Gloria Lara de Echeverri apareció muerta con un tiro en la cabeza el 28 de noviembre de 1983. Su cuerpo estaba en la puerta de la iglesia del barrio Bonanza de Bogotá, al lado de una bandera de la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP). Su caso llevaba días en primeras planas, pues había sido secuestrada el 23 de junio de ese mismo año, en medio de su gestión como directora nacional de Acción Comunal y Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. La investigación por dar con los responsables cayó en la absoluta impunidad, en medio de un montaje judicial que se orquestó desde el Ejército y que hoy constituye un capítulo sombrío de la guerra en Colombia.
En medio de ese contexto, el Estado colombiano llegó a un acuerdo con la familia de Lara. El próximo 22 de mayo, Colombia pedirá perdón por el crimen. En diálogo con El Espectador, la familia de Gloria Lara señaló que este acto, después de más de cuatro décadas de impunidad, resulta “un alivio”. Héctor Manuel Echeverri Lara, uno de los hijos de Gloria Lara, fue quien impulsó el caso de su madre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, cuando su defensa presentó la petición para que la investigación fuera revisada a nivel internacional. Solo hasta 2022, la instancia internacional aceptó revisarlo y, bajo la nueva política de defensa jurídica del Estado, Colombia decidió negociar y pactar una serie de acuerdos con los Echeverri Lara, como pedir perdón.
El caso de Gloria Lara conmocionó al país, no solo por las labores que desempeñó como funcionaria del gobierno, sino también porque había sido concejal de Bogotá y embajadora de Colombia ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, su esposo, Héctor Echeverri Correa, fue senador en esa misma época. Por eso, cuando se confirmó su secuestro el 23 de junio de 1982, la atención se enfocó en su paradero y en las pruebas de supervivencia que fueron entregando a cuenta gotas los secuestradores. En ellas, pedían dialogar con su familia, bajo la amenaza de que, si no contestaban, la asesinarían.
La primera prueba de supervivencia llegó al periódico El Bogotano el 12 de julio de 1982. La fotografía mostraba a Lara sentada al lado de un hombre encapuchado y armado. Además, a ese mismo medio llegó una carta de los secuestradores, que aseguraban no ser miembros de la guerrilla del M-19, pues, días después del plagio, se señaló a esa guerrilla de estar detrás de los hechos. Tres meses después, en octubre, llegó al diario una segunda foto de Lara en la que sus secuestradores advirtieron que sería asesinada al día siguiente, 29 de octubre, porque no habían podido entablar un diálogo con la familia de Lara. Sin embargo, el 30 de octubre, los criminales dijeron que ampliarían el plazo, porque la familia de la víctima tendría la intención de dialogar para mediar por su liberación.
El 28 de noviembre los periódicos El Bogotano y El Tiempo fueron alertados de que Lara de Echeverri había sido asesinada y que su cuerpo yacía frente a una iglesia del barrio Bonaza de Bogotá. Tras más de 150 días de secuestro, Gloria Lara fue encontrada muerta. Las investigaciones judiciales para dar con los responsables del crimen empezaron y rápidamente se obtuvieron nombres y capturas por el plagio y el asesinato. Un mes después, el general del Ejército, Fernando Landazábal, y el director de la Brigada de Institutos Militares, el general Hernando Díaz Sanmiguel, manifestaron públicamente que habían sido capturadas 20 personas que habrían estado implicadas en los hechos.
Incluso, el general Díaz Sanmiguel dio a conocer los videocasetes con las confesiones de los capturados y el supuesto autor del disparo. En primer momento, el Ejército aseguró que el secuestro y asesinato fueron para financiar la ORP, debido a su clase e influencia social. Además, que los líderes de la organización eran Miguel Gamboa y Hernando Franco, profesores de la Universidad Nacional. A pesar de las hipótesis y supuestas confesiones, en agosto de 1983 el Juzgado 16 superior de Bogotá desestimó las 20 capturas, porque, según el juez Jorge Enrique Alford Córdoba, las versiones entregadas por los capturados eran contradictorias. Además, se comprobó que algunas versiones fueron obtenidas bajo tortura de los militares y dejaban vacíos en la historia del crimen de Gloria Lara.
Fue en ese mismo juzgado donde el caso dio un giro total: los primeros implicados fueron dejados en libertad. Inmediatamente, la mayoría de ellos, según la Comisión de la Verdad, se exiliaron fuera del país. Algunos de ellos, años después, dieron su testimonio de cómo, a través de la violencia, los militares obtuvieron las confesiones. Según la Comisión, prevaleció una “instrumentalización de la justicia y del dominio del Ejército en el aparato estatal para fabricar un falso positivo judicial”. Los señalados eran dirigentes de izquierda, algunos vinculados al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán y otros al Partido de los Trabajadores en Colombia o a la Democracia Popular, organizaciones legales cercanas a la Anuc.
Esta última organización, surgida en la reforma agraria del gobierno Lleras Restrepo (1966-1970), había sido protagonista del accionar político campesino en los años 70, pero comenzaba a ser blanco de la guerra sucia, en especial del grupo Muerte a Secuestradores (MAS). Los testimonios que logró recolectar la Comisión sobre la manera en que los militares lograron las falsas confesiones coinciden en el contexto de violencia. “Antes y durante la grabación, un encapuchado iba señalando lo que yo debía decir”. Así resumió uno de los exiliados. Después de ser sometidos a prácticas crueles, amenazas y todo tipo de presiones, quedaron voces de responsabilidad sin asidero.
Otro de los testimonios señaló: “Es que la rectificación se escucha mucho menos”. Y recordó que el caso de Gloria Lara, no solo por la atrocidad del delito, fue convertido en un espectáculo noticioso en el que los periodistas fueron quienes resolvieron el caso. En medio de la presión militar y mediática, la decisión del juez Alford de dar la libertad no fue suficiente para los procesados. El acoso continuó hasta que la única opción para sobrevivir fue el exilio, que derivó en proyectos de vida rotos, proyecciones profesionales que nunca se concretaron e, incluso, en disoluciones familiares. En sus casos, como en el de Gloria Lara, sigue reinando la impunidad.
Por eso, que Colombia pida perdón por los años en los que la justicia ha sido esquiva para la familia Echeverri de Lara resulta un alivio. Aunque son optimista por el acto a su favor después de 41 años, asegura que se mantiene escéptica porque el Estado no hizo su trabajo en todo este tiempo y aún no se sabe quién estuvo detrás del crimen de Gloria Lara. “Es la primera vez en 42 años que alguien reconoce que se cometió una falta y que alguien se hace responsable. El Estado ha sido todo el tiempo indiferente e indolente. Se agotaron todas las etapas en Colombia y tocó acudir a instancias internacionales, porque fue la única manera de que alguien escuchara”, concluye Héctor Echeverri Lara.
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