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5 Aug 2022 - 11:16 p. m.

Dos piezas claves en el esquema de corrupción de Mario Castaño fueron imputadas

La Fiscalía imputó a dos presuntos integrantes de una red de corrupción señalada de haber viciado la contratación de varias entidades del Estado.
Los funcionarios se habrían apropiado de miles de millones de pesos en contratos públicos.
Los funcionarios se habrían apropiado de miles de millones de pesos en contratos públicos.
Foto: Óscar Pérez

Dos presuntos miembros de una red de corrupción, que sería por un senador, fueron imputados por la Fiscalía. Estos funcionarios, de los departamentos de Quindío y Caldas, se habrían apropiado de la contratación pública de varias entidades del Estado. Se trata del gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial “Proyecta Quindío”, Pablo César Herrera Correa, y el representante legal de la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cafetero, James Peña Garzón. Aunque la Fiscalía no reveló el nombre del congresista, este diario pudo establecer que se trata de Mario Castaño, del Partido Liberal quien, pese a haber ganado una curul en las elecciones de marzo de 2022, no pudo posesionarse el pasado 20 de julio por estar preso dentro de este expediente.

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Estos hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías por presuntamente estar involucrados en varias maniobras irregulares de contratación. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que Herrera Correa suscribió dos contratos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), en agosto y noviembre de 2021, por valor de $22.173 millones y $49.460 millones, respectivamente. Las pesquisas sostienen que este hombre celebró 10 contratos con empresas que habría señalado el congresista de hacer parte de su red de corrupción.

Estos convenios se realizaron para la construcción de carreteras y las adecuaciones de las vías terciarias en cerca de 20 municipios en los departamentos de Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. En estos contratos, el congresista mencionado habría recibido entre el 10 y el 15% del valor total de cada contrato.

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En el caso de Peña Correa, las investigaciones de la Fiscalía afirman que este acudió a dos ministerios para conseguir los recursos para la ejecución de varios proyectos turísticos y culturales. Este funcionario se habría apropiado de $1.228 millones de estos recursos y le habría entregado $300 millones a la intermediaria de este congresista que habría gestionado el desembolso de estos recursos.

Después de este presunto desfalco, el funcionario le habría entregado $20 millones en efectivo a esta misma intermediaria para que gestionara recursos para programas turísticos en una población de Caldas. Peña Correa, presuntamente, pactó que el 20% de los dineros que le fueran asignados al municipio serían redireccionados a sus cuentas.

El exsenador Mario Castaño, quien es investigado formalmente por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, lideraba una red de varios servidores públicos y particulares dedicados a corromper varios procesos de contratación estatal. Castaño está preso desde el 8 de junio de 2022, día en el que fue capturado por el CTI de la Fiscalía. Esta red habría impactado a los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima. Dentro de este entramado, la imputación de estos funcionarios no es la primera que se adelanta. Este año, la Fiscalía ha hecho alrededor de diez capturas en contra de miembros de esta red criminal.

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Los dos funcionarios fueron imputados por un fiscal especializado contra la corrupción. En el caso de Herrera, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. A Peña Garzón, el ente investigador le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación. Los dos funcionarios no aceptaron los cargos y ahora se encuentran recluidos en una prisión, después de que se dictara una medida de aseguramiento.

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