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18 Aug 2021 - 2:00 a. m.

“La corrupción está enquistada en Colombia”: secretaria de Transparencia

A propósito de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, Beatriz Elena Londoño, secretaria de Transparencia del gobierno de Iván Duque, responde a los índices que rajan al país en la materia, explica lo que se está haciendo y pide más acciones de las “ías”.
Javier González Penagos

Javier González Penagos

Periodista Política
Según Londoño, desde el comienzo del Gobierno se han recibido 21.000 denuncias por corrupción.
Según Londoño, desde el comienzo del Gobierno se han recibido 21.000 denuncias por corrupción.
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Cada minuto Colombia pierde, en promedio, $95 millones por culpa de la corrupción. Según cálculos de la Contraloría, anualmente este cáncer le arrebata al país recursos por el orden de los $50 billones, dinero suficiente para construir tres metros de Bogotá (y sobraría plata) o casi el equivalente a dos reformas tributarias. Justo este miércoles se celebra el Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción, sin embargo, el panorama sigue siendo desalentador.

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Según la más reciente encuesta de Invamer, para el 93 % de los encuestados la corrupción está empeorando en Colombia, casi 13 puntos más que cuando arrancó el gobierno de Iván Duque en 2018, cuando ese indicador estaba en el 80,2 %. Por otro lado, Transparencia Internacional nos ubica en el puesto 92 entre 180 países en su Índice de Percepción de la Corrupción e incluso, entre los países que hacen parte de la OCDE, Colombia ocupa el penúltimo puesto entre 37 naciones, superando únicamente a México.

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Ante este panorama, la secretaria de Transparencia de la Presidencia, Beatriz Londoño, da sus explicaciones, precisa lo que está haciendo el Ejecutivo para enfrentar la problemática, alega que la “corrupción está enquistada” y asegura que se requieren más actuaciones y menos anuncios de los organismos de control, así como de los jueces, para acabarla de raíz.

No puedo dejar de preguntarle por la divulgación de los contratos de las vacunas contra el coronavirus. Al margen de la controversia por la confidencialidad, ¿qué opina de lo que pagó Colombia por ciertas dosis frente a lo que pagaron otros gobiernos?

Ya el presidente mencionó ese tema y expresó la preocupación que hay frente a las farmacéuticas. Las leyes de transparencia son muy claras: hay un principio general de publicidad de información, pero también hay unas excepciones muy especiales, una de ellas es la salud pública.

El ministro de Salud (Fernando Ruiz) es una persona totalmente técnica, muy capaz y estamos seguros de que hizo la negociación correspondiente en las mejores condiciones para Colombia. La prueba está en que hemos avanzado considerablemente en la materia y que nos han llegado vacunas.

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¿La deja más tranquila que ya se hayan divulgado esos contratos? Se lo digo por los cuestionamientos y rumores que hubo alrededor de las negociaciones...

Es que si se divulga información reservada también puede haber consecuencias. En temas jurídicos, la reserva es súper importante, tanto así que si se viola puede configurarse como delito.

Este miércoles se celebra el día contra la corrupción. Según Invamer, para el 93 % de encuestados el país está empeorando en la materia y ese pesimismo creció casi 13 % en este gobierno. ¿A qué atribuyen esta situación?

Desde el primer momento, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se incluyó un capítulo particular de legalidad y otro especial de transparencia y prevención de la corrupción. Eso no estaba antes. Dentro de ese PND, hay tareas claras para todas las entidades.

Hay que tener en cuenta que la corrupción no es un fenómeno que surge hoy, sino que viene de tiempo atrás, desafortunadamente. Por ello, el cambio en la percepción no se da de un día a otro. De lo que sí se tiene que estar convencida la ciudadanía es que estamos trabajando en una serie de aspectos que, desde todos los campos del Estado y la sociedad, están consolidando acciones que van a dar frutos contra la corrupción.

¿Qué aspectos específicamente?

Tenemos acciones con el sector privado y las cámaras de comercio a través de unos pactos buscando toda una corresponsabilidad, porque la corrupción no se da por una sola vía. Con las entidades hay mecanismos de apadrinamiento, de las más grandes a las más pequeñas. Además, tenemos una base de datos y programas que ayudan a medir la efectividad de las acciones que adoptan estas entidades en materia de denuncias, procesos de licitación, códigos de ética, entre otras. Después de eso, pasamos a la ciudadanía, para que tenga canales de denuncia, buscando que confíen en que van a ser útiles y los van a proteger, así como que tengan información para poder descartar o confirmar sus sospechas. Tenemos que cambiar la premisa de que denunciar no sirve para nada. Sí va a pasar.

