El exmagistrado en líos por caso DNE

La Dirección Nacional de Estupefacientes fue liquidada luego de que estallaran múltiples escándalos de corrupción. /Archivo

Los líos de corrupción y entrega irregular de bienes que llevaron a liquidar la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la encargada de administrar los bienes que se le incautaban a las organizaciones criminales del país, hoy tienen contra las cuerdas a un exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y hermano de la magistrada de la Corte Constitucional Martha Sáchica. Se trata de Luis Fernando Sáchica Méndez, quien el pasado 27 de abril fue acusado formalmente de los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público por una serie de decisiones que tomó en 2010, cuando ejercía como subdirector de la Subdirección de Bienes de la DNE.

Sáchica terminó enredado por elegir las sociedades Casamotor y Petroquality como depositarias de 12 estaciones de gasolina y gas embargadas a Gerardo Alvarado, un empresario que fue capturado el 23 de marzo de 2010, junto con sus dos hermanos y otras seis personas, por ser supuestamente testaferros de las Farc. Las pruebas en su contra eran las declaraciones del exguerrillero Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, implicado en la falsa desmovilización del frente Cacica Gaitana y acusado de mentir en varias oportunidades. Pero un año más tarde el proceso precluyó.

Mientras Gerardo Alvarado vivía un viacrucis por el proceso penal en su contra, paralelamente se vio perjudicado por las decisiones que tomaron en la DNE respecto a sus estaciones de servicio. Por eso denunció las irregularidades, la Fiscalía investigó y en marzo de 2014 le imputaron cargos a Luis Fernando Sáchica, porque habría beneficiado con contratos de arrendamiento a Petroquality y Casamotor. Según las pesquisas, Sáchica cometió irregularidades dos meses antes de que las autoridades evidenciaran el supuesto nexo entre Alvarado y las Farc.

El 12 de enero de 2012, antes de que la Fiscalía decidiera arrebatarle los bienes a Gerardo Alvarado, el el exmagistrado suscribió un acta en la que designaba a Casamotor, en representación de Adolfo Castillo Lozada —quien al parecer huyó de las autoridades al salir del país—, como depositaria de las sociedades Movilgás Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado Rido y Cia. Para los investigadores, tal situación revelaba “el interés particular de Castillo Lozada para obtener las utilidades generadas por estas sociedades”.

Es más, el 19 de abril de 2010 Sáchica posesionó a Castillo como depositario provisional, al parecer ignorando otras propuestas. Sin embargo, para la Fiscalía el plan falló en un principio, ya que Casamotor sólo obtenía el 8% de las utilidades, lo que no les dejaba las ganancias esperadas. De esta forma, Castillo le dijo a la DNE que ser depositario no era negocio, por lo que Sáchica tuvo que realizar un nuevo proceso de selección, en el que resultó ganador Petroquality.

Según la Fiscalía, el proceso estuvo viciado. Tanto así que, a pesar de que el comité de selección de la DNE designó a Petroquality como depositario el 29 de junio de 2010, los cronogramas de la invitación pública se corrieron hasta el 23 de julio de ese año. La explicación es que, supuestamente, en el momento de la elección la sociedad no tenía registrado en la Cámara de Comercio un representante legal. Según los certificados, apenas el 22 de julio de 2010 se registró a Óscar Buitrago como representante legal de Petroquality.

Para los investigadores, la extensión de los plazos del cronograma tenía como fin dar visos de legalidad a las irregularidades que se presentaron en el momento en que el comité eligió a Buitrago como depositario, ya que se obvió por completo que Petroquality no tenía inscrito un representante legal y por ende estaba inhabilitada para contratar. La Fiscalía indicó que Sáchica violó los principios de transparencia, igualdad de condiciones y objetividad porque no fueron evaluadas las propuestas de otros oferentes.

Además precisó que la sociedad no cumplía con los requisitos, pues sólo tenía tres años de experiencia, su planta de personal era de seis personas, no contaba con permisos de operación para el tráfico de combustible y su capital eran $100 millones, una cifra cuatro veces menor a las utilidades de las empresas de Alvarado. La Fiscalía agregó que a los seis días de que Sáchica y el comité establecieran que Petroquality era idóneo, el depositario Buitrago dijo que su sociedad no estaba en capacidad para desarrollar la labor y que firmaría un contrato de arrendamiento con Casamotor por un valor de más de $6.000 millones en el que la DNE recibiría $100 millones.

Esta situación tampoco se cumplió porque a las arcas de la entidad sólo entraron $450 millones de los $1.200 millones que debió recibir mientras Casamotor operó las estaciones de combustible. Es decir, la estrategia que en un principio tenían Sáchica y Castillo debió modificarse, ya que no les bastaba el 8% de las utilidades. De acuerdo con la Fiscalía, esa fue la razón para seleccionar a Petroquality como depositario, porque Casamotor, siendo un tercero, no tenía obligaciones directas con la DNE. Desde que Gerardo Alvarado recuperó su libertad, en abril de 2011, se ordenó el reintegro de sus estaciones de servicio. Ahora busca una reparación superior a los $100 millones. Mientras tanto, Sáchica continuará afrontando su proceso en libertad, Adolfo Castillo Lozada no aparece y Óscar Buitrago, al parecer, está en Argentina.