El Espectador le explica por qué estamos hablando de chuzadas en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Se están usando ilegalmente los aparatos de inteligencia estatal para espiar en Colombia? ¿Se volvió a viejas prácticas ampliamente denunciadas en el país? ¿Qué tiene que ver todo esto con altos magistrados que hoy están en ejercicio y han quedado en medio de la discusión? ¿Por qué hay analistas que hablan del DAS y revivieron lo que desde allí sucedió en contra de la Corte Suprema de Justicia? ¿Es lo mismo interceptaciones que chuzadas? Pues como ya sucede con este boletín de noticias a mitad de semana, le pedimos a los periodistas de las secciones de Judicial y Política que nos enviaran los enlaces de todos los contenidos que han hecho al respecto para contestar esas y otras preguntas en este resumen de noticias. Comencemos.

Antes de ir al fondo, a la noticia y a la coyuntura, hay que escribir sobre una base importante este texto. En Colombia las interceptaciones están protegidas por la Constitución como mecanismo para que el ente investigador logre probar un delito. La Fiscalía, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía con sus unidades de búsqueda de información. Pero cuando no hay una orden judicial, una petición de un fiscal y que avale un juez, y aun así aparatos estatales toman la decisión de seguir adelante con dichas ‘interceptaciones’, pues es en ese momento cuando deja de ser, legalmente hablando, una interceptación para convertirse en una chuzada. Una acción ilegal. Ni más, ni menos.

Ahora sí, vayamos a la noticia. ¿Por qué en Colombia ahora mismo se está hablando de chuzadas? De acuerdo con denuncias de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, al parecer desde marzo de 2023, algunos de estos funcionarios estarían siendo objeto de, precisamente eso, chuzadas. Pero resulta que el 22 de junio un anuncio que venía directamente de Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, puso al país a conversar sobre este delicado asunto cuando “dispuso que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema asuma de manera inmediata la investigación por la denuncia” de supuestas chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional.

Preguntas, muchas preguntas empezaron a quedar en el ambiente, y lo que hasta el momento eran supuestos, alertas y sospechas, se fue convirtiendo en investigaciones formales por cuenta de la Fiscalía, justo por los mismos días en los que se fueron desnudando inconvenientes en el alto gobierno, pues al parecer quienes estarían detrás de las interceptaciones ilegales serían entidades del Ejecutivo:

Tecnología

¿Por qué es tan fácil seguir chuzando comunicaciones en Colombia?

Judicial

Fiscalía investigará presuntas ‘chuzadas’ a magistrados de la Corte Constitucional

Judicial

Las denuncias y alertas sobre una supuesta operación de inteligencia en el Gobierno

Política

Presidencia solicitó investigación interna por presuntas “chuzadas” a magistrados

De acuerdo con la Fiscalía y tras la recepción de una denuncia, uno de los despachos de uno de los magistrados estaría siendo objeto no solo de interceptaciones sino también de seguimientos ilegales, razón por la cual la misma fiscal Luz Adriana Camargo ordenó iniciar “la investigación correspondiente”. Y por eso la funcionaria “dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada”, se leía en el comunicado de prensa.

“Los rumores sobre posibles interceptaciones tomaron fuerza el pasado 14 de junio, cuando un magistrado de la Sala Plena dio las primeras alertas luego de asegurar que su teléfono estaba presentando fallas. “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, decía el mensaje del togado, revelado por Caracol Radio”, y citado por los colegas de Judicial, quienes recordaron que en la última semana de Legislatura, había sido citado a debate de control político a Carlos Ramón González, la cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), quien en la plenaria del Senado, aseguró que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro no se ha dado ningún tipo de orden para interceptar a magistrados ni otras figuras.

Los periodistas de la sección Judicial nos han contado que la información sobre la que se está tejiendo este caso tiene dos frentes y parte de la base de que hay funcionarios del Estado supuestamente participando en estas escuchas ilegales con objetivos claros: “Por un lado, crear fuego amigo dentro del propio Gobierno contra personas de la total cercanía del presidente Gustavo Petro. Y, por otro lado, escuchar y seguir a funcionarios de alta relevancia para los intereses del Ejecutivo”. Acto seguido, el pasado 23 de junio nos dijeron: “Aunque esta semana fue clave para el inicio de las investigaciones formales, desde hace meses el tema era del interés de varios miembros del Senado y de fuentes de inteligencia”.