También contamos con PACO (Portal Anticorrupción de Colombia), donde la gente puede documentarse y revisar toda la información de contratación y se puede consultar por departamento, municipio, contrato, objeto, cuantía o cédula. Allá se ve si el contratista fue sancionado por corrupción o si está condenado penalmente. Además, tenemos a RITA (Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción), que consagra en cada entidad del nivel nacional y territorial un oficial de transparencia que no ocupa un cargo más, sino que es un funcionario que ya conoce la entidad, es probo, de confianza y le habla a la cabeza de la entidad.

Él evalúa la información y si ve que hay suficiente mérito la remite a las autoridades (Fiscalía, Procuraduría y Contraloría). Además, nos sentamos con ese oficial, con el de control interno, el de planeación y el área que corresponda, y revisamos cuál fue el proceso o la debilidad que propició el problema de contratación. Se revisa y se toman decisiones para ajustarlo. Hay un ejemplo que siempre pongo: a mí se me meten los ladrones a la casa y me roban. Luego los capturan y los meten a la cárcel. Pero si yo no cierro la puerta por donde se me metieron se me van a entrar 10 más. Lo que se necesita es arreglar específicamente por dónde están entrando.

¿Y por qué, a pesar de tantos esfuerzos e iniciativas, la percepción siga siendo alta?

Porque la corrupción está enquistada en Colombia y hay estructuras enquistadas haciendo su tarea. Hoy en día son más visibles –afortunadamente–, los hechos de corrupción. La corrupción que viene hoy la están develando las autoridades, pero la situación en la que se está trabajando de fondo es para dejar las bases y generar resultados, pero nos falta.

Hubo un momento muy desafortunado en plena emergencia por el COVID-19, cuando algunas personas aprovecharon los kits de alimentación y las modalidades de contratación para cometer irregularidades, pero ahí se actuó rápidamente, porque había información pública (SECOP) y se podían ver todos los contratos. Pudieron actuar las “ías” uniendo esa información. No tuvieron que esperar a que se la construyeran. Y así muchos se arrepintieron, devolvieron la plata, reajustaron los contratos y otros tantos se fueron y están siendo investigados. Ahí se actuó, pero eso no se ve, lo que se ve es que hubo corrupción, que se llevaron los mercados o que vendieron los kits.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional también raja a Colombia y habla de un estancamiento en la calificación, pues desde el 2012 el país ha estado entre los 36 y los 39 puntos. ¿En qué se está fallando?

Nos falta mucho y esto es tarea de todos, pero subimos. Hubo un ascenso. Por supuesto quisiéramos más. Subir unos puntos es muy difícil, eso no se lo reconocen a cualquiera. Uno quisiera ver más desarrollo, pero en los gobiernos desde 2012 ese índice nunca había subido. Colombia se había mantenido e incluso, había bajado.

Obviamente se han presentado escándalos y eso contribuye a la percepción. El solo hecho de los que ocurrieron durante la emergencia sanitaria. Pero más bien habría que preguntarse qué fue lo que se hizo para que se movieran esos punticos hacia adelante.

Estamos promoviendo la publicación de contratos, que incluso ahora se tranzan en línea y no se tienen guardados en cajones. También el tema de los complaints (quejas) públicas con la red de oficiales de transparencia. Son cosas que no se ven, pero que son muestra de que se está haciendo la tarea en la causa para corregir, limpiar todo y enrutarnos en la línea. Pero eso debe ir con otras cosas, las “ías”, los organismos de investigación y control tienen que actuar rápido y no solamente hacer anuncios. Eso tiene que ir de la mano con los jueces.

Yo antes de llegar aquí, como cualquier colombiano, decía “pero cómo no se dan cuenta, qué está pasando”. Una de las tareas de nosotros es demostrar con hechos que sí estamos haciendo. Y ahí vamos. Tenemos una red de observatorios y nos medimos según el Índice Nacional Anticorrupción (INAC). Allí se identifican fallas, hacemos un plan de acción y comenzamos a corregir.

En el pasado año legislativo apenas tres de nueve proyectos anticorrupción prosperaron. En este esfuerzo conjunto, ¿cómo va el trabajo con el Congreso?

