Entre política, cifras y regiones: así termina la era Barbosa

Francisco Roberto Barbosa Delgado cumplió 1.460 días al frente de la Fiscalía. Este lunes 12 de febrero es su último día como jefe de una de las entidades más poderosas del país y su administración la termina, eso sí, en medio de una altísima tensión política, en la que él se convirtió en uno de los principales actores. Sus declaraciones y las órdenes de su administración han terminado por atizar el fuego de una confrontación que, hasta el jueves pasado, se mantenía contenida en trinos y declaraciones, que fueron subiendo de tono, mientras que su salida de la Fiscalía se hacía inminente. Su paso por el búnker, no obstante, es motivo de críticas, no solo por su protagonismo en el ámbito político, sino por la manera en que administró la entidad durante los últimos cuatro años.

Francisco Roberto Barbosa Delgado cumplió 1.460 días al frente de la Fiscalía. Este lunes 12 de febrero es su último día como jefe de una de las entidades más poderosas del país y su administración la termina, eso sí, en medio de una altísima tensión política, en la que él se convirtió en uno de los principales actores. Sus declaraciones y las órdenes de su administración han terminado por atizar el fuego de una confrontación que, hasta el jueves pasado, se mantenía contenida en trinos y declaraciones, que fueron subiendo de tono, mientras que su salida de la Fiscalía se hacía inminente. Su paso por el búnker, no obstante, es motivo de críticas, no solo por su protagonismo en el ámbito político, sino por la manera en que administró la entidad durante los últimos cuatro años.

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Barbosa el político

Vamos por partes. Francisco Barbosa llegó y salió de la Fiscalía en medio de cuestionamientos por su cercanía a la política. La primera estaba cantada desde que su compañero de universidad, el expresidente Iván Duque, lo ternó y luego fue elegido por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2020. Sobre él no solo llovieron críticas por su cercanía con el entonces primer mandatario, sino porque no tenía experiencia en temas penales ni en la dirección de entidades públicas. Ya investido como fiscal, llegó el problema: su presunto impedimento en las investigaciones por una supuesta compra de votos a favor de la campaña de Duque. Un caso que se conoció como la ñeñepolítica, por el supuesto vínculo ilegal del ganadero y señalado narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández.

Barbosa siempre dijo que no tenía ninguna razón para apartarse del caso, pues los fiscales eran autónomos y porque no tenía “línea directa con el presidente”. Finalmente, en julio de 2022, la Fiscalía archivó la investigación. Su cercanía con Iván Duque marcó buena parte de su administración, no solo por la investigación de la ñeñepolítica, sino por la manera en que enfrentó la judicialización de cientos de jóvenes que salieron a marchar durante el paro nacional de 2021, una manifestación en contra del presidente del momento. Los datos puntuales de cuántas personas fueron detenidas injustamente todavía están en cálculos, pero organizaciones como Temblores y Human Rights Watch denunciaron desde el primer momento una desmedida respuesta de la Fiscalía de Barbosa.

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Si sus vínculos políticos con el expresidente Duque marcaron sus tres primeros años en la Fiscalía, en su ocaso como fiscal general la política no le fue tampoco ajena. Para muchos expertos, Barbosa ha sido el fiscal más político en los 33 años que tiene la entidad, puesto que se lo pelea con Néstor Humberto Martínez, quien llegó a la Fiscalía en 2016 luego de ser superministro de Juan Manuel Santos. El Barbosa político tomó fuerza cuando llegó Gustavo Petro a la Casa de Nariño y, aunque al comienzo la relación entre ambos funcionarios fue cordial, la dicha no duró. Los episodios de confrontación son ya muchos, pero los más graves fueron dos. El primero, en mayo de 2023, cuando el presidente dijo públicamente que era el jefe del fiscal y Barbosa le contestó que era un dictador.

