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14 Jun 2021 - 8:01 p. m.

El contrato de alcantarillado que tiene en juicio a un exgobernador de La Guajira

El exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier fue llamado a juicio por presuntas maniobras ilegales en la contratación de alcantarillado para Riohacha. “Lo que existe a la fecha, en el sitio de la obra, es un hueco”, acusa la Fiscalía.
Jorge Pérez Bernier también fue acusado por presuntas irregularidades contractuales en la construcción de megacolegios en La Guajira.
Jorge Pérez Bernier también fue acusado por presuntas irregularidades contractuales en la construcción de megacolegios en La Guajira.
Foto: Twitter @JorgeEPerezB

Algo huele mal en la Adición n°2 al contrato 487 de 2001, con la cual se quiso crear obras de alcantarillado sanitario y sistemas de aguas residuales en Riohacha, acuerdo aprobado por el exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier. Así lo hizo saber la Fiscalía delegada para la Corte Suprema de Justicia, la cual llamó a juicio al político de 69 años por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

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“Lo que existe a la fecha, en el sitio de la obra, es un hueco”, acusó la Fiscalía en el escrito de acusación en poder de El Espectador. De acuerdo con la hipótesis investigativa, por la cual Pérez Bernier enfrentará un juicio penal, la administración del político pagó una millonada a través de una adición que, en principio habría violado las normas de contratación, y tras la que no se habría puesto un solo ladrillo para avanzar en un proyecto que los ciudadanos esperan desde 2001.

El 2 de diciembre de 2010, la gobernación de Pérez suscribió la Adición n°2 al contrato 487 de 2001, cuyo contratista sería la Unión Temporal CV-IVG. Desde principios de milenio la población de la capital del departamento espera se lleve a cabo el proyecto que tiene por objeto la “construcción de obras para el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario de Riohacha, Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Final”. El exgobernador Pérez Bernier aprobó la adición a ese contrato, aumentando el valor del acuerdo en $1.577 millones, para llevar a cabo el anhelado plan de mejoramiento. Sin embargo, eso nunca pasó.

“Esta actuación de la administración a cargo del procesado, se caracterizó por actos irregulares que desconocieron principios esenciales de la contratación estatal, cuando, en forma subrepticia (oculta), dando apariencia de que se trataban de dos adiciones al contrato 487 de 2001, que solo modificarían el tiempo y valor inicialmente pactado, en realidad cambió el objeto contractual original, lo que obligaba a celebrar un contrato adicional”, explicó la Fiscalía.

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Cuando las autoridades les hicieron la promesa de alcantarillado a los ciudadanos, en 2001, una empresa de la región entregó su idea de lagunaje, que es una tecnología de depuración de aguas residuales, a través de microorganismos, en la cual se utilizan espacios excavados. La organización propuso la creación de nueve lagunas, entre las que se construirían tres facultativas, seis de maduración y el emisario final, que es el canal para evacuar los residuos hacia una depuradora o hacia el mar. El proyecto inicial estaba pensado para realizarse en 38 hectáreas.

El problema de la Adición N°2 al contrato inicial, según la Fiscalía, es que se replanteó el lagunaje a construir. En 2010 se propuso que ya no serían nueve lagunas, sino cinco: tres facultativas, con un área de 5,9 hectáreas cada una; dos de maduración, con un área de 4,3 hectáreas cada una; y el emisario final, con lo cual todo quedaría desplegado en un espacio de 59,6 hectáreas. Dada la transformación, de acuerdo con el ente investigador, si Pérez pretendía materializar el sistema de alcantarillado, debía hacerlo a través de un contrato adicional y no una adición al contrato. Figuras distintas, que hacen la diferencia en el expediente.

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“La adición procede cuando se presentan circunstancias que no afectan la esencia del contrato y son imprevistos; esto es, solo conllevan modificaciones accesorias; por el contrario, cuando se varía el objeto contractual o existe una modificación de fondo, estamos en presencia de la necesidad de un contrato adicional que, dada su naturaleza, deben cumplir los requerimientos de ley para su existencia y legalidad”, explicó la Fiscalía. Como no se realizó un contrato adicional, explica la entidad, Pérez Bernier habría fallado en no ejecutar estudios técnicos, administrativos, jurídicos y financieros.

A pesar de ello, está registrado en el historial, el 2 de diciembre de 2010 la Gobernación de La Guajira suscribió con la Unión Temporal CV-IVG, representada entonces por Fernando Garantiva, la referida Adición N°2, con lo cual se acordó la ampliación de la obra y un incremento en $1.577 millones, para un total de $3.697 millones. Incluso, las autoridades desembolsaron inmediatamente el 50% de los nuevos recursos como anticipo de la adición: un total de $788 millones. Un mes después, el 31 de enero de 2011, las partes firmaron un acta de recibo parcial y la empresa contratista se quedó con otros $342 millones.

“El 31 de enero de 2011, al tercer día hábil siguiente al recibo parcial de obra referido, como si en dos días se hubiese realizado lo que no se había hecho en 10 años, Georin Blanchar, secretario de obras públicas, Arauth Bonilla, director de agua potable, Martha Durán Zafra, profesional especializada y el contratista Fernando Garantiva firmaron una nueva acta de recibo parcial de la obra, que originó el pago de $382 millones a favor de la empresa, lo que significó el desembolso íntegro del valor pactado en la Adición 02 al contrato 487 de 2001”, agregó la Fiscalía. Ese día se canceló toda la Adición N°2.

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Sin embargo, cuando al parecer los ciudadanos de Riohacha tendrían el sistema planeado desde el 2001, el 1° de febrero de 2011 -al día siguiente de autorizar la totalidad del pago la Unión Temporal CV-IVG-, las partes firmaron un acta de suspensión de obra, por problemas con familias indígenas a las que no se les habría tenido en cuenta en el proceso de compra de terrenos. Y por si fuera poco, con el dinero invertido, como lo acusa la Fiscalía, el 1° de agosto de 2011 los funcionarios de la Gobernación de La Guajira habrían suscrito otra acta de suspensión.

Desde entonces, como lo explicó el ente investigador, lo único que habría quedado del proyecto sería un “hueco” y decenas de papeles a revisar en juicio. Asimismo, la Fiscalía habría hallado unos pagos injustificados tras rastrear el dinero entregado por la gobernación de Pérez Bernier: Un desembolso de $3 millones para el ciudadano Henry Arismendy por “abono al edificio Yosu”; seis pagos por $17 millones por concepto de liquidación de contrato laboral, con membrete de la empresa ICG Ltda; y tres pagos por intereses $12 millones a nombre de Wilson Greco, Luis Ramírez y Fernando Garantiva, representante de la Unión Temporal CV-IVG.

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