Se referían a un caso concreto: “El primero en alzar la mano fue el senador David Luna, de Cambio Radical. A comienzos de este año, tras ser víctima de un robo en su residencia, el congresista se puso a la tarea de verificar información de fuentes reservadas y anónimas. La alerta que quiso precisar apuntaba a que había funcionarios de al menos cuatro entidades detrás de una presunta alianza para recopilar información financiera de miembros del Congreso, las altas Cortes y hasta de funcionarios del Gobierno. Luna le pidió información a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Había pedido respuestas de si era cierto que el Gobierno había adquirido tecnología para interceptar mensajes de WhatsApp o si había alguna estrategia para seguir e interceptar las comunicaciones de miembros de la oposición. Sus solicitudes de información quedaron radicadas durante el primer trimestre, pero aseguró que nunca le contestaron. Sus peticiones coincidieron con las primeras alertas de seguimientos e interceptaciones irregulares contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

¿Qué indicios tiene la Fiscalía en medio de toda esta investigación? Hay varios: “Durante una reunión de alto nivel entre la fiscal Camargo y el contralor (e) Mario Zuluaga le expresaron al presidente Gustavo Petro una preocupación: desde hace varios meses, ni la DIAN ni la UIAF han entregado información financiera que sirve para fortalecer expedientes judiciales y fiscales. Informes cruciales para investigar casos de incrementos patrimoniales sin justificación, evasiones de impuestos, lavados de activos e, incluso, financiación del terrorismo”.

JEP pide a la Fiscalía investigar supuestas chuzadas a comunicaciones de sus magistrados

Y una más: una carta de dos páginas que le entregó el magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, a la fiscal Camargo, donde se dice que un miembro de la Sala Plena, y su pareja, estarían siendo seguidos y sus comunicaciones estarían interceptadas. Cuentan los periodistas que siguen el caso que allí se asegura “que desde hace unos dos meses funcionarios de monitoreo y analítica adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República habrían seguido con fines de perfilamiento a su pareja. En otra parte del documento se puede leer que su teléfono estaría intervenido, pues ya lo pudo confirmar con varias fuentes, y que detrás de esas escuchas ilegales estarían órganos de inteligencia oficial (uno de los cuales opera en la Presidencia y en la DNI), en coordinación con la DIAN y la UIAF”.

La Fiscal se llevó un mensaje adicional: magistrados auxiliares de la Corte también estarían siendo seguidos y sus comunicaciones habrían sido intervenidas ilegalmente. Pero ¿para qué se estaría haciendo todo esto? La investigación apenas comienza, así que no hay una conclusión desde la justicia, pero “no descartamos que sea una estrategia, más que para intimidarnos, porque no lo lograrán, para perfilarnos”, dijo una fuente del alto tribunal a El Espectador, consciente de que ha sido esa Corte la que ha frenado importantes proyectos del Gobierno, como el Ministerio de la Igualdad o la emergencia en La Guajira.

La Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, ha negado cualquier tipo de acusación y desde la Presidencia también aseguraron que “es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia”. Que “este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, y por eso aseguraron que cualquier funcionario que se vea involucrado en las supuestas “chuzadas” deberá responder ante la justicia, no sin antes informar que proporcionarán toda la información necesaria para la investigación de la Fiscalía:

Judicial

DNI negó existencia de operación para interceptar a periodistas y miembros de la oposición

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Corte Constitucional pidió a la Fiscalía indagar posibles ‘chuzadas’ a magistrados

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Los casos por los que Congreso y justicia tienen en la lupa a Carlos Ramón González

Judicial

Presidentes de altas cortes rechazan supuestas chuzadas a la Corte Constitucional

Para el 24 de junio, después de varias reuniones de alto nivel, ya incluso fueron saliendo los nombres: “Por las supuestas chuzadas al vicepresidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, los presidentes de las altas cortes del país se unieron para rechazar estas presuntas acciones y, además, pedirle a la Fiscalía celeridad en las investigaciones sobre las denuncias. Dicen que hechos como los que supuestamente se están presentando afectan la independencia de la Rama Judicial”. Se referían a “los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes integran la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”.

