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La situación de órden público en Bello, Antioquia (uno de los diez municipios que conforman la subregión del Valle de Aburrá) viene siendo una de las más violentas desde hace una década en el país. El primer semestre de 2019 fue uno de los más díficiles en cuanto a homicidios en los últimos tres años, además, en lo que va corrido del año van 119 asesinatos, aproximadamente.
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Según Medicina Legal, durante 2017 y 2018 fueron asesinadas 80 y 78 personas, respectivamente, lo que representa una tasa promedio de 17 homicidios por cada cien mil habitantes, una reducción muy significativa, teniendo en cuenta que en 2016 la tasa era de 23 homicidios por cada cien mil habitantes y que ya venía en marcha un proceso significativo de disminución de homicidios desde 2012, donde la tasa era de 27 homicidios.
La tensa calma que vive el municipio en este segundo semestre del año puede estar en peligro según una reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. El organo encabezado por Carlos Negret señaló que en esta zona del país se estaría replicando una dinámica del conflicto que se vive en la subregión antioqueña del Bajo Cauca, donde los grupos armados se disputan las rutas del narcotráfico y la minería ilegal.
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En detalle, este organismo adscrito a la Procuraduría General, narra que en Bello, desde hace siete años, existe una hegemonía de la alianza entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y el Cartel de Sinaloa sobre las bandas criminales bellanitas, pero que en los últimos meses se ha resquebrajado. El sector minoritario disidente de la banda de los Pachelly (una de las organizaciones criminales más poderosas del municipio) y las bandas de El Mesa y Niquía Camacol sostendría una alianza con el ELN y el autodenominado Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como los Caparros.
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En el Bajo Cauca antioqueño la población civil también ha soportado este escenario en donde se enfrentan las AGC vs. el Eln y los Caparros, con cartel mexicano abordo en cada bando. En este último habría un pacto criminal con el cartel de Jalisco Nueva Generación, quienes, según la Defensoría, estarían recibiendo apoyo económico y el suministro de armas procedentes del norte del continente americano. Esta confrontación se extiende, según la institución, hacia Medellín, el norte antioqueño y el sur de Córdoba.
Entre 2011 y 2017, la participación de las estructuras armadas ilegales de Bello en el mercado internacional de la cocaína estuvo marcada por el dominio de las AGC en la región antioqueña como proveedor de la cocaína que compran los de Sinaloa, quienes a su vez distribuyen ese producto en Estados Unidos. Esta ruptura desde Bello puede generar el escalamiento de la violencia en zonas de producción de cultivos ilícitos, como en rutas de movilidad de mercancías ilegales, siendo el occidente de este municipio un lugar fundamental para la movilización de la ilegalidad entre el noroccidente y el suroccidente del país.
El conflicto al interior de la banda los Pachelly, con la señalada participación de los grupos de El Mesa y Niquía Camacol, se ha caracterizado por ser altamente violento durante lo corrido del año. Varios de los homicidios perpetrados han sido cometidos con un alto nivel de sevicia; en algunos casos se evidencian torturas y tratos crueles, en otros ha habido desmembramientos, decapitaciones y los cuerpos son dejados en vía pública, envueltos en plásticos. Este tipo de homicidios también han sido registrados en municipios donde se ha denunciado la influencia de emisarios de carteles de la droga mexicanos, como Tuluá, Buenaventura y Jamundí, todos ubicados en el Valle del Cauca.
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Durante 2019, se han producido varios enfrentamientos entre las bandas con armas largas, durante el día y con población civil en medio del fuego. Tal confrontación también ha permitido revelar un nuevo escenario de pactos entre estructuras armadas ilegales, que podría estar generando una ruptura del bloque unido que han construido estas estructuras presentes en el norte del Valle de Aburrá, incluso al interior del denominado Cuerpo Colegiado de la Oficina del Valle de Aburrá. Esta organización, que hasta pocos años era la Oficina de Envigado, ha sido el centro de disputas del crimen organizado desde los años ochenta cuando Pablo Escobar la fundó en Medellín.
Los tentáculos llegan a Bogotá y Soacha
La confrontación violenta entre las bandas bellanitas se originó por una división al interior de los Pachelly entre integrantes de la línea tradicional contra una disidencia que controla los barrios bajos de Niquía y que estaría aliada al Mesa y a Niquía Camacol. Durante los últimos tres lustros, esta estructura ha incrementado su participación en los negocios ilegales que tienen lugar en otros territorios, lo que habría motivado, según la Defensoría, a sus principales jefes a entregar mayores responsabilidades a los mandos medios para mantener el control en el ámbito local.
Sin embargo, en este proceso se habrían presentado desacuerdos al interior de los Pachelly por la división de las ganancias de los negocios criminales (extorsiones, minería ilegal de oro y narcotráfico) gracias a la expansión de sus redes ilegales en las subregiones antioqueñas del Noreste, Norte y Bajo Cauca. Estas diferencias habrían estallado en febrero de 2019 con el asesinato de un lugarteniente de la banda Pachelly, desatando un baño de sangre en el municipio.
Pero en el trasfondo, esta confrontación se podría expandir a una escala regional a más de 15 municipios de Antioquia en donde hay presencia de estructuras de Bello y a otros sectores del centro del país como Bogotá y Soacha, como lo ha advertido la Defensoría del Pueblo desde 2017. Por ejemplo, se ha registrado presencia de estos grupos criminales en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme. "Allí, la presencia de estas estructuras es reconocida como “Los Paisas”, quienes se presumen parecen proceder de Bello y estarían vinculados a la estructura conocida como El Mesa y otros a un sector de Pachelly", dice la Defensoría.