
“¿Por qué el caso de mi hijo está archivado si él tiene dolientes?”. Esa es la pregunta que durante cerca de 20 años le hizo Blanca Lilia Molina a la justicia ordinaria. Ella es la mamá de Johnn Charli Ortiz Molina, secuestrado, asesinado y desaparecido por integrantes del Comando Conjunto Central de las antiguas Farc en julio de 2003. Tenía 22 años, había prestado el servicio militar y hombres del frente 21 de ese desmovilizado grupo arremetieron contra él, solo por llevar en su cuello, como un recuerdo de su paso por el Ejército, sus pequeñas medallas de identificación. Blanca Molina es una de las personas que engrosan la lista de más de 8,7 millones de víctimas que dejó la guerra entre el Estado, ese grupo ilegal y otras estructuras.
La misma guerra a la que hace diez años sus protagonistas le pusieron fin con la firma del Acuerdo de Paz. Una negociación histórica, pues por primera vez el país buscó crear la institucionalidad necesaria para garantizar no solo que la paz fuera estable y duradera (a pesar de las arremetidas ejercidas durante los últimos años por otros grupos ilegales) sino también darles las garantías necesarias a las víctimas para obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Dos de las entidades creadas para garantizar esto son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La vida de Blanca Molina ha estado atravesada por el trabajo de ambas.
Lea también: JEP identifica a diez generales como responsables de falsos positivos entre 2005 y 2008
John Charli Ortiz Molina nació el 15 de octubre de 1980 en Ibagué (Tolima). Su madre, Blanca Molina, recordó al menor de sus dos hijos en diálogo con El Espectador como un joven juicioso, aplicado y cariñoso. “Él era muy noble. Me veía enferma y se preocupaba. Así no tuviéramos un peso para comprar medicinas, él me las conseguía. Eso lo hacía de niño y de adulto”, recordó la mujer. En 1998, cuando terminó el bachillerato, el joven se fue a prestar el servicio militar en el Ejército. Estuvo dos años en el Batallón de Infantería Jaime Rooke, de Ibagué. Al terminar esa primera etapa, siguió la carrera militar como soldado profesional. Estuvo dos años más en el Batallón de Contraguerrilla Número 35.
En 2002 se retiró de la institución. Una decisión que para Blanca Molina aún no tiene explicación clara. Regresó a Ibagué, donde vivía su familia, y empezó a trabajar en oficios varios. Hacía labores agrícolas en fincas, recolectaba café, era ayudante de albañilería, fue mecánico y lavó carros. En un momento intentó regresar al Ejército, pero la respuesta que le dieron en el batallón de Ibagué, según recordó su mamá, fue contundente: “No lo aceptarían porque era más perdonable abandonar a la madre que abandonar la patria”. Con la certeza de que no podría volver a la carrera militar, John Charli Ortiz Molina siguió en los trabajos que consiguiera en Ibagué o en otros municipios cercanos a los que se iba por día y hasta semanas.

El 3 de julio de 2003, el joven de 22 años salió de su casa. Ese día no regresó y su madre pensó que se había ido a trabajar a algún sitio, pero que seguro se comunicaría. Nunca volvió a saber de él. Empezó a buscarlo por toda la región. Imprimió una foto de él y empezó a caminar por las calles de Ibagué y por otros municipios junto a su esposo, José Rommel Ortiz, y a su otro hijo, Rommel Alexander Ortiz, pegando la imagen en cuanta pared se encontraba. Hasta que en 2004 integrantes de las Farc los amenazaron. “La guerrilla supo que yo estaba buscando a mi hijo, vinieron y me dijeron que era mejor que dejara de buscarlo o que me fuera”. Al drama de la desaparición forzada se le sumó el desplazamiento.
La familia se tuvo que mover por distintos lugares. Incluso estuvieron una temporada en Bogotá, donde vivían pagando arriendo diario en una habitación de hotel. Luego regresaron a Ibagué y el poco dinero que Blanca Molina ganaba como vendedora ambulante de toallas, bayetillas, medias y chicles lo gastaba en imprimir copias de los documentos que ella misma fue recopilando sobre el caso de su hijo y viajando a la capital para acercarse, sin ningún tipo de acompañamiento o asesoría, a cualquier entidad en la que intuía que le podían ayudar. En 2011, haciendo trámites en la Registraduría de Ibagué, le dijeron que la cédula de su hijo había sido cancelada por muerte. Con esa noticia como una piedra en la garganta, salió corriendo hacia Medicina Legal.