Y el segundo, cuando el saliente fiscal aseguró, el pasado 12 de enero, que Petro está poniendo en jaque al país, tal cual lo hizo Pablo Escobar en los años 80. “Barbosa se dejó llevar por las mieles del poder y cambió sus prioridades. Pasó de ser jefe de la Fiscalía a un precandidato presidencial. Desde agosto de 2022, hasta ahora, tuvo una agenda de choque de poderes que era innecesaria. Funcionalmente está claro qué debe hacer cada uno y jamás es posible que uno u otro se pueda inmiscuir en los asuntos del otro y, mucho menos, en convertirse en el contradictor. Esto le hizo mucho daño a la Fiscalía que fue perdiendo su imparcialidad desde lo judicial, para pasarse a lo político”, explicó a El Espectador Marlon Díaz, abogado penalista y vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

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Por su parte, Rodrigo Uprimny, jurista, investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional, agregó: “A pesar de que fiscales anteriores pudieron tener una agenda política, ninguno la había llevado a los burdos extremos a la que la ha llevado Barbosa. Primero, siendo como se preciaba decirlo en algunos cocteles, el escudero de Duque, su amigo de universidad. Y luego el opositor acérrimo de Petro. Fue político en los dos sentidos. Muy amigo del anterior presidente, contra quien nunca tuvo el papel de un fiscal independiente. Y luego opositor del nuevo presidente”. En este mismo sentido se pronunció Iván Cancino, abogado penalista que vivió de primera mano las particularidades de la administración Barbosa.

“Lo que empaña la labor del fiscal es haberse metido en temas tan políticos. No hemos tenido un fiscal más político que este. Y el problema de esto es mucho más profundo de lo que se cree: en el fondo queda en entredicho la Fiscalía como institución”, señaló Cancino. ¿Por qué? Porque desvirtúa su función de independencia. “El papel del fiscal no es ser cercano, ni ser enemigo del presidente. Es ser un director independiente del órgano que investiga los delitos en Colombia. En cambio, el carácter político opositor desvirtúa las investigaciones que está adelantando contra el Gobierno, aunque estén justificadas, porque se vería como retaliaciones. Por cualquier lado que se lo mire, es una situación muy desafortunada”, agregó Uprimny en diálogo con este diario.

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La percepción de los dos penalistas y Uprimny sobre el papel político de Barbosa la comparte Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Para el experto, la politización del fiscal terminó “dañando la credibilidad de la Fiscalía y tristemente opacó esfuerzos serios de algunos funcionarios”. Tanto Cancino como Díaz recordaron que, desde la época del exfiscal Alfonso Valdivieso, quien estuvo en el búnker entre 1994 y 1997, no se veía una situación tan complicada en temas de credibilidad y político. En ese momento, el escándalo que crispó las tensiones fue el del proceso 8.000, en el que Valdivieso se convirtió en el hombre encargado de perseguir a los hombres cercanos del expresidente Ernesto Samper por la financiación ilegal de su campaña con dineros de la mafia.

Barbosa y el fracaso Uribe

Desde que el fiscal saliente supo que el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba en manos de sus fiscales, siempre afirmó que los investigadores eran autónomos y que él nada tenía que ver con las decisiones que tomaran. El expediente, para muchos el más importante de la década, llegó al búnker en septiembre de 2020, luego de la renuncia de Uribe a su fuero de senador y de que la Corte Suprema afirmara que había suficientes pruebas para vincularlo a una investigación penal por soborno a testigos y fraude procesal.Desde ese momento hasta hoy, y después de cuatro fiscales, la administración Barbosa se mantuvo en que el caso debía archivarse por falta de pruebas que permitieran probar esos delitos. Sin embargo, la justicia le ha dicho, al menos en cuatro ocasiones, que se equivoca.

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La era Barbosa pasará a la historia por haber sido incapaz de avanzar en el caso. Sin embargo, en este caso, hay una particularidad más. Para los expertos consultados por este diario, el papel político del fiscal y la actuación de sus funcionarios en el caso Uribe deja entrever un pecado más de su administración: que la ley parece que solo aplica para unos. La frase es de Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, quien explica que un fiscal político como Barbosa hace que su entidad pierda la independencia e imparcialidad, cuando, en realidad, lo primordial debería ser el fortalecimiento de que su trabajo se basa en derecho, y no en política. Para el experto, la situación genera efectos negativos y debilita y hasta destruye el sistema de justicia.

