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16 Nov 2021 - 2:00 a. m.

El estancado proceso de extinción de dominio contra los Álvarez Meyendorff

La Fiscalía admitió que, luego de ocho años, el proceso de extinción de dominio no ha avanzado y está lejos de finalizar. El proceso pretende determinar si más de 300 inmuebles eran de miembros de los carteles de Cali y norte del Valle. La defensa de los hermanos denuncia irregularidades, las cuales encabezó el exfiscal condenado Rodrigo Aldana.
David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Periodista Judicial
 Ignacio Álvarez Meyendorff fue capturado en Buenos Aires en 2011. / Cortesía PFA.
Ignacio Álvarez Meyendorff fue capturado en Buenos Aires en 2011. / Cortesía PFA.
Foto: Ignacio Álvarez Meyendorff

Lo que fue anunciado como la mayor operación de extinción de dominio en Colombia por la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General y que fue dirigida desde 2013 por el fiscal condenado por corrupción Rodrigo Aldana, lleva ocho años sin que el proceso tenga mayores avances en el ente investigador. Se trata del proceso en el que incautaron 362 bienes, avaluados en $1,2 billones y que, según las investigaciones de la Unidad contra el Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Fiscalía, pertenecían a los hermanos Juan Fernando e Ignacio Álvarez Meyendorff, condenados en Estados Unidos por delitos de narcotráfico mientras integraron el cartel del norte del Valle.

En una resolución de 18 páginas, el fiscal que ahora está a cargo del caso, José Uriel Acero García, dejó plasmada la realidad de este enorme expediente, que ha tenido tres fiscales desde su génesis. “Lo que sugiere (el proceso) es una cruda realidad y es que este asunto no se finiquitará en un plazo razonable. Lo que se vislumbra es que no se puede determinar en cuánto tiempo más se pueda concluir la primera fase del proceso, como es la notificación de la resolución de inicio (del proceso) por cuanto hacen falta muchas personas”, dice el documento conocido por este diario y fechado el pasado 30 de septiembre de 2021 por el fiscal Acero, quien lleva un año al frente.

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Cuarenta cuadernos de la investigación, otros 45 de anexos, 31 oposiciones al proceso, 20 solicitudes de improcedencia del caso y 31 recursos de apelación son la radiografía de un expediente que en palabras del fiscal Acero implican una labor “bastante dispendiosa, porque se requiere el estudio de mucha información que reposa en documentos y en ello llevamos más de un año, aunado a las contingencias que son de público conocimiento”. Por ende, Acero decidió dividir el expediente en dos subcasos, con el fin de discriminar los bienes que fueron incautados en dos grupos. El primero de ellos reúne los bienes de las personas directamente relacionadas con la investigación.

Es decir, el núcleo familiar de los Álvarez Meyendorff y sus allegados, más las sociedades de las que hacen parte. En este primer listado aparecen 55 sociedades que agrupan varios inmuebles relacionados con el clan Álvarez, Meyendorff (fincas, lotes, empresas, apartamentos, hoteles, haciendas, consultorios, garajes, locales comerciales). El segundo grupo de bienes está conformado por ciudadanos que aparecen encabezando las propiedades luego de sucesivas ventas. Son 55 bienes que en su mayoría son lotes, casas, fincas y locales, en ciudades como Bogotá, Cali, Chía, Santander de Quilichao, Pereira, La Celia (Risaralda), Armenia, Puerto López (Meta), Cartagena y Santa Marta.

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“De esta manera se atenderán las peticiones que en ese sentido han elevado algunos de los afectados a través de sus abogados que en forma particular reclaman celeridad en la actuación para que se les resuelva de manera muy pronta la situación jurídica de sus bienes”, dice la resolución de la Fiscalía, que tiene como hipótesis que estos bienes eran manejados por 18 testaferros que estaban al servicio de los Álvarez Meyendorff. El expediente también apunta que estas personas se encargaban de darle apariencia de legalidad a los bienes que habían comprado con dineros que ganaron mientras fueron socios de los narcotraficantes Víctor Patiño Fómeque y Wílber Varela, alias Jabón.

El origen del caso

Las primeras informaciones que llegaron a la Fiscalía sobre la posible existencia de una red de testaferros asociada a grandes capos del cartel del Norte del Valle llegaron en 2011. Ese año empezó a declarar ante el ente investigador Diego Efrén López Peña, un hombre que entregó detalles de cuáles eran, supuestamente, los bienes de la mafia en esta zona del país. Las investigaciones luego confirmaron que algunas de esas propiedades hacían parte de una sociedad vinculada a las familias Urdinola y Henao, claves dentro del narcotráfico en el Valle. Investigaciones posteriores dieron cuenta de personas en común entre las empresas vinculadas al cartel del Norte del Valle.

Un informe del CTI de enero de 2013 señala que investigadores entraron en contacto con una fuente no formal que les dio detalles sobre los bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff, que eran requeridos en ese momento por las autoridades de los Estados Unidos. Desde ese año hasta 2015, el fiscal Rodrigo Aldana asumió el caso y desplegó todos los operativos para ocupar los 362 bienes que hacen parte de este expediente, que luego le acarreó problemas ante la justicia a partir de 2017. Ese año la Corte Suprema condenó a Aldana por los delitos de cohecho propio (soborno), prevaricato por omisión y delitos contra la administración pública.

El exfiscal aceptó cargos ante el alto tribunal y confesó que se quedó con un apartamento en Bogotá que le entregó el exsenador condenado por Odebrecht Otto Bula, como soborno para que no incluyera tres predios en el proceso de extinción de dominio de los Álvarez Meyendorff. “De esta manera, Aldana pretendió reconocerle a Bula, así como a la Sociedad Agropecuaria El Central S. A., controlada por éste, la calidad de terceros de ‘buena fe cualificada’ o exenta de culpa y, en consecuencia, disponer el levantamiento de las medidas cautelares que afectaban tres predios ubicados en Sahagún, de 650, 50 y 23 hectáreas”, señaló la Corte, que hace un mes le rebajó la pena de nueve a ocho años de cárcel.

Además del episodio de Aldana, el abogado de los hermanos Álvarez Meyendorff, Hernando Nates, le dijo a este diario que “en 2020, sabemos que Ana Catalina Noguera, entonces cabeza de la Dirección contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía, ordenó que se hiciera un informe de análisis criminal en este caso de extinción de dominio. Eso dio un resultado en diciembre pasado, pero no conocemos el texto, no lo han exhibido. Creemos que ese informe daría cuenta de lo que hemos sostenido: que este proceso no tiene ningún sustento judicial, es arbitrario y está totalmente viciado. Es muy extraño que este informe no se haya socializado”.

Ahora, el actual fiscal del caso, José Uriel Acero García, tiene una ardua tarea para sacar adelante uno de los grandes procesos de extinción de dominio en la historia de la Fiscalía General y cuyo expediente, desde el episodio del corrupto fiscal Rodrigo Aldana, quedó envuelto en un manto de dudas y sospechas.

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