El 5 de julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró responsable al Estado colombiano por la desaparición de 19 comerciantes en un caserío de Puerto Araújo (Santander). Los cuerpos de los comerciantes, todos hombres, fueron detenidos, torturados y desmembrados por paramilitares e integrantes del Ejército y lanzados a las aguas del caño El Ermitaño, que desemboca en el río Magdalena. Han pasado 20 años desde una sentencia que, cuentan las familias, no se ha cumplido a cabalidad. Wilmar Rodríguez, hermano de Gerson Rodríguez, uno de los 19 comerciantes desaparecidos ese día, denuncia que aún enfrenta amenazas asociadas al caso de los comerciantes. Y junto al resto de familias, sostiene que el Estado ha puesto barreras para que se garanticen todas las medidas de reparación.
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Wilmar Rodríguez recuerda que su hermano tenía 23 años cuando lo contrataron por primera vez para manejar un camión de Cúcuta (Norte de Santander) a Medellín (Antioquia), ruta que cubrió hasta el crimen. Desde el 7 de octubre de 1987, fecha en la que desapareció su hermano junto a los 18 comerciantes, dice, ha enfrentado las persecuciones de supuestos agentes estatales. En la actualidad, Wilmar Rodríguez y su familia tienen medidas de protección provisionales de la Policía en Ocaña, sin embargo, la institución decidió quitarles el esquema de seguridad entre las 10:00 p.m y las 5:00 a.m, ya que no evidenciaba riesgo. Sin embargo, la realidad es otra. A través de llamadas anónimas les han informado que están planeando atentar contra sus vidas.
Todas estas situaciones han hecho que Wilmar Rodríguez se apodere de una lucha exhaustiva para encontrar justicia y hallar a los responsables del crimen de su hermano. Sin embargo, recuerda que antes no era así. Otro de sus hermanos, Jhon Carlos Rodríguez, también lideró esa búsqueda de justicia y por esa razón, el 26 de junio de 2009, lo asesinaron con varios disparos por la espalda.
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El asesinato de Jhon Carlos Rodríguez, no ha tenido ninguna condena después de 16 años. Pero la frustración para la familia Rodríguez no es solo esa. A pesar de que hay un fallo internacional en el caso de los 19 comerciantes, los familiares consideran que el Estado colombiano ha dilatado y no ha cumplido gran parte de las medidas de reparación. Parte de la sentencia, indica que las 19 familias deben tener gratuidad en salud, pero, a la fecha, ninguno de ellos ha podido acceder a ese derecho.
Otro caso similar es el de Briseida Pineda, hermana de Rubén Emilio Pineda Bedoya, quien tenía 33 años, cuando fue desaparecido. “El Estado pensó que solo queríamos dinero por nuestros hermanos, pero no es así, queremos que el resto de medidas sean una realidad”, comenta Briseida Pineda a este diario. Ella afirma que siguen cotizando la totalidad de salud, que se supone no deberían realizar por la sentencia que los cobija.
El tribunal internacional, cuando responsabilizó al Estado colombiano, dijo que una manera de mitigar el daño producido por la desaparición, era desde medidas de recuperación de la salud y el apoyo psicológico. Ante esto, Briselda Pineda y el resto de familias no han logrado concretar nada con los gobiernos anteriores ni el actual. En las mesas nacionales y regionales, el gobierno de Gustavo Petro les ha manifestado, según dice, que la “salud es un impuesto y no puede brindarnos gratuidad, ya que vulnera los derechos a la igualdad”, afirma la mujer.
Esto obligó a que la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en representación a las familias, enviara en 2023 una misiva a la Corte IDH para que se manifestara por el no cumplimiento de la sentencia, puesto que “esto viola los derechos a la reparación, verdad y no repetición de las familias de las víctimas”, afirma Sofía Bautista, abogada de la CCJ.
Las familias comentan que pese a que el Estado brindó un contrato de $16 mil millones a la Corporación Infancia y Desarrollo para brindar ayuda psicosocial y garantizar una de las medidas de reparación, la entidad no les ha brindado una atención óptima. Por ejemplo, en la pandemia por el Covid 19, no les brindaron atención y sus inconformidades no fueron escuchadas. Ante esto, las familias de las víctimas, comentan que la medida que ordena la reparación integral y atención psicosocial, sigue siendo vulnerada.
Suney Jauregui, hermana del desaparecido comerciante Luis Hernando Jauregui, asegura que se han hecho derechos de petición para poder reunirse con Guillermo Jaramillo, actual ministro de Salud, pero no ha sido posible concretar una cita con él. Al problema del acceso a la salud gratuita de las familias, se suman las barreras para encontrar a los responsables del crimen.
Fanny Corzo, hermana del comerciante Reinaldo Corzo, relata que desde el 2018, la Fiscalía no se ha reunido con ellos para mostrar avances en la judicialización de los autores del crimen. Es consciente de que, por el tiempo, posiblemente ya muchos no estén con vida, pero ella ve con esperanzas el día en que encuentre justicia.
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Cuando los paramilitares, aliados con miembros de la Fuerza Pública, llegaron a su territorio, señalaron de guerrilleros a Álvaro Lobo Pacheco, Gerson Rodríguez, Israel Pundor, Ángel Barrera, Antonio Flórez, Carlos Riatiga, Víctor Ayala, Alirio Chaparro, Húber Pérez, Álvaro Camargo, Rubén Pineda, Gilberto Ortiz, Reinaldo Corso, Luis Hernando Jáuregui, Juan Bautista, Alberto Gómez, Luis Sauza, Juan Montero y Ferney Fernández. Eso, para los criminales, fue el motivo por el que merecían morir.
Sus familias no compran esa hipótesis. Ellos eran comerciantes, que merecen ser despedidos con dignidad, dicen las familias. Pese a que en la actualidad la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene priorizado el Magdalena Medio para hacer intervenciones en posibles sitios de inhumación de las personas desaparecidas en el conflicto armado, los cuerpos de los 19 comerciantes aún no han sido encontrados. Todos esos incumplimientos del Estado y las persecuciones a las que han sido expuestos, dicen las familias, nunca serán excusa para dejar de luchar y reivindicar el nombre de sus familiares.
Hoy, 20 años después de una sentencia en la Corte IDH, que reveló la alianza de paramilitares y Ejército, las familias siguen en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Muchos anhelan encontrar a sus seres queridos para hacer ese duelo que la violencia les impidió vivir.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Dayana Herrera Valbuena
