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24 Nov 2022 - 9:35 p. m.

Detalles del proyecto de Ley que busca destrabar la restitución de tierras

Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución, y el representante David Alejandro Toro, presentaron su proyecto de Ley para reformar los procesos de restitución de tierras, que podrán ser más ágiles en casos donde no hay opositores en los predios solicitados.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.

La Unidad de Restitución de Tierras, en compañía del representante a la Cámara, David Alejandro Toro, radicó su primera reforma para intentar agilizar la restitución de predios despojados durante el conflicto. Se trata de una reforma a la Ley de Víctimas, de 2011, que permitiría a la Unidad tener las funciones de un juez y decidir por su cuenta en procesos donde las víctimas solicitantes no tienen opositores en los terrenos que desean recobrar.

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Desde 2011, los ciudadanos despojados de sus tierras tienen derecho a presentar una solicitud de restitución, en la cual son asesorados por la Unidad. Independientemente de que el predio esté ocupado o abandonado, el caso llega a ser conocido por un juez especializado en restitución, al cual las partes le aportan pruebas suficientes para decidir. Con el nuevo proyecto de Ley, si el lugar no está ocupado, la misma Unidad puede, a través de una resolución, otorgar el bien al solicitante, si encuentra méritos para declararlo víctima del conflicto.

“Con la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), se había proyectado restituir a 300.00 víctimas de despojo forzado, teniendo en cuenta que, en su momento, la vigencia de la citada Ley sería hasta el año 2021. Sin embargo, a la fecha, de ese universo de 300.000 víctimas, solo 11.839 han accedido a la restitución, o en su defecto, a la compensación; es decir, solamente el 3.94% de las víctimas que pretendían ser restituidas”, se lee en la motivación del representante Toro

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Agregó que, si las cosas siguen como están, de aquí a diez años como máximo se lograría reparar hasta un 10% del universo de 300.000 víctimas que deben repararse. Por tanto, es necesario abordar la problemática desde la “eficacia normativa” y actuar bajo los principios de “celeridad, economía procesal, eficacia y eficiencia”. Las nuevas resoluciones serán emitidas por la Dirección Jurídica de la Unidad de Restitución y podrán ser evaluadas si alguna de las partes interpone un recurso de reposición.

“En esos procesos que no vale la pena llevarlos ante un juez porque no hay que dirimir diferencias, nos hemos articulado con el representante Alejandro Toro en la presentación del proyecto de ley para modificar la Ley de Víctimas y que esos procesos sin oposición los saquemos por vía administrativa y los entreguemos a las víctimas. Allí nos darán algunas facultades jurisdiccionales”, le dijo a este diario el director Yule.

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Según Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras y antigua cabeza de Forjando Futuros, que hace seguimiento a la Ley de Víctimas, el 70% de las sentencias de restitución no tuvieron un opositor judicial. Por lo tanto, esta modificación a la Ley de Víctimas otorgaría esa carga a la misma Unidad de Restitución, que durante los últimos años solo hace las veces de asesor, y los casos adversariales en los jueces especializados de Restitución.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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