El asunto fue subiendo de nivel y en el mundo político muchas reacciones fueron llegando, empezando por el mismo presidente Gustavo Petro en sus redes sociales: “Desde el primer día de Gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este Gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, dijo que la izquierda “no puede de ninguna manera hacer lo mismo que hicieron gobiernos de la derecha”. El embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, se preguntó: “¿Hay enemigos dentro del Estado desobedeciendo el mandato ciudadano que hoy defiende los derechos políticos y democráticos?”. El expresidente Álvaro Uribe, quien durante su administración tuvo que enfrentar acusaciones de espiar a la Corte Suprema y que siempre ha negado, escribió: “Me parece bien grave ese señalamiento. Nunca hice seguimientos a la Corte Suprema. Y me preocupa mucho que ahora la Corte Constitucional se queje”. Y el senador David Luna recalcó: “Acá no podemos repetir los errores del pasado, los crímenes del pasado. Este Gobierno está acusado por corrupción, obviamente por clientelismo, y ahora por chuzar. Queremos respuestas y las queremos pronto”.

El presidente Gustavo Petro escribió, además, un mensaje adicional en sus redes: “Si al magistrado Ibañez le ha llegado ‘whatsapps’ con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del Gobierno sino del Gobierno con las otras ramas del Estado”. Y hasta completó su escrito con la siguiente frase: “Dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis”. Es decir, Según el jefe de Estado, las confirmaciones que habrían recibido los togados sobre interceptaciones eran en realidad mensajes de “grupos de la extrema derecha” que les llegaron por mensajería instantánea y que tienen el objetivo de “romper las relaciones personales al interior del Gobierno”, así como con otras ramas del poder.

Para esa misma semana, el 25 de junio, entró la Procuraduría con la apertura de “una indagación preliminar para investigar las denuncias hechas sobre posibles seguimientos ilegales por parte de miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)”, la redacción Judicial analizó lo que dijo el presidente Gustavo Petro cuando aseguró que hay noticias falsas sobre una guerra interna en su Gobierno, pese a que, quién habló de “fuego amigo”, fue su propia esposa, Verónica Alcocer, y también les contamos las declaraciones del magistrado Ibañez en medio de todo este asunto:

Judicial

Chuzadas a magistrados: Procuraduría abre investigación contra funcionarios del DNI

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Chuzadas a magistrados: las otras alertas de interceptaciones en las altas cortes

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“Yo no soy víctima”, magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre posibles chuzadas

Judicial

Las imprecisiones del presidente Petro en el caso de las chuzadas a magistrados

De acuerdo con este texto de Jhordan C. Rodríguez, de la redacción Judicial, aunque hasta ahora la “Corte Constitucional prendió las alarmas por las supuestas interceptaciones, desde 2023 el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia ya tenían alertas e información de que sus magistrados estaban siendo víctimas de interceptaciones y seguimientos ilegales”. En un extenso reportaje, Rodríguez contó que “los primeros ruidos que hubo sobre supuestas interceptaciones por parte de la inteligencia del gobierno de Gustavo Petro a miembros de las altas cortes apareció en marzo del año pasado, cuando el entonces presidente de la Corte Suprema, el exmagistrado Fernando Castillo, lanzó las primeras alertas”.

Allí, en el texto del periodista encargado de seguir en detalle las noticias que surgen de las altas cortes, se lee que “el propio director de la DNI confirmó que desde el año pasado la Corte Suprema ya le había alertado sobre la situación. Según fuentes del alto tribunal, las sospechas estaban fundadas no solo en fallas en sus equipos y en sus celulares oficiales, sino que, con ayuda de algunos técnicos, revisaron esos problemas, especialmente en sus comunicaciones. Aunque esa revisión fue para prevenir y entender lo que pasaba, los resultados llevaron a emitir una alerta oficial que le transmitieron al gobierno de Gustavo Petro a través de quien para la época era el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González”.