Yo vengo de ser técnica. Esta es mi primera experiencia legislativa, pero estamos trabajando en el proyecto 341, sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Uno de sus puntos es la acción de repetición, que hace mucho tiempo está y que se supone sirve para que el funcionario que comete un acto de corrupción tenga que indemnizar a la entidad por ello. Pero no ha funcionado y no ha pasado por tiempos. Mientras la entidad condena, saca el presupuesto, paga y demás, ya ha caducado.

Otro tema es la responsabilidad de personas jurídicas. Hablemos de Odebrecht, InterBolsa o el grupo Premium. A algunos responsables y administradores los procesaron, pero la empresa siguió. Acá sacan al representante legal y le echan la responsabilidad a él. Y la estructura que se creó y que está aprobada para eso sigue tranquila. La idea es que esas empresas sean responsables y reciban multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales, más el monto de lo que hayan recibido de ganancia por corrupción. Que les duela. Además, esa sanción será pública y estará en un registro que todo mundo conozca.

También está el tema del beneficiario final, porque lo que vemos es el mismo contratista manejando todo y poniendo la plata. Eso debería revisarse al momento de contratar, como lo hacen las entidades financieras. Cuando uno abre una cuenta preguntan quién está detrás, de dónde viene la plata, quién es usted y le hacen una caracterización. Eso es lo que queremos. En educación queremos que desde todos los niveles –primaria, secundaria y universitaria– se dicte una cátedra vivencial, que volvamos al tema de cero corrupción. A ello se suma el tema del velo corporativo, dándole la facultad a la Contraloría para que ella directamente, con sus pares en el exterior, tenga la capacidad de recoger esos activos y llegar a lo que necesite. Y otra cosa, los que dañan nuestros bienes públicos van a ser sujetos por parte de la Contraloría.

A través de iniciativas como RITA o PACO se quieren aumentar las denuncias y que la gente esté más vigilante, pero, según Transparencia Internacional, el 78 % de las personas tienen medio a sufrir represalias por denunciar. ¿Cómo hacer que la gente pierda el miedo?

Temas como RITA ayudan a cambiar eso. Un trabajo coordinado en el que la información de la ciudadanía se reciba y se proteja. La acción en la Secretaría de la Transparencia es eso, que un ciudadano sienta que esa información fue importante y sí la manejaron bien, que no se quedó en un formato. Buscamos que cada denuncia se analice y el ciudadano sienta que esa información fue útil. En PACO van 21.000 denuncias desde que inició el Gobierno, es decir, alrededor de 7.000 por año.

¿Qué medidas concretas se contemplan para defender a ese denunciante?

La información que tiene relación con el derecho a la intimidad de cada persona se protege. Yo puedo hablar del tema, pero no tengo que estar poniéndole nombre y cédula a un asunto. En nuestro proyecto de ley metimos un capítulo relacionado con eso.

Queremos que en el trámite legislativo eso prevalezca y se mantenga, y que, por ley, está incluido la protección cuando se denuncien hechos de corrupción. Con RITA y con el oficial de transparencia también lo hacemos, para que se maneje la información con reserva y cuidado.

Usted dice que el tema de corrupción es muchas veces de percepción y es un trabajo de largo aliento para que la gente se convenza de lo que se está haciendo, ¿cuándo espera que esa percepción se revierta y que se vean resultados?

Creo que hay muchas cosas que hacemos de las que la ciudadanía no se entera, porque no hacemos la tarea de apresar a los corruptos. Esa no es nuestra función. Estamos en una tarea menos llamativa. Queremos comenzar a divulgarla y darla a conocer. Hay que mejorar, mucho. Queremos llegar con ese mensaje eficaz y un mensaje que nos mueva a todos, generando un gran movimiento. Que esto sirva en bloque para hacer presión al juez y ayude a hacer más rápida su tarea. Esto no cambia en seis meses, ni de un momento a otro. Por eso vamos a persistir y hacer más tareas para todos.

¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto con Vicepresidencia y que Marta Lucía Ramírez esté personalmente trabajando de la mano con usted en el tema?

Yo soy técnica. No soy política. No conozco a nadie. Yo llego aquí porque la vicepresidenta tiene la instrucción clara de que aquí se trabaja de manera técnica, permanente, en los temas que sí hagan un cambio y sean útiles. Es un respaldo total, un orgullo trabajar para una mujer con ese principio y esa regla. Aquí la línea es trabajar por la transparencia, siendo efectivos y haciendo el cambio.

jgonzalez@elespectador.com

Twitter: @Currinche

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