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El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, fue capturado el pasado 22 de agosto señalado de ser la cabeza de una red de corrupción en el departamento, que hacía la vista gorda a los resultados de auditorías realizadas por la entidad a cambio de dinero, contratos, millonarios bienes y puestos. Esta semana se reanudará la audiencia de imputación en cargos a los detenidos y le tocará el turno a Zuluaga. Allí, la Fiscalía destapará las evidencias que lo relacionan en esta supuesta asociación criminal.
Entre tanto, Zuluaga ha permanecido detenido. Aunque se presentó voluntariamente a las autoridades, lo cierto es que tenía una orden de captura en su contra. Además, las autoridades llegaron a una de sus propiedades para ocuparla con fines de extinción de dominio. Se trata de una lujosa residencia ubicada en el sector de El Poblado en Medellín que colinda con los terrenos donde estaba ubicado el edificio Space.
Es apenas una de las 28 propiedades que ocuparon las autoridades y que incluye nueve automóviles, dos sociedades y tres hoteles, con un valor de $13.000 millones. Los bienes pertenecerían a todos los involucrados en el caso, incluyendo varias personas que aun no han sido capturados. ¿Por qué se les investiga? Según la Fiscalía, desde 2016 hasta mediados de 2018, la Contraloría de Antioquia descubrió irregularidades en varios municipios, pero en vez de reportarlos, se habría creado una alianza con algunos alcaldes.
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En el entramado están incluidos César Augusto Zapata Pérez, alcalde de La Pintada; William Enrique Rendón Agudelo, alcalde de Jardín; Luz Marina Marín Daza, alcaldesa de San Carlos; Héctor Darío Cano Arango, gerente del Hospital de Copacabana; los contralores auxiliares José Hernando Duque Naranjo, Dioner Andrés Ortiz y Gabriel Jaime Castaño Aristizábal; así como Johnny Andrés Jaramillo Marín, asesor jurídico de Briceño. Aunque no fue detenido, en las audiencias ha sido nombrado en reiteradas ocasiones el vicecontralor Rubén Darío Naranjo Henao.
Por ejemplo, en la imputación de cargos en contra de William Enrique Rendón Agudelo, alcalde de Jardín, la fiscal del caso señaló que este le habría entregado al vicecontralor Henao un “servicio de esparcimiento” para sus empleados, por intermedio del restaurante Los Colores y en una hostería. “Ello, como contraprestación al favorecimiento que usted tuvo de las auditorías regionales que realizaron en el municipio para la vigencia 2016”, dijo la delegada de la Fiscalía. Según la entidad, el reporte no registró ningún hallazgo fiscal. En la diligencia se presentó la interceptación de una llamada que probaría estos hechos.
En el caso de Héctor Darío Cano Arango, gerente del Hospital de Copacabana, la fiscalía señaló que este habría suscrito una serie de contratos de prestación de servicios para favorecer a personas que el propio vicentralor Henao le indicaba. “(…) en provecho del señor Rubén Darío Naranjo Henao y de la señora Sara Isaza Lema en los contratos de prestación de servicios identificados como OPS31 del 23 de abril de 2018 y OPS33 del primero de marzo de 2019”, dijo la fiscal. Con estos supuestos hechos, se habría vulnerados principios de contratación.
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“El interés suyo se derivan de la relación cercana que usted tenía con el señor Rubén Darío Naranjo y en atención que él, en su calidad de contralor encargado para la época de los hechos, lo favoreciera en los resultados de las auditorías del hospital para la vigencia 2017, realizada en el 2018. De esa manera, usted actuó en contra de sus funciones”, le dijo la fiscal a Cano Arango. Hasta el momento, la fiscalía no ha hecho referencia al rol que habría tenido en concreto el contralor Zuluaga en este modus operandi.
Los capturados tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias, prevaricato por acción, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros cargos más. Zuluaga ha sido vinculado en el pasado a escándalos de corrupción e irregularidades. Por ejemplo, el año pasado, el contralor de Antioquia fue suspendido por 10 meses por parte de la Procuraduría debido a que suministró información falsa en su hoja de vida para acceder el cargo. En ese entonces, incluyó un doctorado en derecho administrativo como concluido cuando supuestamente, según comentó Zuluaga, lo seguía cursando.
Zuluaga también está en la mira de las autoridades junto al gerente del hospital Público La María de Medellín, William Marulanda Tobón, porque habrían utilizado sus cargos para que ellos y sus familias pudieran realizarse operaciones estéticas y plásticas, haciéndolos pasar como procedimientos incluidos en el POS. El hecho se remonta a abril de 2016, cuando Zuluaga ingresó al hospital La María por una “alteración del tejido graso”, por lo que se le realizó una prostatectomía abierta (extracción de la próstata), y una liposucción.