La Fiscalía acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y un contratista por su participación en el entramado de corrupción al interior de esa entidad. Olmedo López Martínez, exdirector; Sneyder Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres; Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico; Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo y Luis Eduardo López Rosero, alias El Pastuso, quien se quedó con varios contratos de la Ungrd. Todos son señalados por el ente investigador de crear una empresa criminal con el objetivo de apropiarse de recursos públicos a cuestas de los mecanismos de contratación de la Ungrd.
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Si bien el escándalo estalló por la entrega de un contrato para llevar 40 carrotanques con agua potable a La Guajira por más de $46.800 millones, y que generó un sobrecosto de $14.163 millones, los ahora acusados, según la Fiscalía, también habrían sacado provecho de otros convenios para atender desastres. Los resultados de las pesquisas del ente investigador, consignadas en el auto de imputación contra los exfuncionarios, señalan que en total se pactaron 76 contratos y órdenes de proveeduría que habrían sido irregulares durante la gestión de Olmedo López en la Unidad. Todas bajo el modelo de contratación conocido como “adquisición de asistencia humanitaria de emergencia para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado declaratoria de calamidad pública o desastre (AHE)”.
Debido a las necesidades apremiantes para atender riesgos ocurridos por desastres, la Ungrd utiliza usualmente ese tipo de adquisición como una forma rápida de contratar con privados esas obras que, se supone, son de urgencia para rehabilitación o reconstrucción de zonas afectadas. Este modelo permite que se suscriban órdenes de proveeduría para agilizar la contratación y, según la Fiscalía, fue el método que los cinco acusados maniobraron para quedarse con recursos del Estado. Para acusar a los exfuncionarios y al contratista por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, el ente investigador señaló que se firmaron seis órdenes por un valor de más de $108.000 millones, entre julio de 2023 y febrero de 2024, incluyendo el convenio de los 40 carrotanques.
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De acuerdo con las investigaciones, aunque sí se firmaron esas seis órdenes, solo fueron cancelados los $46.800 millones del contrato de los vehículos que terminaron parqueados en una base militar y sin ningún uso. La plata de los demás convenios no se ejecutó, pero, dice la Fiscalía, todos fueron contratados con empresas de El Pastuso. Lo que reveló el ente investigador es que, efectivamente, solo empresas del contratista fueron invitadas a cotizar ante la Ungrd. Esto se dio, por ejemplo, con un contrato de suministro de materiales de construcción en Quibdó (Chocó), el 31 de octubre de 2023, por un valor de $1.340 millones. Para ese convenio, cotizaron las empresas Proyectos RML, Kalmo SAS y Luket SAS, todas propiedad de López Rosero.
Otro jugoso contrato se firmó por $31.600 millones el 22 de diciembre de 2023, y quedó en manos de la empresa Impoamericana Rogers SAS (la misma que adquirió el convenio de los carrotanques). El objeto de esa contratación era adquirir 20 carros de bomberos tipo Bullfire para varios municipios. Además, la Fiscalía advirtió que existía otro contrato para adquirir 20 carrotanques por más de $27.600 millones para Huila, Sucre, Boyacá, La Guajira; y otro convenio de más de $398 millones para comprar materiales de construcción para el municipio de Guapi (Cauca). Según la Fiscalía, entre Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez y El Pastuso acordaron la entrada a cotizar de las empresas de este último y los valores de los elementos con sus respectivos sobrecostos para pagar las coimas.
Durante febrero de 2024, la contratación en la Ungrd seguía presentando varios factores irregulares, pues, según la Fiscalía, durante ese mes se firmaron otras ocho órdenes de proveeduría que habrían favorecido a personas cercanas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Los ocho convenios sumaron más de $24.238 millones y, de acuerdo con la investigación, fueron adjudicados a empresas de Marilyn Dayana Cadena Prada y Nelson Raúl Triana Cárdenas, amigos de los exdirectivos. A estos contratos se suman otros ocho que fueron firmados para la adquisición de carrotanques, plantas desalinizadoras, tanques de plástico y mantenimiento de estos elementos por más de $94.696 millones. En estos convenios, dice la Fiscalía, se habría interesado César Manrique Soacha, exdirector del Departamento de la Función Pública, quien está bajo el ojo de las autoridades.
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Pero el asunto no termina ahí. La Fiscalía resumió un total de 53 contratos de interventoría de maquinaria amarilla que fue contratada desde la Ungrd con la empresa Intraffic SAS, en donde se habría configurado, de nuevo, el delito de interés indebido en la celebración de contratos entre julio de 2023 y marzo de 2024. Los convenios, dice la Fiscalía, tenían como objeto el control y seguimiento al suministro de horas de volquetas en distintos municipios bajo decretos de emergencia. Las pesquisas arrojaron que estos contratos fueron adjudicados de manera irregular con el fin de obtener beneficios económicos, incluyendo el cobro de coimas del 10% sobre los valores contratados.
De hecho, los contratos con los valores más altos se firmaron en el municipio de Uribia (La Guajira), con el visto bueno de Víctor Andrés Meza, quien para la época fungía como subdirector general de la Ungrd. El convenio de mayor valor se generó por $1.041 millones con Intraffic SAS para el control y seguimiento al suministro de horas de maquinaria amarilla y volquetas en función de una supuesta recuperación a zonas afectadas en el municipio. A este le siguieron contratos por valores de $622 y $592 millones para la misma gestión en ese territorio. De acuerdo con la Fiscalía, también se tramitaron contratos de menor cuantía en municipios como Manaure, Riohacha, Maicao y Albania.
Algunos de estos contratos fueron cancelados con la llegada de Carlos Carrillo Arenas a la dirección de la Ungrd. Aun así, la existencia de irregularidades en los convenios fue la ruta que siguió la Fiscalía para acusar a los cinco involucrados en el desfalco por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Actualmente, los acusados se encuentran detenidos: Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López en guarniciones militares, mientras que Pedro Rodríguez y Luis Carlos Barreto están en la cárcel La Picota. Los exfuncionarios y el contratista firmaron un preacuerdo con el ente investigador por el delito de concierto para delinquir, a excepción de Barreto Gantiva. El siguiente paso en el proceso son las audiencias preparatorias de juicio, que empezarán el próximo 3 de abril.
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Por Santiago Díaz Gamboa