Ya vamos también en que los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enviaron una carta al búnker de la Fiscalía con una solicitud urgente: que se investigue posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de sus magistrados. “La misiva de la JEP es enviada en un contexto en el que magistrados de las altas cortes tienen sospechas de que sus celulares fueron interceptados de manera irregular”.

Presidente de la Corte Suprema se reunirá con director nacional de Inteligencia

Y antes de seguir, pero después de que estallara todo este escándalo, ¿qué dijo públicamente el vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibañez? Primero, dijo que ya puso en conocimiento de la Fiscalía las distintas pruebas sobre las posibles ilegalidades de las interceptaciones. Que los hechos se presentaron en los equipos de tres de cuatro colaboradores de su despacho. Que, hasta el momento -y eso fue el 26 de junio-, solo se ha limitado a poner en conocimiento del presidente de la Corte, el magistrado José Fernando Reyes, y de la Fiscalía, los hechos. Que por ahora no se ha reunido con el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón Rodríguez, ni con algún miembro del gobierno de Gustavo Petro. Que la investigación que ya adelanta la Fiscalía es reservada y que él y sus colaboradores han ampliado la información con los fiscales encargados del caso. Que hasta el momento no tiene información concreta sobre chuzadas por parte del Gobierno, pero que sí tiene indicios que le permitieron pedirle a las autoridades competentes que investiguen si realmente hay interceptaciones a sus comunicaciones.

El togado recordó que “no es la primera vez, en mi caso, que intervienen las comunicaciones. En otra ocasión no solo fui objeto de intervenciones, sino también de seguimientos, y en esas ocasiones las puse en conocimiento de las autoridades y en el entretanto mantuve mi postura. Un juez de la República no puede tener temor”.

Pero ¿por qué se habló de imprecisiones de parte de Gustavo Petro? La redacción Judicial nos lo explicó en cuatro puntos después de que el mismo mandatario hiciera referencia a las “chuzadas” en uno de sus discursos públicos: 1. “El origen de las chuzadas son cadenas de WhatsApp”, 2. “Para el presidente, todo se trata de rumores que el periodismo volvió noticia”, 3. “La comparación con el escándalo de las chuzadas del DAS” y 4. “El “fake news” para debilitar al gobierno rompiendo relaciones internas”. Todo el análisis aparece en este detallado texto, pero aquí dejamos algunos adelantos:

1. Según el discurso del presidente Petro, el tema de las interceptaciones a magistrados de las altas cortes nació por una cadena de mensajes de WhatsApp, sin mayores pruebas o indicios. Pero al menos cuatro funcionarios de la cúpula de la justicia han alertado a las autoridades de que hay indicios serios para creer que sí están siendo blanco de seguimientos y chuzadas. Incluso se lo informaron a las autoridades encargadas.
2. El mandatario dice que son rumores. Pero el asunto ya va en que no solo “el Consejo de Estado ya tenía el concepto técnico de expertos”, sino que “el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez describió en una carta los detalles de lo que estaría sucediendo. El documento se lo presentó al presidente del alto tribunal, José Fernando Reyes, quien invitó a la fiscal Luz Adriana Camargo a la Sala Plena y le entregó la misiva, como un gesto formal para instaurar una denuncia y que sea la Fiscalía la que se encargue de investigar el tema. Fiscales delegados ante la Corte Suprema ya se reunieron con Ibáñez y sus auxiliares para ampliar los hechos y avanzar en las pesquisas que buscan esclarecer este nuevo capítulo de interceptaciones ilegales.
3. La comparación con el DAS. “El presidente Petro, además, señaló que senadores, como él mismo lo era en el momento, denunciaron con pruebas en mano las andanzas ilegales del DAS. “Si yo comparo con la del pasado, había denunciantes, confesos, capturas y el allanamiento de lugares especializados en la interferencia de comunicaciones. Hoy yo no encuentro ninguno. Entonces, ¿la acusación es cierta o falsa?”, agregó Petro. El problema de recordar ese caso es que no solo se trata de dos momentos diferentes de la historia política y judicial del país, sino que este tipo de denuncias de interceptaciones no son fáciles de probar, mucho menos cuando, al parecer, su origen está en el propio Gobierno”. Por eso es determinante esperar la investigación y la recopilación de información, una tarea en la que ya está la misma Fiscalía.
4. Dijo el presidente Gustavo Petro que “están intentando debilitar al Gobierno, rompiendo sus relaciones internas y sus relaciones con las otras ramas de poder público con fake news. Es la táctica de Goebbels: repita y repita la misma mentira que algo quedará”. Aunque esto no pareciera tener relación directa con las supuestas “chuzadas”, resulta que “quien habló por primera vez de la ruptura de las relaciones internas fue la propia primera dama, Verónica Alcocer. Además, fue ella quien alertó a la Fiscalía, ahora sí, de cadenas de WhatsApp, con rumores e información sin confirmar sobre su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Incluso se informó que Alcocer y también Laura Sarabia pidieron que funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en cabeza de un hombre de confianza del presidente, dejaran de protegerlas.

