Las evidencias de que la red de Mario Castaño habría infiltrado a la Fiscalía

El senador Mario Castaño habría estado enterado con antelación de que la Fiscalía iba a capturar a personas de su círculo de confianza. Así, cuando en los primeros días de marzo el ente investigador capturó a su pareja, Daniela Ospina, y a otras nueve personas por el entramado de corrupción estatal que ha sido llamado el caso de Las Marionetas, ya habrían estado avisados. Varios incidentes, hasta ahora desconocidos, reposan en los archivos de la Corte Suprema y de la misma Fiscalía. Todos apuntan a que esta red, que se habría apropiado de $43.000 millones de contratos públicos y que presuntamente repartía puestos en entidades de todo el país, tenía infiltrado el búnker de la Fiscalía.

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La evidencia se desprende de las 360 páginas de la decisión con la que la Corte Suprema ordenó que Castaño esté recluido en una cárcel mientras avanza la investigación en su contra. Para el alto tribunal, hay altas probabilidades de que reincida y porque podría destruir pruebas u obstruir la investigación. Según la Corte, varios miembros de la red de corrupción tuvieron un “conocimiento por adelantado del actuar de la Fiscalía”. Y esto, para la Sala de Instrucción, “parece deberse a que han infiltrado esta institución, lo que implica un grave riesgo para las investigaciones”, se lee en el auto, con ponencia del magistrado Misael Rodríguez, con el que la Corte envió a Castaño a prisión.

El documento completo, conocido por El Espectador, relata, por ejemplo, un incidente que involucra al “hombre del maletín” de la organización criminal: el odontólogo Juan Carlos Martínez, pieza clave del entramado criminal, quien vivía en la casa del senador y se presentaba como su asesor. Según interceptaciones telefónicas, el 3 de marzo de 2022, el día en que la Fiscalía logró la orden de captura en contra de Martínez, este llamó a su esposa y le dio instrucciones: que desconectara “ese DVD donde están esas cámaras y bote eso”, que sacara una agenda y una libreta de allí, y que restableciera su celular. Cuatro meses después, Martínez continúa prófugo.

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La Fiscalía le pisaba los talones a esta red de corrupción desde meses antes de las capturas anunciadas en marzo. Y otro de los indicios de que habría vasos comunicantes entre el búnker y el senador liberal Mario Castaño, y el más diciente, quedó consignado en un informe del 7 de enero de 2022 por los investigadores encargados de hacerle seguimientos a Juan Carlos Martínez. “Esta persona presuntamente se reunió el 28 de agosto de 2021 con ‘los fiscales’ en un establecimiento ubicado en la autopista Norte con 106, en la ciudad de Bogotá”, dice la decisión de la Sala de Instrucción, reseñando el documento.

Cuando las autoridades allanaron la casa del odontólogo, encontraron evidencia documental que lleva a la Corte a concluir que “tenía presente la investigación contra su jefe”. Por ejemplo, en el operativo hallaron un documento escrito a mano en donde aparecía la cédula de Castaño y la anotación “Corte Suprema Sala de Instrucciones”. Además, encontraron una segunda nota a mano donde se consignaba la cédula de Martínez y, a renglón seguido: “Fiscalía Contra la Corrupción. Coordinadora. Contador Luis Fernando”. Es decir, una mención a la unidad del ente investigador que llevaba el proceso de Las Marionetas, que en ese momento era desconocido públicamente.

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El expediente también apunta a que el senador Mario Castaño pudo tener detalles de la investigación hasta tres meses antes de que se emitiera la primera orden de captura. Según interceptaciones telefónicas que cita la Corte Suprema, en diciembre de 2021, Jeiler Sánchez, uno de los 10 imputados por el entramado de corrupción, llamó a un hombre y le dijo que no volviera a hablar de Mario (Castaño) por teléfono, pues había una orden de captura contra él, Daniela Ospina, Harvis Rentería y Juan Carlos Martínez. En otra conversación que cita el expediente, Jeiler Sánchez le cuenta a una mujer que se enteró de que se venían capturas, “porque Mario le avisó”.

Las Marionetas, al parecer, sabían que estaban siendo investigados y habrían manipulado pruebas. La Corte lo dijo sin rodeos: “Existen evidencias de que los subalternos en la organización criminal han tratado de entorpecer las investigaciones que adelantan en su contra y que han obtenido información reservada que incluso ha permitido que uno de los miembros de mayor rango en el entramado criminal, Martínez Rodríguez, haya podido hasta el momento evadirse de la justicia”. Esto, sumado a que Mario Castaño fue reelegido en el Senado y desde esa posición, señala la Corte, podría reincidir en estas conductas, fueron argumentos suficientes para enviarlo a la cárcel.

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En la indagatoria que rindió en la Corte, Castaño se declaró inocente. Entre otras cosas, afirmó que las personas de su círculo se han unido con un fin político, no delictivo; que las gestiones que adelantó para conseguir recursos para proyectos en las regiones están amparados por la ley y que lo hizo “sin esperar ningún tipo de retribución económica, pues su objeto era satisfacer los intereses de la ciudadanía e incrementar su caudal electoral”, según reseña la Corte Suprema en su intervención. El alto tribunal, sin embargo, lo considera la cabeza de una organización criminal cuyos tentáculos van más allá de lo conocido hasta ahora, en los más altos estamentos del Estado.