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Para soportar las presuntas irregularidades en las elecciones en Colombia que el presidente Gustavo Petro insiste en denunciar, la Presidencia le envió un derecho de petición a la Fiscalía para que le explique en qué va un proceso judicial que debió iniciar en 2018, pero de cuyo desarrollo poco se sabe.
Se trata de una investigación que debió iniciar hace ocho años, luego de que el Consejo de Estado le compulsara copias al ente investigador para que le pusiera la lupa a unas presuntas fallas en el sistema digital que, por esa época, usaba la Registraduría durante las elecciones legislativas.
La petición para investigar las supuestas irregularidades se basó en un proceso que llevó la Sección Quinta de ese alto tribunal, por cuenta de una demanda que presentó el partido MIRA en contra de los resultados de las elecciones al Congreso 2014-2018. Según el recurso, durante la jornada electoral ocurrieron varias fallas en el proceso de conteo de votos que fueron tan graves que la colectividad perdió tres curules.
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¿Qué sucedió en 2014 y 2018?
Lo que acreditó el Consejo de Estado el 8 de febrero de 2018, a pocos meses de las elecciones legislativas de ese año, es que sí se cometieron irregularidades en el proceso de 2014 y que fueron tan delicadas que hicieron que el partido MIRA perdiera tres curules en el Senado. Algunas de ellas fueron: destrucción de material electoral, inconsistencias en los formularios y el sabotaje del software electoral.
Esta última falla, se lee en el fallo, afectó a 1.412 mesas, lo que llevó a que la colectividad perdiera más de 236.000 votos. Además, la justicia logró probar una injusta disminución en la votación del movimiento MIRA, cuya causa fue la utilización de plumones que no eran de secado rápido, originando que al doblar el tarjetón se produjera una doble marcación, lo que convirtió sus votos en nulos".
Con esas evidencias en mano, el Consejo de Estado ordenó, no solo reconocer los derechos políticos de MIRA, sino otra serie de medidas, como ordenarle al Estado a tener su propio sistema digital para las elecciones. Una orden que cumplió la Registraduría en 2022. Asimismo, le compulsó copias a la Fiscalía para investigar si en esas irregularidades había conductas penales.
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Ahora, ocho años después, para el presidente Petro, esas mismas irregularidades ocurrieron en las pasadas elecciones legislativas y espera que no se apliquen en las próximas irregularidades. Al respecto, las palabras textuales del jefe de Estado fueron: “Lo que se encontró como fraudulento, demostrado por la justicia, sigue vigente. Se aplicó en 2022 y espero no se aplique en 2026. Tengo pruebas de cómo se usó contra el Pacto Histórico y contra mí”.
Por eso, le pidió a la Fiscalía conocer en qué van sus averiguaciones. Para el presidente, en los últimos 10 años, la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha cambiado “el software vulnerable” con el que se computan los votos. Sin embargo, el registrador Hernán Penagos ya aclaró que ese señalamiento es falso, pues hace cuatro años se cambió el sistema de escrutinio nacional, que ahora funciona con uno nuevo, propiedad de la firma española Indra.
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