Iba terminando junio y el país se enteró de una noticia que poco interés había suscitado en el ámbito nacional. Carlos Ramón González, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aseguró que el director de Contrainteligencia de la entidad, el coronel Edwin Chavarro, había salido de su cargo, y aunque insistió en que la baja del uniformado no tiene nada que ver con los señalamientos actuales de chuzadas, González dijo en entrevista con W Radio que el coronel Chavarro “hacía parte de una de las direcciones de inteligencia (…) con la llegada mía, hubo un señalamiento concreto de este señor por parte de los magistrados de las altas cortes, investigamos sobre este tema, el presidente cuando me pidió dirigir la DNI me pidió el favor que quitara cualquier sospecha al respecto y uno de los cambios que se hicieron fueron esos”.

Y aseguró que, tras su reciente reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, “la petición fue que cuando existan estas dudas se aproximen a las autoridades competentes y pongan la versión y los hechos, para efectos de descartar cualquier tipo de delito. No hay queja formal, de ninguna naturaleza, hay rumores, pero este Gobierno nunca haría una cosa de esas”.

Desde El Espectador, buscamos directamente a Carlos Ramón González para que fuera él mismo quien respondiera por todos los señalamientos, asegurando que no hay ninguna acción penal explícita contra una persona o entidad y también planteó una veeduría judicial con las altas cortes a los sistemas de inteligencia del país. También entrevistamos al senador David Luna y contamos el caso de Verónica Alcocer y Laura Sarabia con sus esquemas de protección:

Judicial

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¿Por qué estamos hablando otra vez de chuzadas?

La investigación, por parte de la Fiscalía, está en marcha. El Gobierno ha dejado claro, por todos sus canales posibles, que no está detrás de ningún tipo de interceptación ilegal. Los magistrados, de distintas cortes, esperan el resultado de las pesquisas, pues los investigadores también han llegado a la JEP para entender la situación que allí se sospecha.

La historia de Colombia con las interceptaciones ilegales no es poca y requiere de no solo las denuncias correspondientes sino del trabajo del ente investigador contundente. Por ejemplo, en el 2009 se denunció que se estaba usando al DAS para chuzar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas y a opositores del gobierno de Ávaro Uribe Vélez. El asunto fue tan delicado que hay condenas por esos hechos, como la de María del Pilar Hurtado (quien fuera cabeza de esa entidad) y la de Bernardo Moreno, exsecretario general de la presidencia. Pero no solo en esa administración hubo denuncias por chuzadas, también en el de Santos se supo de la operación Andrómeda y supuestos ataques en contra de la seguridad nacional, en el de Iván Duque salió un general del Ejército, Nicacio Martínez, por un comportamiento similar de interceptaciones ilegales en esas fuerzas militares.

Sin juicios, con hechos, hay que esperar las investigaciones, las pruebas y el compilado de toda la información que permita despejar cualquier duda al respecto. No es bueno para ninguna sociedad siquiera pensar en que las herramientas estatales se usan de manera ilegal con propósitos de beneficio individual, de unos pocos para conseguir eso, beneficios. Bien le vendría al país, como lo pidió la cabeza de la DNI, una veeduría judicial con las altas cortes a los sistemas de inteligencia del país y que eso sirva para limpiar cualquier sospecha de ilegalidad.

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