La primera generación de magistrados encargada de investigar y juzgar a algunos de los funcionarios más poderosos del país comienza a despedirse de la Corte Suprema de Justicia. Ocho años después de la creación de las Salas Especiales de Instrucción y de Primera Instancia, sus nueve integrantes terminan los periodos para los que fueron elegidos y entregan un modelo sometido a pruebas decisivas: procesos de corrupción o de alto impacto, expedientes voluminosos, discusiones jurídicas inéditas y una carga laboral que, aseguran, superó su capacidad. El Espectador habló con varios protagonistas de este recambio en el alto tribunal, quienes hablaron sobre el balance de esta primera etapa y los desafíos que quedan.
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Las salas que hoy tienen su primer recambio de magistrados nacieron en medio de uno de los casos contra políticos corruptos más sonados de los últimos gobiernos: el del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, por el llamado caso de Agro Ingreso Seguro (AIS). Para ese entonces, los aforados no tenían derecho a más de una instancia en los procesos penales. En 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó a más de 17 años de prisión, pero Arias alegó que, por haber sido juzgado directamente por la Corte como aforado, no tuvo la posibilidad de apelar la sentencia ante un juez superior, un derecho que sí tenían para la época la mayoría de los procesados en Colombia. Desde Estados Unidos, donde buscó evitar su extradición, emprendió una batalla jurídica nacional e internacional argumentando que se habían vulnerado sus garantías judiciales.
La controversia trascendió el caso Arias y abrió una discusión más amplia sobre si era constitucional que la misma Corte investigara, juzgara y dejara en firme las condenas de congresistas y altos funcionarios sin una segunda instancia. Finalmente, el Congreso emitió el Acto Legislativo 01 de 2018. Con esa reforma nacieron la Sala Especial de Instrucción, encargada de investigar a los aforados, y la Sala Especial de Primera Instancia, responsable de juzgarlos, mientras que la Sala de Casación Penal quedó como tribunal de apelación. En otras palabras, la Corte Suprema pasó de ser juez único a tener un sistema de investigación, juicio y revisión.
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El revelo ya comenzó. El pasado 18 de julio, el magistrado Ariel Torres Rojas terminó su periodo y dejó la Sala de Primera Instancia con solo dos de sus tres integrantes. Sus antiguos compañeros, la magistrada Blanca Nélida Barreto y el magistrado Jorge Emilio Caldas, presentaron este martes 21 de julio los resultados del trabajo realizado entre 2018 y 2026. En esos ocho años, la Sala recibió 522 procesos, profirió 161 sentencias, cerró 143, mientras 185 siguen activos. Las cifras retratan una carga que, según los propios magistrados, desborda su capacidad, pero que no se detiene mientras se completa la transición. Al respecto, la actual presidenta de la Sala de Primera Instancia, la magistrada Barreto habló con este diario.
Según la togada, aunque partieron casi de cero hace ocho años, por ser salas sin precedentes, “hemos construido una postura, es una sala que ya se está identificando con su propia naturaleza, con su propia razón de ser”. Ambas instancias nacieron, luego de una reforma constitucional que surgió para llenar un vacío que tenían los aforados constitucionales, pues sus casos solo tenían una única instancias y no podían apelar los fallos. “Hemos intentado de todas las formas posibles adelantar todas las audiencias para cumplir con nuestra función”, agregó Barrero, quien además recordó que “recibimos 137 procesos y de ahí en adelante se han recibido más. Uno quisiera tener más tiempo para poder evacuar lo que demanda cada proceso”.
Aunque al interior de la Corte hicieron un balance, por fuera se hace otro. Penalistas consultados por este diario, como Mauricio Pava Lugo, reconoció que con la creación de las salas especiales “el cambio fundamental fue separar a quien investiga de quien juzga”. Para él, “eso distribuyó mejor el poder dentro de la Corte, permitió que la acusación fuera evaluada por magistrados distintos y fortaleció garantías como la doble instancia y la impugnación de la primera condena”. Sin embargo, expresó que “la Sala ha demostrado rigor para investigar asuntos complejos, pero profundidad no puede significar duración indefinida. Una investigación que se prolonga durante años sin acusación ni cierre afecta la reputación, la familia y la vida política del investigado, y también posterga la respuesta que esperan las víctimas.”
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Una postura similar la tiene el también penalista Felipe Alzate, quien también lleva casos ante esta instancia. Para él, aunque “las cifras son positivas, porque es muy difícil indagar a funcionarios públicos como los congresistas, la Sala de Primera Instancia está saturada”. Según Alzate, que todo el trabajo que llega a la Sala lo reciban tres magistrados complica la impartición de justicia. Y agregó: “Se tiene que considerar ampliarla, tal vez con una sala adicional de otros tres magistrados”. La postura de Alzate también la comparten al interior de la Corte Suprema, según comentaron varias fuentes del alto tribunal a este diario.
En diálogo con El Espectador, el magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala de Primera Instancia, dijo que aunque “la Sala ha recortado una serie de pasos que eran innecesarios, como que si el escrito de acusación ya era conocido por las partes, entonces no tenía que hacerse la lectura detallada en la audiencia”, eso no es suficiente. El togado señaló que “una dificultad enorme, que no corresponde solo a esta Sala, es el tiempo. Es una medición que nos produce gran angustia, porque la cantidad y calidad de los casos es tan importante que por más esfuerzos humanos que se hagan, es imposible evacuarlos todos con la celeridad que se esperaría”.
Para hacerle frente a esa problemática, Caldas hace “un llamado muy respetuoso a la Corte Suprema, al Congreso y a todas las personas que puedan verse involucradas, porque creo que la Sala de Primera Instancia requiere otra sala de tres magistrados para que se ocupen de la mitad de casos”. Esos esfuerzos por tener una justicia más rápida también se han hecho en la Sala de Instrucción que también cumple ocho años. Por ejemplo, el magistrado Héctor Alarcón considera que el trabajo en este periodo ha permitido agilizar las cosas. Antes de llegar a la magistratura, fue auxiliar de la Sala Penal de la Corte y asegura que las salas especiales “evolucionaron más en evacuar asuntos, no solo acusar, sino solucionarlos”.
Sin embargo, los togados consultados saben que están ad portas de abandonar el alto tribunal y muchas de sus misiones pasarán a manos de otros. De cara a esas elecciones, el togado Alarcón considera que “el país le debe apostar a nombrar personas de distintas facetas del derecho penal en Colombia. Es muy importante que no solo sean jueces, fiscales, procuradores, abogados litigantes. Lo más importante es la pluralidad, la cocina extraordinaria para sacar un buen producto”. Por su parte, la magistrada Barreto hizo una invitación a que más mujeres hagan el esfuerzo y se postulen para llegar a la magistratura, para que desde allí se dé el buen ejemplo y se deje huella de que vale la pena que una mujer esté ocupando ese cargo”.
Los penalistas también hacen sus recomendaciones. Para Mauricio Pava, por ejemplo, “la nueva cohorte de magistrados debe conservar la independencia frente al poder y el rigor probatorio. Debe mejorar la administración del tiempo, priorizar con criterios transparentes y cerrar oportunamente los casos sin mérito. Investigar con profundidad no exige prolongar indefinidamente la incertidumbre”. Por su parte, Alzate considera que la justicia debe ir más al grano para agilizar tiempos y que eso es algo que deben garantizar los nuevos jueces. Además, resalta que “estas dos salas nos muestran que se pueden investigar y juzgar aquellos delitos llamados de cuello blanco, es importantísimo en términos de impunidad”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
