El fiscal, la JEP y los bienes de las Farc: pelea con final inesperado

El inventario final y definitivo lo entregó a la JEP Pastor Alape (centro). Patricia Linares (izq.), en cabeza de la JEP, ha defendido las solicitudes de información ante la Fiscalía. / Archivo El Espectador

Al entregar su inventario definitivo de bienes y activos, compuesto por propiedades, ganado vacuno y equino, dinero en efectivo, caletas, 3.753 kilómetros de infraestructura vial y hasta cirugías umbilicales, las Farc hicieron una osada movida: contaron también con “la totalidad de bienes y activos incluidos en los listados en poder de la Fiscalía que esta institución atribuye a las Farc-Ep”, así como aquellos sobre los cuales “se adelantan en la actualidad procesos de extinción de dominio”. Una decisión que fue Troya, pues a raíz de ella el primer año de existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) derivó en un “agarrón” mayúsculo con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Un “choque de trenes” que acaba de solucionarse de la forma menos esperada. Así se lo notificó el viernes pasado la propia JEP a la Corte Constitucional, organismo que se encuentra pronto a decidir sobre el conflicto de competencias que planteó el fiscal Martínez el pasado 24 de octubre. En la comunicación recibida por el alto tribunal, la JEP (a través de la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad) explicó por qué la más reciente actuación de la Fiscalía ante esta jurisdicción transicional es la prueba fehaciente de que el mentado conflicto de competencias no existe.

La JEP se refería al informe N° 10 que recibió de manos de la Fiscalía el pasado jueves 10 de enero, titulado “Fuentes y mecanismos de financiación de las FARC-EP”. Este, de acuerdo con la JEP, “contiene información relevante sobre los bienes y activos de esa organización que no fue entregada a la Sección en el trámite de la solicitud de medidas cautelares formulado por la UIA (Unidad de Investigación y Acusación)”. El tema de las medidas cautelares fue, precisamente, la manzana de la discordia en todo este asunto, pues fue cuando la UIA pidió que se hiciera una audiencia para “congelar” los bienes contenidos en el inventario de las Farc que la pelea comenzó. Ocurrió en julio del año pasado.

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Para la JEP, encontrar en el informe N° 10 la información que durante los últimos seis meses la Fiscalía se negó a entregarle fue todo un desconcierto. “Resulta por lo menos paradójico e incongruente que en el trámite (…) la Fiscalía General de la Nación se haya negado reiteradamente a entregar la información solicitada sobre el inventario de bienes y activos de las Farc-Ep, por considerarla de su exclusiva competencia y de carácter reservado, hasta el punto de promover el conflicto de jurisdicciones de la referencia, pero ahora en el reciente informe decida sorpresivamente suministrar información sobre bienes y activos de las Farc-Ep”.

Mayor asombro hubo en el hecho de que la Fiscalía, “incluso en el comunicado de prensa” -emitido el día en que el propio fiscal se presentó en la JEP con ese documento y con otro llamado “Victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de agentes del Estado”-, se divulgara información al público general que el organismo investigativo se había negado a entregarle. “Llama la atención que aun cuando uno de los principales argumentos expuestos era que “no hay forma de establecer cuáles son los bienes no inventariados que actualmente son objeto de la acción de extinción de dominio”, en el informe N° 10 se hace referencia a 1.670 de ellos (…) resulta totalmente contradictorio”.

La agria discusión que generó el tema de los bienes de las Farc llegó hasta las más altas instancias, al punto que el presidente Iván Duque se refirió al respecto en diciembre pasado, señalando que “la Fiscalía debe proceder con la extinción de dominio inmediata de todos los bienes de las Farc que no hayan sido declarados”. El argumento de la JEP, sin embargo, es que toda esta jurisdicción especial de paz existe por una razón: las víctimas. Y que, por ende, no tiene sentido pensar que los bienes que se han incautado a las Farc no pasen a alimentar el fondo de reparación de quienes han sufrido los estragos de la guerra.

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La primera vez que la Fiscalía le respondió a la JEP cuando esta pidió información de los bienes de las Farc fue en septiembre del año pasado. En ese momento la directora de Asuntos Jurídicos, Myriam Stella Ortiz, expresó que las propiedades incautadas a la exguerrilla debían hacer trámite por la justicia ordinaria y que era imposible entregar esos datos, como lo había demandado la JEP. Esta, entonces, insistió advirtiendo que de no recibir lo solicitado, la Fiscalía podría incurrir en un desacato (desobediencia a una orden judicial). Ortiz, a nombre de la Fiscalía, volvió al mismo punto: su respuesta no cambiaba. En ese punto de la discusión fue cuando intervino el propio fiscal general.

El 24 de octubre pasado, Néstor Humberto Martínez planteó ante la Corte Constitucional un conflicto de competencias, exponiendo que sobre los bienes incautados las Farc por la Fiscalía no cabían medidas cautelares desde la JEP porque no se habían inventariado antes de la dejación de armas. El fiscal Martínez calificó la petición de la JEP de “extravagante” y “exorbitante”, y los acusó de extralimitarse en sus funciones. La JEP, por su parte, insistió: “Las víctimas tienen derecho a solicitar medidas cautelares (…) con mucha más razón deben poder hacerlo en el marco de un proceso de justicia transicional donde ellas precisamente son el centro y sus derechos fin central del sistema”.

Este asunto está ahora en manos de la Corte Constitucional, la cual ya puso en su agenda del día este tema para el próximo miércoles 23 de enero. El borrador del fallo, que quedó a cargo del magistrado Luis Guillermo Guerrero, indica que la prioridad en este caso la tiene la Fiscalía, una posición que todavía no tiene unanimidad dentro de la Corte. La JEP le pidió a este tribunal que se inhibiera de dirimir el conflicto de competencias que proponía la Fiscalía por “inexistente” y en su comunicación del pasado 17 de enero, lo reiteró: no puede haber conflicto si la Fiscalía, de manera voluntaria, entrega una información que durante meses arguyó era reservada e imposible de acceder.

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