“Lo que pasó con el caso Uribe en la era Barbosa es gravísimo porque pone en riesgo el principio de igualdad en la ley. Deja la impresión de que hay ciudadanos que están por encima de la ley por conexiones políticas”, agregó Pappier. Sobre este caso, Uprimny agregó un dato clave para entender un poco más la era Barbosa: el papel que jugó uno de sus hombres más cercanos, Gabriel Jaimes Durán. “La gestión de Jaimes queda resumida en su actitud sobre la investigación del expresidente. Recibe lo equivalente a una resolución de acusación o al menos una imputación fuerte de parte de nada más y nada menos de la Corte. Y, en lugar de llevarlo a juicio, pide la preclusión. Y eso es negado por una juez. Eso muestra un regaño judicial y sus sesgos y su incompetencia”.

Barbosa el de las cifras disfrazadas

Desde antes de que Barbosa llegara a la Fiscalía su trabajo en el análisis de datos ya había sido criticado por expertos que vieron con problemas que sus declaraciones sobre esclarecimiento de delitos contra líderes de derechos humanos no cuadraban con la realidad. Esas sospechas se mantuvieron durante toda su administración, sin que hubiera una corrección.

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Expertos consultados por este diario resaltaron un escenario clave en el que se evidenciaría una incorrecta manera de presentar cifras, que terminan en indicadores de gestión favorables a Francisco Barbosa. El episodio quedó en evidencia en una discusión que tuvo la Corte Constitucional durante 2021 y buena parte de 2022 sobre un álgido expediente: la situación de cientos de líderes de derechos humanos.

Cuando el alto tribunal le pidió información a la Fiscalía sobre el esclarecimiento de homicidios contra estos líderes, la administración Barbosa explicó que sus indicadores no habían hecho sino aumentar desde que el ahora saliente fiscal había llegado a la dirección del búnker y que, de los casos reportados por la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos, ya habían resuelto 293 de 562 (más de la mitad). El ponente del caso, el magistrado José Fernando Reyes, reconoció que la Fiscalía sí ha implementado líneas de acción para superar la impunidad, pero hizo un fuerte llamado de atención, pues no era posible que la Fiscalía intentara disfrazar el esclarecimiento, con apenas una orden de captura.

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El magistrado Reyes le recordó al ente investigador que la única forma de esclarecer una investigación es logrando un juicio, en donde un juez decide si condena al investigado o lo absuelve. Para el ponente, el ente investigador está confundido en este asunto y puntualiza que esto no es una controversia conceptual, pues destaca que la inexistencia de cifras claras y el uso de conceptos incorrectos generan equivocadas políticas públicas, que al final significa la desprotección de los derechos de los defensores y líderes. Los índices de la Fiscalía en esta materia no son los únicos que no cuadran. Pese a que el fiscal Barbosa presentó la semana pasada el informe de gestión de sus cuatro años, en el que aseguró que nunca había existido cifras tan elevadas en materia de resolución de casos, hay otras opiniones.

Según la Corporación Excelencia por la Justicia, durante la administración Barbosa existió una tendencia marcada. Aunque todavía hace falta medir resultados de 2023, ya se sabe que en su primer año se archivaron el 80 % de los casos; en 2021 el 78 %; y en 2022, el 82 %. Hasta ahí, el tema se queda en cifras. El problema es que, en asuntos penales, el archivo no tiene vigilancia de un juez y, como lo denunció el periodista Yohir Akerman, existió una directriz problemática en esta Fiscalía. Según su denuncia, la sugerencia de directivos de la entidad apuntó a que era necesario que fiscales archivaran casos, argumentando que no había ningún delito (atipicidad), pero sin el cuidado ni el control necesario para que la decisión fuera correcta y no una simple estrategia para elevar los índices de éxito.

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Todavía es muy pronto para entender realmente cuál es el verdadero índice de éxito de Barbosa en esta materia, de la que sigue sacando pecho, incluso en su última rendición de cuentas y en el informe que le entregó esta semana a la Corte Suprema como resumen de su gestión. “¿Pasó esto mismo con otros delitos? El fiscal aseguró ante la opinión pública que sus índices de esclarecimiento, por ejemplo, en materia de feminicidios o en hurtos violentos, era de más del 70%, pero lo que sucedió con el tema de los líderes sociales, deja mucho que desear de una Fiscalía que simplemente no fue juiciosa con sus resultados y trató de inflarlos mucho más de la cuenta”, agregó un funcionario de la Fiscalía que pidió reservar su identidad para evitar represalias.

