Alrededor de las nueve de la mañana de este 9 de octubre, artefactos explosivos fueron lanzados cerca de la estación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca). De acuerdo con las autoridades, dos adultos y dos menores de edad resultaron heridos en los hechos y fueron trasladados al Hospital Piloto de Jamundí.
El brigadier general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, señaló que la estación fue atacada “con explosivos improvisados, cilindros tipo rampa”. Además de los civiles heridos, el oficial reportó “daños en las viviendas que se encuentran alrededor de las instalaciones policiales”.
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Según el uniformado Bello, tras el lanzamiento de “estos artefactos explosivos hicimos la activación del plan defensa. Los policías no sufrieron ninguna lesión. Estamos haciendo todas las actividades investigativas” para esclarecer el hecho.
La Alcaldía de Jamundí informó que se “activó el plan de respuesta con la participación de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud, para brindar acompañamiento psicosocial a la comunidad y apoyo a las familias afectadas. Asimismo, organismos de socorro, la Fuerza Pública y el personal médico se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia”.
Aunque las autoridades no han atribuido el ataque a ningún grupo armado, en la zona de Jamundí opera la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco”. En su alerta temprana de febrero de 2025, la Defensoría del Pueblo denunció que esta estructura del Estado Mayor Central (EMC) actualmente tiene “un dominio y control absoluto del territorio de media y alta montaña de Jamundí y sus habitantes, extendiéndose al corregimiento de Timba-Valle, en la zona plana y colindante con el corregimiento de Timba-Cauca”.
La entidad señaló que, tras los anuncios de la Fuerza Pública de recobrar el control de esta zona históricamente controlada por la guerrilla, el frente Jaime Martínez, “conforme al monitoreo realizado por la Defensoría, ha realizado acciones como presuntas presiones bajo amenaza a la población civil para informar, mediante diversos medios, si ven movimiento de tropas o personas extrañas”.
De acuerdo con la Defensoría, esta situación podría configurarse como una instrumentalización de la población civil, ya que la expone a un alto nivel de riesgo al quedar en medio de las dinámicas del conflicto armado. El organismo advierte que, de presentarse una incursión de la Fuerza Pública sin previo aviso al grupo armado que ejerce control en la zona, podrían desencadenarse represalias violentas contra la comunidad.
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Además, el informe señala un endurecimiento de los mecanismos de control social, evidenciado en la instalación frecuente de retenes irregulares sobre las vías terciarias. En esos puntos, los pobladores son obligados a mostrar el carné de las juntas de acción comunal (JAC) que los acredita como residentes del sector.
Quienes no portan el documento son retenidos e investigados, e incluso —según denuncias— obligados a pagar multas o realizar trabajos forzados por varios días. Las medidas afectan también a mujeres y adolescentes, y en los casos en que las víctimas no pueden pagar, la retención se prolonga.
El municipio de Jamundí hace parte de un corredor selvático estratégico que conecta los municipios de Buenos Aires y Suárez (Cauca) con Buenaventura (Valle del Cauca), una ruta clave para el tráfico de drogas de los grupos armados.
El organismo denunció en su alerta temprana que la escasa presencia estatal y las altas condiciones de vulnerabilidad social agravan la situación: el acceso a salud, educación y vías carreteables es limitado, lo que encarece el transporte de la producción agrícola lícita y profundiza la precariedad económica de quienes intentan mantenerse al margen de los cultivos ilícitos.
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