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2 Dec 2021 - 2:18 p. m.

El 53 % de afectados en casos de corrupción de salud y educación son jóvenes

Un nuevo informe sobre corrupción en Colombia, que recopiló cinco años de información, señala que en estos casos el 30 % de los afectados son estudiantes, 23 % niños, niñas y adolescentes y 19 % pacientes con alguna enfermedad.
El 23 % de los afectados representa a niños, niñas y adolescentes; el 19 % a pacientes que sufren algún tipo de enfermedad; y 11 % a la población vulnerable socioeconómicamente. Imagen de referencia.
El 23 % de los afectados representa a niños, niñas y adolescentes; el 19 % a pacientes que sufren algún tipo de enfermedad; y 11 % a la población vulnerable socioeconómicamente. Imagen de referencia.
Foto: iStock

Una de las más recientes encuestas realizadas por Invamer mostró que la corrupción es el principal problema que preocupa a los colombianos. Y un reciente informe de Transparencia por Colombia, que recopiló hechos entre el 2016 y 2020, muestra que ese fenómeno ha permeado prácticamente a toda la sociedad colombiana. El documento, que se titula “Así se mueve la corrupción: radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2020″, arrojó un total de 967 hechos concretos de corrupción, reportados en 2.026 notas de prensa escrita.

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Uno de los hallazgos de Transparencia por Colombia, que hizo el trabajo a través del Monitor Ciudadano de la Corrupción, es que de esos 967 hechos, 235 están relacionados con educación, salud y vivienda. Con esa cifra clara, el informe resalta unos porcentajes que encuentra problemáticos pues, de por medio, están poblaciones que deberían tener una especial protección por parte del Estado. Por ejemplo, de ese número de casos de corrupción que tocan temas de educación, salud y vivienda, el 30 % de los afectados han sido estudiantes.

Asimismo, el 23 % de los afectados representa a niños, niñas y adolescentes; el 19 % a pacientes que sufren algún tipo de enfermedad; y 11 % a la población vulnerable socioeconómicamente. “Ello da cuenta de cómo las medidas que buscan salvaguardar a los más vulnerables están siendo objeto de corrupción, acentuando las desigualdades ya existentes”, explica el informe. Para Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, “este informe refleja nuevamente el carácter sistemático y estructural de la corrupción”.

El sector defensa, el más afectado

Además de encontrar que el ámbito de la educación, salud y vivienda ha sido fuertemente afectado por la corrupción, Transparencia por Colombia señala en este nuevo informe que el sector más afectado es el de defensa. Según sus hallazgos, el 21 % de los hechos registrados en cinco años tienen que ver con este entorno, en donde se incluye al Ejército y a la Policía. Además, el documento explica que solamente los hechos de corrupción relacionados con este sector han dejado un total de 10 mil víctimas directas identificadas.

“Estos hechos se relacionan con graves afectaciones a la garantía de derechos humanos, en particular al derecho a la vida y la seguridad”, dice la investigación, en la que reseñaron varios casos, especialmente relacionados con uniformados que reciben dinero a cambio de favorecer a una persona que está cometiendo un delito. “Esto en el marco de un descontento generalizado por las instituciones de este sector, en especial por los cuestionamientos en torno a la protección de las personas y los constreñimientos a la libertad de expresión, críticas que han venido incrementándose en los últimos meses”, se lee en el informe.

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El efecto de la corrupción en la justicia

El segundo puesto para el sector más afectado durante estos cinco años, es para el judicial con un 11 % de los casos. En este apartado, Transparencia por Colombia nombró casos puntuales: el cartel de la toga, por ejemplo, en referencia al escándalo que involucró a abogados, magistrados y exmagistrados que, a cambio de dinero, dictaron decisiones para favorecer a los procesados. Y también hizo referencia al del exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, condenado por el delito de concusión por solicitar $500 millones para seleccionar una tutela a favor de una empresa.

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“Esta situación tiene un efecto nocivo en la confianza ciudadana hacia dichas instituciones. Además, preocupa en tanto que interfiere en la persecución y sanción de la corrupción a través de imposición de penas proporcionales y equitativas a quienes cometen estos actos”, señala el informe. “Como sociedad debemos hacer una revisión de fondo sobre la profunda afectación que genera la corrupción. Debemos ser capaces de elegir a quienes de manera genuina y seria puedan enfrentar este problema, no comprar discursos facilistas y exigir acciones efectivas. No debemos permitir que nos sigan robando nuestro presente y nuestro futuro”, concluyó Andrés Hernández.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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