por el delito de acceso carnal violento agravado.
Así, Jaime Alonso Vásquez Bustamante tendrá que pagar 21 años de prisión, mientras que su su hermano Carlos Fernando más de 20, sin posibilidad de beneficios, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena. La decisión cierra un proceso judicial largo y deja una advertencia sobre los riesgos de aplicar criterios restrictivos en casos de violencia sexual. También fija una línea sobre cómo deben valorarse estos hechos: considerando el contexto, las relaciones de poder y el impacto prolongado en las víctimas. Los dos condenados ya fueron capturados, en un caso que terminó resolviéndose décadas después de que comenzaron los abusos.
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