Le puede interesar: Fiscalía imputó a “Primo Gay”, pero aún falta revisar el caso del periodista Mateo Pérez
Fue en esa entidad donde la tragedia se convirtió en certeza. Le presentaron las fotografías de las tres únicas personas muertas y no identificadas en 2003 en Ibagué. La tercera imagen era la de John Charli Ortiz Molina, su hijo. Aunque lo esperaba, ahora lo único que le quedaba era esclarecer su crimen y encontrar su cuerpo. Fue innumerables veces a la Fiscalía, pero, según le contó la mujer a este diario, el caso siempre estuvo archivado y no se movió ni un milímetro. Fue solo hasta agosto de 2021, cuando la JEP la acreditó como víctima, que el expediente empezó a andar. Blanca Molina recordó que viajó a Bogotá para entregar los documentos que durante años reunió y que quien se los recibió personalmente fue la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll.
La magistrada, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, ha liderado durante ocho años las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos por la antigua guerrilla de las Farc. Y fue en esa instancia de justicia transicional, creada con el Acuerdo de Paz de 2016 que ajusta diez años, que Blanca Molina y su familia conocieron la verdad de lo que sucedió. La investigación reveló que John Charli Ortiz Molina fue secuestrado por integrantes de la antigua guerrilla de las Farc, torturado y asesinado por una sola razón: llevar las medallas que tuvo en el Ejército, un indicio de ser colaborador de la fuerza pública. Le dispararon en tres oportunidades: dos en la cabeza y una en el hombro derecho. Su cuerpo fue abandonado.

Con ayuda de la UBPD, otra institución creada a partir del Acuerdo entre el Estado y las Farc, Blanca Molina logró encontrar los restos de su hijo en febrero de 2004. A John Charli Ortiz Molina lo sepultaron como persona no identificada en el Cementerio San Bonifacio de Ibagué. En el proceso de búsqueda también participaron Medicina Legal y la Fiscalía. Tras la plena identificación, recibió lo que le quedaba de su hijo el 11 de julio de 2024. Ese reencuentro, para ella, es motivo de gratitud hacia la justicia transicional. “Yo le agradezco a la JEP y a la magistrada Julieta Lemaitre porque siempre nos trataron con amor y con humildad. Nunca con desprecio”, expresó. Pero, además, hizo una promesa: ayudar a buscar a los desaparecidos.
A partir de ese momento, Blanca Molina decidió trabajar con la UBPD en Tolima y trabajó con las madres que, como ella, buscan a sus hijos y familiares desaparecidos en el marco del conflicto. Sin embargo, en diciembre de 2025, la mujer renunció porque, a pesar de que Colombia firmó la paz hace una década, la violencia se sigue campeando y el asesinato de una buscadora en Huila puso en alerta a su familia. Aún así, sigue ayudando. “Si veo a una persona que está buscando a sus desaparecidos, la apoyo, la informo o la guio”, expresó. La UBPD, según sus propias cifras, ha encontrado en estos 10 años a 645 personas con vida, ha recuperado 6.002 cuerpos y ha realizado 892 entregas dignas de personas que estaban desaparecidas.
La JEP ha hecho lo propio. Según cifras al 17 de noviembre de este año, la justicia transicional ha emitido 541 imputaciones de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en contra de 406 máximos responsables. Del total, 226 imputaciones han sido contra 113 exintegrantes de la antigua guerrilla de las Farc. Además, en medio del momento difícil que pasa por el recorte de COP 170.000 millones a su presupuesto y los cuestionamientos a su trabajo, el Tribunal para la Paz ha emitido seis sentencias. Pero aún faltan muchas personas por sancionar y hay unos 137.000 desaparecidos, cuyas familias siguen con la esperanza puesta en que se cumpla lo que el Acuerdo de 2016 contempla: darles a las víctimas la verdad y la paz que les pertenece.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.