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Esta semana se cumplieron 20 años de la masacre de Bojayá (Chocó) perpetrada por las Farc mientras sostenía un enfrentamiento con el bloque paramilitar Elmer Cárdenas en ese municipio chocoano. En el marco de la conmemoración del trágico hecho, que dejó 98 personas muertas, hubo varias reacciones sobre lo que sucedió el 2 de mayo de 2002. Por ejemplo, la representante Juliette de Rivero, de ONU Colombia para los Derechos Humanos, aseguró que el Estado colombiano no ha reconocido su responsabilidad en este caso. “Es fundamental que el Estado reconozca su responsabilidad para poder reparar integralmente y para hacer justicia”, señaló la funcionaria de Naciones Unidas.
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Tras esa declaración, el consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena, señaló el la W Radio que “la verdad es que uno trata de mantener la calma frente a las diferentes situaciones, pero estas declaraciones no pueden ser tildadas de menos que de desfachatez. Todos saben qué ocurrió, como para que una funcionaria salga con semejante declaración. Eso es irrespetar a los chocoanos, lo mínimo que puede hacer es ofrecer disculpas. Aquí hay una instancia que investiga, juzga y condena. Si ella tiene pruebas, pues que las instancias investiguen, pero no nos vengan a decir ahora que ahí es culpa del Estado. Ahora le salimos a deber a las Farc, ¡faltaba más!”.
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Sin embargo, el alto funcionario del gobierno de Iván Duque no tuvo en cuenta que ya una alta corte condenó al Estado colombiano por la masacre de Bojayá. Lo hizo el Consejo de Estado en 2016, cuando dejó en firme la sentencia de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Chocó. El alto tribunal señaló que se presentó una omisión por parte de los miembros de la Fuerza Pública que permitieron el ataque de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Igualmente, por esta masacre fueron hallados responsables tanto las Farc como las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
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El entonces magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas, manifestó que en la determinación judicial se determinó que tanto el presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, los ministros y los comandantes de las Fuerzas Militares “personalmente deben responder con su patrimonio por el daño causado, pero adicional responder desde el punto de vista disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal”. Además, en el fallo del Tribunal, emitido en 2015, se señaló que la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, es responsable por estos hechos, por omisión, teniendo en cuenta su deber de velar por la seguridad de la ciudadanía que estaba en medio del enfrentamiento de dos grupos ilegales.
La heroína de la masacre de Bojayá
En los hechos, “los paramilitares se escondieron detrás de la Iglesia y hacia las 11 de la mañana las Farc lanzaron contra ellos una pipeta de gas llena de metralla que cayó dentro de la parroquia, donde se refugiaban más de 300 personas. El cilindro bomba rompió el techo de la iglesia, impactó contra el altar y estalló produciendo una gran devastación: en el suelo y hasta en los muros quedó la evidencia de los cuerpos desmembrados o totalmente deshechos”, relató la reconstrucción de los hechos realizada por Rutas del Conflicto. El mismo portal retoma testimonios de guerrilleros de las Farc, que a los pocos días de la masacre confesaron que sabían que había civiles dentro de la iglesia.
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