“Era una zona de guerra en ese tiempo”, le dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el exjefe guerrillero Pablo Catatumbo a Wladimiro Bayona, refiriéndose a la vereda Combia de Palmira (Valle). Allí fue secuestrado el hijo de Bayona, Alexander, cuando estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional, en el año 2000. El joven había llegado a esa parte del Valle con su amigo, Alberto González, por razones de su carrera. Pero Catatumbo insistió: “eran dos muchachos desconocidos y persona que no era conocida, se desaparecía, por los dos bandos”.
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No fueron los únicos. Secuestrar y desaparecer a personas inocentes bajo la mera sospecha de que eran el “enemigo”, con la autoridad que dan las armas, fue una práctica usual en la antigua guerrilla de las Farc. Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y así lo reconocieron los siete miembros del último secretariado que tuvo ese grupo armado antes de dejar las armas, en la última de tres audiencias de reconocimiento. Ante las víctimas, tuvieron que bajar la cabeza, pedir perdón y aceptar que estos crímenes no los justificaba su lucha revolucionaria.
Estos crímenes fueron denominados por la JEP como secuestros con fines de control territorial. Al antiguo secretariado les sorprendió que les imputaran estos crímenes, según dijo la magistrada Julieta Lemaitre, pues en las zonas que fueron la “retaguardia” de las Farc, generalmente alejadas de las ciudades y predominantemente habitadas por campesinos, la guerrilla fue la autoridad. Imponían reglas y gestionaban conflictos, pero no fueron conscientes de que estuvieran cometiendo crímenes de guerra en el camino, según dijo Pastor Alape.
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“Los horrores a los que sometimos a miles de ciudadanos colombianos humildes, por los que nos levantamos en armas… Eso hoy no tiene justificación”, aseguró el exjefe guerrillero Alape en la audiencia. Según el excomandante del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc, “en el relacionamiento con las comunidades, que eran el centro de nuestra lucha, cometimos crímenes. Con el paso del tiempo, buscando cómo posicionar a la organización en el territorio, a medida que nos consolidábamos, se nos disparó la arrogancia y violamos el compromiso participativo de las decisiones”.
Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, también explicó: “En la guerra hay un principio fundamental de control territorial. Cualquier fuerza, grande o pequeña, debe tener el control del territorio. Eso se plasma en un control no solo geográfico, sino de todo lo qué hay en ese teatro de operaciones”. Según él, esto fue lo que ocurrió en el caso de cinco personas que fueron secuestradas en la vía entre Bogotá y Villavicencio: Jesús Antonio Molano, Osser Saavedra, Erika María Gómez, Gustavo Trujillo y Edna Martínez.
Eran trabajadores de una cooperativa de soldados retirados y, según dijo Gallo, eso levantó las sospechas de los miembros del Frente 40 de las Farc que los detuvieron. A pesar de que entre las mujeres había una en embarazo y de que se trataba de inocentes, “sin la suficiente indagación”, según el propio Gallo, los guerrilleros mataron a cuatro de los secuestrados. Al quinto, Gustavo Trujillo, lo dejaron con vida, pero lo devolvieron a bordo de un vehículo que cargaba explosivos, con el fin de que estallara en una base militar. “¿A qué mentes, si no es a mentes enfermas se les ocurre eso?”, se preguntó Gallo sobre las acciones de sus hombres.
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“Tenía hasta hace unos días un discurso diferente, pero al ver sus caras en estos días…. En sus corazones y en sus mentes jamás ha estado la verdadera intención de reparar a las víctimas. Sus crímenes no son menores que los que sucedieron en el holocausto nazi”, les dijo Menfis Molano, hija de Jesús Antonio Molano, a los exjefes de las Farc. Firme en sus palabras, junto a Aura Saavedra, hija de Osser Saavedra, les dirigieron preguntas directas a los excomandantes guerrilleros, como: ¿Qué indagaciones hicieron para determinar que eran militares o que merecían morir?
“La ceguera de la guerra nos llevó a ver enemigos donde no los había”, reconoció Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko. Además, lo que se entrevió en estas audiencias es que la justicia transicional les permitió encarar a víctimas que no sabían que habían dejado en el ruido que fue la guerra. Por ejemplo, las de las tomas guerrilleras de pueblos o los retenes ilegales que instalaba la antigua guerrilla en las carreteras de Colombia, como una forma de mostrar su poderío, de aleccionar a las comunidades que controlaban. Víctimas que jamás habían sido escuchadas tuvieron la oportunidad de hablarles, a los ojos, a sus victimarios.
En uno de esos retenes fue secuestrado el sargento del Ejército José Vicente Rojas, quien desapareció en 1992. Su esposa, Esperanza Rojas, contó ante la JEP, de cara a sus victimarios, que ese día intentó quitarse la vida. Una voz en su cabeza le recordó que tenía que sacar adelante a sus hijos. Al día siguiente, comenzó su búsqueda, que en ya 30 años no ha parado. Ahora lidera una organización que se dedica a buscar a militares y policías secuestrados desaparecidos, principalmente por las Farc. Según dijo Rojas, antes de la JEP, ninguna otra autoridad la había escuchado y había sido discriminada por todas las entidades del Estado encargadas de atender a las víctimas.
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La magistrada Julieta Lemaitre, quien conduce el caso, aseguró que, de la lectura de las comunicaciones internas de la exguerrilla se desprende que, muchas veces, los frentes no les daban información precisa a sus jefes y altos comandantes. Cuando ocurrían hechos así, el mensaje podía ser tan vago como: “dimos de baja a un infiltrado”. Así, sin más. Como dijo Pablo Catatumbo en el caso de Bayona: “no siempre los mandos éramos informados de todo lo que ocurría”. En otro momento, Alape reconoció: “pero fue nuestra gente la que actuó de esa manera tan cobarde. Fuimos nosotros”.
Este jueves, como ocurrió en las audiencias de reconocimiento previas, hubo preguntas de las víctimas que quedaron en el aire. También llamados al Estado, que ha llevado a sentir revictimización en varias personas que tomaron la palabra. Pero los siete miembros del secretariado culminaron sus intervenciones con el compromiso de buscar a los desaparecidos, de averiguar qué ocurrió en cada caso, de pedir perdón a poblaciones como Jardín (Antioquia), que sufrió la rabia de las tomas. La actitud de Rodrigo Londoño en esta frase resume la actitud con la que llegaron: “Hoy nos resultan inaceptables las prácticas que en la guerra consideramos justificables”.
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