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A semanas de que se cumplan 25 años del asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, solo hay una persona condenada por el crimen: Héctor Paúl Flórez Martínez. Este hombre, según la justicia, fue uno de los cuatro sicarios que le disparó al líder político el 2 de noviembre de 1995 en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Ahora que las cabezas de la exguerrilla de las Farc le dijeron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que quieren reconocer su responsabilidad en el magnicidio, Flórez Martínez ha salido a insistir en su inocencia. La única parte del expediente de Gómez Hurtado que parecía esclarecida ha sido, de nuevo, puesta en duda.
El Espectador reconstruyó buena parte del expediente de Flórez Martínez, quien salió de la cárcel hace unos años por buen comportamiento y haber estudiado. Su caso llegó hasta tres salas de la Corte Suprema de Justicia, pero en repetidas ocasiones le han cerrado la puerta a una revisión. “La Corte Suprema no ha tenido la voluntad de recibir el proceso para revisión y declararme inocente. Ahora con esta nueva declaración de las Farc yo no sé qué van a decir”, le dijo Flórez a este diario en medio de la controversia que ha desatado el reconocimiento de las Farc de una supuesta participación en el crimen de Gómez Hurtado.
El 22 de diciembre de 2001, seis años después de que asesinaran al líder conservador, un juzgado especializado de Bogotá condenó a este hombre, oriundo de Sincelejo, a cuarenta años de cárcel. Concluyó que fue uno de los sujetos que le disparó a Gómez Hurtado y lo declaró culpable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. En la misma sentencia, la jueza Lester María González absolvió a los otros tres hombres señalados por la Fiscalía de haber ultimado al excandidato presidencial y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2003, el Tribunal de Bogotá confirmó la sentencia en segunda instancia.
Ese año, el mismo juzgado que había condenado a Flórez Martínez absolvió al coronel (r) Bernardo Ruiz Silva, quien en el momento del crimen se desempeñaba como jefe de la Brigada XX de Inteligencia del Ejército. La Fiscalía había llegado al oficial porque una llamada anónima aseguraba haber visto un campero beige sospechoso cerca a la escena del crimen. El vehículo fue vinculado a esta unidad militar y de allí se llegó a su jefe, Ruiz Silva. Cuando lo declararon inocente, el caso volvió a ceros, con Flórez Martínez todavía en la cárcel.
En diciembre de 2017, la Fiscalía declaró que el asesinato de Gómez Hurtado era un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribirá. En el documento se dice que el crimen “fue ejecutado por miembros del cartel narcotraficante del norte del Valle, en asocio con agentes del Estado, destacando la participación de miembros de la Policía Nacional”. Esta hipótesis va en línea con lo que han declarado exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez), Freddy Rendón (el Alemán) y Everth Veloza (HH), e incluso, con la versión que dio en 2010 un exmiembro del cartel del norte del Valle: Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño.
Así, con la declaratoria de lesa humanidad debajo del brazo, Flórez Martínez le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revisara su condena. Según su petición al alto tribunal, el documento de la Fiscalía corroboraba su inocencia y demostraba lo que él había dicho por años: que la investigación fue amañada. El caso llegó a la Sala Penal y le correspondió estudiarlo al magistrado Eugenio Fernández, quien hizo un análisis del expediente, de la reciente decisión del ente investigador y de las declaraciones de los exparamilitares y exnarcos involucrados. Estos elementos lo llevaron a negar, de tajo, la petición del único condenado por el crimen.
Al negar la petición de Flórez Martínez, la Corte escribió sobre el documento de la Fiscalía: “No hace referencia expresa ni cuestionamientos a la responsabilidad de los sicarios que fueron condenados por estos hechos, como Héctor Paúl Flórez Martínez. Por el contrario, se abre la posibilidad para el esclarecimiento de todos los responsables en estos hechos, especialmente de los determinadores, pues de manera insistente recaba en la responsabilidad que pudieran tener miembros del cartel del norte del Valle en alianza con integrantes de la Policía y grupos políticos, aliados para desestabilizar al país y evitar la extradición de los principales líderes de las organizaciones criminales”.
El auto, de diciembre de 2018, dice: “Aun cuando la Fiscalía señala las múltiples desviaciones en la investigación para identificar a todas las personas que intervinieron en la muerte de los señores Gómez Hurtado y Huertas Hastamorir [asistente del político conservador], de ninguna manera descarta la participación de cuatro sicarios en la ejecución del magnicidio; por el contrario, acepta tal situación, sin entrar a cuestionar la responsabilidad de aquellos que fueron identificados y condenados”. En otras palabras, la Corte encontró que el que la Fiscalía dijera que el crimen fue orquestado por narcos y agentes de la Policía no pone en entredicho la condena a Flórez Martínez.
Y la decisión la sustentaron con declaraciones como la de Rasguño, quien le dijo a la justicia que en 1996 le contó a Carlos Castaño que el crimen lo había ordenado Orlando Henao, el Hombre del Overol. En palabras de Rasguño, Henao le habría explicado así la motivación del asesinato a Castaño: “Hermano, lo que pasa es lo siguiente: el doctor Álvaro Gómez estaba ambientando un golpe de Estado dentro de los militares y los grandes ricos de Bogotá. Entonces el Gordo [Ernesto Samper] y Horacio [Serpa] mandan la razón de que hagamos lo que sea para parar a Gómez, que porque si hay un golpe militar van a coger a todo mundo y que ellos también temen de una extradición”.
Se habló entonces de una alianza con Danilo González, coronel (r) de la Policía, quien le habría dicho cara a cara a “Rasguño”: “A Álvaro Gómez lo maté yo, yo fui el que hizo la vuelta”. Desde EE. UU. el exmiembro del cartel del norte del Valle, quien se ha convertido en uno de los testigos estrella del caso Gómez Hurtado, le dijo a la Fiscalía que él no creía que González fuera a confiarles el crimen a unos sicarios. “Era una vuelta demasiado grande y complicada para el país, para poner a hacerla a un hombre de un perfil de pronto más bajo”, dijo. Pero la Corte aseguró que eran conjeturas suyas, pues Rasguño “realmente no conoció pormenorizadamente detalles sobre la ejecución del homicidio”.
Luego de este primer “no”, Flórez Martínez interpuso una reposición, que le negaron, y acudió a la acción de tutela. En ella, pedía que se salvaguardaran sus derechos y se le ordenara a la Sala Penal revisar su sentencia. Pero las salas Civil y Laboral, en primera y segunda instancia, dijeron que no se cumplían los requisitos de la tutela y la rechazaron. “El proceso, aquí en Colombia, está finiquitado. Lo que sea que haga solo voy a recibir puertas cerradas. Me están asesorando personas que me han confirmado que tengo suficiente sustento para llevar el proceso, por ejemplo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, le dijo Flórez Martínez a El Espectador.
Con la declaración de las Farc de que quieren contar su versión sobre uno de los magnicidios colombianos que mayor impacto causó, Flórez Martínez espera que en ese camino se logre también demostrar su inocencia. “Aunque, como muchos, tengo dudas porque pasó mucho tiempo sin que dijeran nada, sentí alegría al ver la noticia, porque, si tienen las pruebas de que lo hicieron, yo me veré beneficiado. Si lo que dicen es cierto, ellos saben quiénes en su organización ejecutaron esos hechos. Y, pues, yo nunca he sido parte de la guerrilla, ni siquiera he tenido pensamientos de izquierda”, dijo el hombre, quien vive en Bogotá tras haber salido de la cárcel.