Faltaba poco para que naciera su primogénito, cuando Nohemí Ester Pacheco Zabatá y su esposo Hermes Enrique Carrillo Arias fueron sacados a la fuerza de su vivienda, en la vereda El Pontón de Valledupar (Cesar), por hombres del Batallón No. 2 de Artillería La Popa. Los militares asesinaron a la pareja y luego la presentaron como guerrilleros muertos en combate el 9 de febrero de 2005.
Por la muerte de estos indígenas –ella wiwa y él kankuamo- la justicia penal condenó a penas de entre 31 y 34 años a los uniformados Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Ómar Eduardo Vaquiro Benítez y Deimer Cárdenas Martínez. Por su parte, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, en fallo del 5 de agosto de 2010, le ordenó al Batallón La Popa a pedir perdón a los familiares de las víctimas.
Esa unidad militar, en cumplimiento del fallo judicial, citó para mañana a las comunidades indígenas para hacerlo. No obstante, los wiwa y kankuamo están molestos por el lugar donde el Batallón pretende realizar el acto: sus instalaciones en Valledupar. Para los familiares de las víctimas es un insulto que se les pida perdón, precisamente, desde el lugar de donde salieron quienes cometieron los homicidios que los han enlutado por años.
Por ello a las 9 de la mañana, frente al Tribunal Superior del Cesar, presentarán una tutela con la cual esperan se revisen los pormenores del acto público, se encuentre un mejor lugar para la ceremonia y que, además, se les reconozca a los familiares de las víctimas el derecho a presidir la ceremonia como una forma de darle vía libre a la memoria y, por consiguiente, a la reparación.
En un comunicado, dado a conocer por el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, quienes representan a los familiares de las víctimas, se recalca que los asesinatos de Pacheco y Carrillo afectaron profundamente a las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras cosas, porque Pacheco, de 14 años, era hija de uno de sus líderes.
Los homicidios se presentaron apenas semanas antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenara medidas cautelares a favor de la población wiwa. Después de estos asesinatos se presentaron cuatro más.
La comunidad indígena reitera que quiere reparación pero es enfática en decir que si la ceremonia se realiza como el Ejército quiere, se “constituiría un nuevo acto de revictimización, que vulnera principios éticos y disposiciones legales”. La huella que dejaron Pacheco y Carrillo no cierra.