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El pasado jueves 28 de octubre, en la Casa de Nariño, fue presentado por el presidente Iván Duque el compromiso de su gobierno para fortalecer la rama judicial, especialmente la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de que la Corte Penal Internacional (CPI) no abra de nuevo una evaluación contra Colombia por graves violaciones de derechos humanos.
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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan, quien visitó Colombia durante la última semana, tomó la decisión de cerrar el examen preliminar contra el Estado colombiano por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, indagación que el organismo internacional había iniciado en 2004.
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A partir del trascendental anuncio, fueron varias las voces críticas que surgieron con respecto a la decisión del alto funcionario del organismo internacional. Entre ellas las de Jose Miguel Vivanco, El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW). El vocero de esta organización de derechos humanos no gubernamental señaló que con esta determinación, por ejemplo, generales que son investigados en la JEP serán renuentes a la hora de colaborar con esa justicia.
¿Cómo ve la decisión de la CPI de cerrar el examen preliminar?
Me parece que el fiscal Khan cometió un grave error. Creo que el proceso de justicia transicional en Colombia—a pesar de los importantes avances recientes—todavía es muy frágil. Hay varias iniciativas que buscan reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para garantizar la impunidad de los militares y la jurisdicción enfrenta serios obstáculos, tales como las amenazas a los comparecientes. Mantener el examen preliminar abierto y con ello la amenaza de que la CPI podía abrir una investigación formal, hubiera sido lo conveniente en este caso para ayudar a que la JEP y los organismos de justicia en Colombia puedan realizar su trabajo con mayor eficacia.
La Fiscal Bensouda, predecesora del Fiscal Khan, había propuesto crear un sistema de metas y objetivos que debían cumplirse para definir la situación jurídica de Colombia. Según esta propuesta, si Colombia cumplía con estas metas, la Fiscalía de la CPI cerraría el examen preliminar. Por el contrario, si había un deterioro grave (por ejemplo, porque se desmontaba la JEP), la Fiscalía abriría una investigación formal. Me parece que era un sistema mucho más realista y útil para lograr justicia a nivel local. La decisión del Fiscal Khan es claramente un retroceso.
¿Qué significa para las víctimas el cierre del examen? ¿A quién le beneficia el cierre del examen?
Yo no creo que esto beneficie a las víctimas. Creo que muchos comparecientes (por ejemplo, generales investigados por falsos positivos) ahora van a ser mucho más renuentes a cooperar con la JEP porque la amenaza de una eventual investigación de la CPI contra ellos será mucho más lejana y difusa a partir de este cierre del examen preliminar.
¿Cómo ve el acuerdo que firmó el gobierno con la CPI? ¿Qué tan obligado cree que queda el gobierno de respaldar y proteger el trabajo de la JEP?
Es positivo que el acuerdo incluya compromisos por parte del gobierno de proteger el trabajo de la JEP. Ciertamente es mejor que se haya cerrado el examen preliminar con estas condiciones que sin ellas. Sin embargo, me parece que cerrar el examen preliminar no era necesario. Lo conveniente hubiera sido que el Fiscal señale claramente que si el gobierno y las autoridades no cumplían con las metas y objetivos prefijados, él podía abrir una investigación formal. Creo que esa hubiera sido una amenaza creíble y contundente y me temo que eso es lo que necesitamos en este momento. Se acerca un proceso electoral en el que seguramente habrá propuestas para desmontar a la JEP y luego no sabemos cuál será el contexto político del próximo año. Hubiera sido mucho más sensato mantener el examen preliminar abierto hasta que se aclare este contexto político tan incierto y difícil para el trabajo de la JEP y mientras tanto presionar para que se consoliden los avances de la JEP y haya resultados en la justicia ordinaria, por ejemplo, en cuanto el financiamiento del paramilitarismo o casos de violencia sexual.
Puntualmente sobre víctimas de violencia sexual, ¿cómo ve su situación teniendo en cuenta que la JEP no tiene un macrocaso por estos delitos?
Los avances para garantizar justicia en casos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado han sido escasos. Creo que, antes de cerrar el examen preliminar, el Fiscal Khan debió exigir mayores avances sobre estos crímenes tan horribles cometidos en el conflicto armado y que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por varios actores del conflicto armado. Este es sin duda uno de los aspectos donde hay mayores probabilidades de impunidad y la presión de la Fiscalía de la CPI hubiera sido crucial.
¿Cómo podría explicarse lo que hizo la CPI desde 2004 cuando se abrió el examen preliminar? Muchos critican que no sirvió de nada y que, por el contrario, el cierre sí puede significar un avance.
Creo que la Fiscalía de la CPI podría haber hecho mucho más por la justicia en Colombia en estos años, pero también me parece que la existencia de este examen ha tenido cierto impacto positivo. Los avances que ha habido contra soldados de rango bajo y medio por falsos positivos se explican en buena medida por la presión internacional, incluyendo por parte de la CPI. Además, la Fiscalía de la CPI ha ayudado a corregir o frenar iniciativas que podían generar mayor impunidad, tales como el Marco Jurídico para la Paz en 2012, la definición de “responsabilidad de mando” ad hoc para militares en el acuerdo de paz, y, de forma más reciente, los intentos por reformar la JEP por parte del Centro Democrático.
El examen preliminar servía tanto para frenar estas iniciativas como para presionar a los comparecientes ante la JEP a que cooperaran. Lamentablemente, con el cierre del examen me temo que esta presión se desvanece.Pretender que el cierre de la investigación en la CPI constituye un avance para las víctimas, valiéndose de un discurso autocomplaciente, ajeno a los hechos, es simplemente demagogia.
¿Cuáles considera que son los mayores problemas que ahora tendría Colombia con la decisión de cerrar el examen preliminar?
El escrutinio de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Colombia sin dudas será menor y con ello habrá un mayor riesgo de impunidad. En las actuales circunstancias no nos queda otra opción que usar este acuerdo —aunque nos parezca un premio de consuelo— para vigilar el récord de las autoridades nacionales y exigirles que lo cumplan a cabalidad y de buena fe. Veremos si el fiscal Khan, por su parte, estará dispuesto a seguir de cerca la situación del país y demandar vigorosamente el cumplimiento del acuerdo. Un primer paso sería exigirle a Duque que se retiren del Congreso los proyectos para reformar la JEP que buscan garantizar impunidad y que son apoyados y promovidos por la bancada de gobierno.
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