Barbosa el regional

“Es difícil destacar, en una Fiscalía con resultados cuantitativos y cualitativos tan desastrosos, aspectos positivos”, explicó el profesor Uprimny ante la pregunta: ¿Qué rescataría de la administración Barbosa? Sin embargo, él reconoce que el fiscal tuvo la buena idea de llevar la Fiscalía a las regiones. Ese fue, precisamente, el eslogan con el que Francisco Barbosa trabajó durante sus cuatro años de gestión. Los abogados Marlos Díaz e Iván Cancino, así como Juan Pappier, concuerdan con Uprimny. “Barbosa recorrió las regiones como ningún otro fiscal lo había hecho”, puntualizó Cancino. Además, funcionarios de la Fiscalía reconocieron que otro de los retos más grandes para Barbosa fue que, cuando apenas estaba arrancando su administración, apareció la pandemia por el covid-19.

“Eso cambió un poco los planes que traía. Él quería una Fiscalía en la calle (otro de sus eslogans), pero a los meses de posesionarse el Gobierno decretó el confinamiento. Eso cambió un poco su idea, pero insistió tanto que le resultó. Sin embargo, siempre le mortificó que, en ese tiempo, murieron 103 funcionarios por el coronavirus. Pero siguió adelante con su idea de la Fiscalía en el territorio”, agregó una funcionaria. El abogado Cancino, además, explicó que la administración Barbosa tuvo otros dos aciertos: creó por primera vez un grupo para la investigación y judicialización de casos relacionados con el delito de maltrato animal (Gelma), y emitió la primera guía para investigar delitos contra la población LGBTIQ+. Los resultados de esas iniciativas están por verse.

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Rodrigo Uprimny y Marlon Díaz son más cautos a la hora de reconocer aciertos de la era Barbosa. Para el primero, la idea de la Fiscalía en las regiones no hizo parte de una estrategia sostenible de fortalecimiento. “Si fuera así, Barbosa hubiera favorecido la implementación de la carrera en la entidad, pero no lo hizo. Creo que fue una idea más para la tribuna”. Para el segundo, todavía es muy difícil medir qué tan exitosa fue esa estrategia. “Por ahora, la impunidad sigue siendo la marca de esta Fiscalía. Muchos de los casos que tuvo se cerraron. Según la Corporación Excelencia por la Justicia, más del 80 % de expedientes se archivaron, muchas veces porque fue imposible identificar al responsable”, señaló Díaz, quien califica esa situación como un absurdo “porque, precisamente, para eso es que está la Fiscalía”.

Francisco Roberto Barbosa remató su administración con una última rendición de cuentas que incluyó un video, para muchos, el resumen de su gestión. Allí, él se autocalificó como un hombre que tomó decisiones, que tuvo carácter y que defendió la institucionalidad. Moderando sus primeras declaraciones en 2020, cuando dijo ser el fiscal más preparado de la historia, Barbosa agregó que el tiempo hará que se reconozca lo que pasó durante su gestión en la Fiscalía. Por ahora el fiscal se despide del búnker en medio de un terremoto por lado y lado: su vicefiscal, Martha Mancera, queda al mando de la entidad en medio de una polémica porque, al parecer, sabía de los vínculos del exdirector del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, y no habría hecho nada por denunciarlo.

Y, por el otro, Barbosa abandona el búnker en medio de una confrontación política sin precedentes para la Fiscalía, que tiene que resolver casos del más alto nivel judicial. Por ejemplo, el expediente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del hijo del presidente, Nicolás Petro; el posible llamado a imputación de cargos a alfiles de la campaña política del jefe de Estado, quienes habrían cometido delitos electorales, o el futuro del expediente contra Álvaro Uribe que dejó sin un camino claro. Tres casos que, de nuevo, vuelven a poner sobre la mesa el papel del fiscal más político de la historia, el que trató de llevar la Fiscalía a las regiones y otro más que abandona el búnker con la mirada puesta en una posible candidatura presidencial en un país inmerso en tensiones políticas y judiciales que él ayudó a configurar.

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