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El caso de Ángel Alberto Duque —un hombre enfermo de VIH al que, por su orientación sexual, Colfondos y varios jueces le negaron la pensión de sobreviviente que le dejó su compañero permanente durante 15 años— tiene a Colombia ad portas de una nueva condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a ese tribunal con una oportunidad de oro para sentar jurisprudencia sobre las violaciones contra la comunidad LGBTI en todo el continente americano.
El traslado de este proceso de la Comisión Interamericana a la Corte fue dado a conocer esta semana. Es la primera vez que Colombia se enfrenta a un proceso en el Sistema Interamericano por discriminación contra un ciudadano homosexual. La misma Comisión reconoció que llevó el caso a la Corte porque el Estado colombiano no cumplió con las recomendaciones de esa entidad para evitar que el proceso llegara a mayores.
En su informe de fondo, la Comisión sostuvo que Duque fue discriminado por motivos de orientación sexual en virtud de la legislación que le impidió acceder a la pensión de su compañero permanente fallecido y que los procesos judiciales “perpetuaron con sus decisiones los prejuicios y estigmatización de parejas del mismo sexo, al reafirmar una percepción estereotipada del concepto de familia vinculada exclusivamente con la conservación de la especie y la procreación de los hijos”. Algo incompatible con la Convención Americana.
Y agregó que no importa —como lo ha esgrimido Colombia— que desde que se interpuso la demanda (2002) la Corte Constitucional hubiera proferido importantes fallos en pro de los derechos de la comunidad LGBTI. “La Comisión reitera que dichos avances jurisprudenciales recién comenzaron a partir de 2007 y resultan muy posteriores a los hechos del caso. En consecuencia, si bien la Comisión reconoce que algunos aspectos del caso pueden evolucionar con el tiempo, su análisis debe centrarse en la situación de la presunta víctima y la alegada afectación de sus derechos que presenta en su caso”.
Puntualmente, sostuvo la Comisión, a Duque se le negó su derecho a la pensión de sobreviviente en dos ocasiones e incluso la Corte Constitucional rechazó estudiar la tutela que él interpuso hace 12 años. En un informe presentado ante la CIDH —y conocido por El Espectador—, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se mostró de acuerdo con los demandantes y con la misma Comisión.
En el documento señaló que “no es admisible que una opción o preferencia puramente privada como la que manifiesta Ángel Alberto Duque, fruto de una decisión consensuada entre adultos, sea utilizada para justificar restricciones en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. La orientación sexual ha quedado incluida dentro de los motivos de discriminación indebida y opuesta al DD.HH., a menos que se acredite que el trato diferenciado hacia las parejas del mismo sexo opera conforme a criterios razonables y objetivos y persigue la consecución de un propósito legítimo a la luz de los tratados internacionales suscritos por Colombia”.
El traslado del caso a la Corte se produce en momentos en que la Corte Constitucional se apresta a estudiar una ponencia del magistrado Jorge Pretelt en la que pide anular los matrimonios homosexuales celebrados desde el 20 de junio de 2013. Una propuesta que ha sido vista por la comunidad LGBTI como un retroceso en materia de derechos. A lo que se suma el reciente fallo del Consejo de Estado que negó la petición de Alba Lucía Reyes —la madre de Sergio Urrego— para que se reconociera la discriminación que sufrió el joven homosexual y que, finalmente, desencadenó su suicidio.
El abogado de Duque, Germán Rincón Perfetti, le dijo a este diario: “Será la primera vez que el Sistema Interamericano se pronunciará en relación con parejas del mismo sexo y pensión, teniendo un impacto a nivel de todos los países miembros. Este caso obliga al Estado colombiano a dar garantías plenas y de ciudadanía de primera categoría a parejas del mismo sexo. Y es un llamado de atención contundente: si el Congreso o la Corte no son firmes a la hora de proteger a la comunidad LGBTI, nos obligan a acudir a cortes internacionales”.
Para la Comisión, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de pronunciarse “sobre el análisis que corresponde al momento de determinar la permisibilidad de exclusiones de los núcleos familiares o parejas del mismo sexo en el acceso a tales derechos, como la seguridad social y la salud. Asimismo, el caso permitirá un desarrollo jurisprudencial que podría contribuir favorablemente al desarrollo legislativo de los Estados en esta materia”. Por lo que no sería descabellado pensar que la Corte pueda tocar temas tan espinosos y todavía no resueltos como el matrimonio y la adopción por parejas gais.
jjimenez@elespectador.com