Tras estar ad portas de quedar fuera del proceso de Justicia y Paz por incumplir acuerdos con el programa, el jefe paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, reiniciará el primero de diciembre versiones libres para apuntar su dedo acusador contra los que, según él, tuvieron nexos con las Auc. Dice que inicialmente fue cauteloso, porque no entendía la dimensión del proceso. Ahora, con la oportunidad que le abrió la Corte Suprema de empezar de cero, dice que no será tan prudente.
Y el abrebocas de lo que tiene para contar lo dio el pasado miércoles, en el juicio por parapolítica contra el excongresista Javier Cáceres. A manera de referente, dijo que el día que se reunió con Cáceres, horas después lo hizo con el exsenador Iván Moreno Rojas (preso por el caso del carrusel de la contratación). Dijo que Moreno fue otro que desfiló por Santa Fe de Ralito. “Recuerdo el encuentro con Cáceres, porque en la noche nos visitó el senador Moreno para reforzar unos aspectos que seguro investigará la Corte. Es un hecho que no se puede esconder”, dijo.
El Espectador conoció la versión que entregará Báez sobre el encuentro con Moreno. En esa oportunidad no fue para hablar de apoyos políticos (como la mayoría de casos), sino supuestamente de comisiones y un contrato puntual en Bucaramanga, de donde fue alcalde hasta diciembre de 2003. La supuesta reunión ocurrió a finales de 2004 y, pese a que en Ralito había un registro de visitantes, según Báez existió la “puerta de emergencia” por donde llegaron muchos a pedir favores.
Supuestamente Moreno llegó con un empresario de Santander, llamado Reinaldo y del cual no recuerda el apellido. El objetivo era gestionar apoyo financiero de Báez y alias Julián Bolívar para ganar el contrato de recolección de basuras en Bucaramanga.
“El negocio que planteó el senador Moreno consistía en que nosotros le teníamos que dar $5.000 millones de pesos a este empresario para participar en la puja por el contrato y luego él gestionaba la adjudicación. Eso sí, de entrada Moreno pidió una comisión del 15% sobre el valor del contrato”, relató Báez a El Espectador.
“Ese negocio estuvo a punto de concretarse. Estuvimos en conversaciones, pero coincidió con la salida de nosotros de Ralito, razón por la que no se pudo participar. Lo cierto es que el senador Iván Moreno Rojas fue otro de los que habló con nosotros”, puntualizó.
Derrotero en Justicia y Paz
Y al igual que la historia de Iván Moreno Rojas, el exjefe paramilitar tiene un derrotero de los temas y las personas que mencionará en sus versiones ante los fiscales de Justicia y Paz. Personajes de Córdoba, Santander, Antioquia, Caldas, Nariño y Caquetá hacen parte de su lista. “De unos personajes no se ha dicho nada y es el momento de hacerlo, al igual que casos puntuales del sur del país”, indicó.
En el caso de Córdoba tiene en lista a tres personajes: la senadora conservadora Nora María García Burgos; su hijo Marcos Daniel Pineda García, alcalde de Montería, y el exgobernador Benito Osorio Villadiego. Según Báez, los tres tuvieron apoyo de las autodefensas para sus carreras políticas.
En el caso de la senadora García Burgos, señaló que fue amiga de Salvatore Mancuso y fue su candidata en Montería por años. Hablará de una reunión en la finca La Capilla, la que denominó el búnker de Mancuso, para acordar el apoyo financiero. Supuestamente recibió 100 millones de pesos en efectivo tras el encuentro.
El Espectador trató de comunicarse con la senadora García Burgos para conocer su reacción frente a estas declaraciones, pero a través de su asistente indicó que por ahora no dará declaraciones, por respeto a la investigación penal que se adelanta en su contra.
Por otra parte, a Osorio Villadiego, exgobernador encargado de Córdoba, ya lo investigan por presuntos nexos con los paramilitares, por la posible compra irregular de tierras mientras fue gerente del Fondo Ganadero, en asocio con Sor Teresa Gómez, media hermana del exjefe paramilitar Carlos Castaño. Tenía medida de aseguramiento y a comienzos de noviembre quedó en libertad por vencimiento de términos, pese a que las autoridades tenían evidencias en su contra. Por este caso investigan a una fiscal.
En el caso de Antioquia, dijo que hablará de varios políticos, entre ellos a Olga Suárez Mira. Frente a esto, el abogado Iván Cancino, defensor de Suárez Mira, expresó que eso no tiene ni pies, ni cabeza. “Ella nunca ha visto a ese señor. Ni Bello (Antioquia) ni Medellín fueron zona de influencia de él. No creo que tenga algo que decir”.
Para el caso de Caldas, ratificó que contará cómo el gobernador suspendido Mario Aristizábal Muñoz obtuvo supuesto respaldo de los paramilitares. Además, hablará de los presuntos nexos de la actual representante a la Cámara Adriana Franco Castaño (presidenta de la Comisión Primera). Agregó que en la lista entrarán diputados, alcaldes y concejales de varios municipios.
Cabe aclarar que lo de Báez será apenas una versión y los hechos o personas que mencione será apenas insumo para que las autoridades investiguen si lo todo lo que dice es o no verdad. Por ahora, el exjefe paramilitar, quien afirma que sólo se encargó de los acuerdos con los políticos de varias regiones del país, vuelve y arranca con su ventilador en el proceso de Justicia y Paz.