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8 Oct 2021 - 8:27 p. m.

El Gobierno se pasa las órdenes por la faja: líder indígena sobre sus derechos

Durante los 30 años de emitida la carta de derechos, la Corte Constitucional ha emitido 2.955 sentencias en materia étnica, 654 fallos sobre afrocolombianos y 425 decisiones que vincula a comunidades raizales. Ese fue el balance que entregó el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, en el marco del Bicentenario de la Constitución, en el que participó Jesús Piñacué, el exsenador que representó al grupo indígena en el legislativo.
Llegada de la Minga Indígena a Puerto Resistencia en Cali durante el paro nacional en esa ciudad
Llegada de la Minga Indígena a Puerto Resistencia en Cali durante el paro nacional en esa ciudad
Foto: Jorge Londoño - José Vargas

El exsenador Jesús Piñacué, quien por más de 12 años estuvo en el Congreso liderando iniciativas para visibilizar a la comunidad indígena en el país, participó del panel étnico que organizó la Corte Constitucional, en Cúcuta, Norte de Santander, durante el Bicentenario de la Constitución. En diálogo con El Espectador el líder étnico resaltó las deudas que aún tiene el Estado con esta población.

¿Se han garantizado los derechos de las comunidades étnicas?

La Corte Constitucional ha hecho un desempeño sorprendente pero la práctica dice lo contrario. De ahí que sea destacable, por ejemplo, del no diálogo del señor presidente de la República con las autoridades indígenas, que tienen identificados tres problemas serios que solo se resuelven si hay un diálogo, pero el Gobierno lo redujo al concepto de negociación.

¿Cuáles son esos tres problemas?

El primero tiene que ver con la superación del desastre de la pobreza. El nivel de desnutrición crónico es alarmante. El segundo tiene que ver con la solución del problema territorial. Hay tierras del periodo colonial que fueron expropiados, pero eso hay que resolverlo. El derecho es hoy y mañana según lo presume el que es beneficiario de la norma. El tercer problema que tenemos muy grave es la concepción de seguridad.

Menciona un punto importante: la seguridad. ¿No se sienten protegidos en sus territorios?

Poco a poco, pasado el proceso de negociación de la Habana lo que ha ido quedando es un ambiente de tremenda hostilidad en donde ni el Gobierno resuelve y atiende, ni las comunidades indígenas están pudiendo sostener esto y el galope de los delincuentes que tienen un contraindigenismo marcado nos está matando todos los días.

¿Cuál sería la solución para mitigar lo que denuncia?

Crear un acuerdo para la convivencia, para el entendimiento, para la cooperación en lo que sea posible y esto solo lo hace un diálogo desprevenido y con el tiempo suficiente en etapas previstas, pero por el contrario lo que se ha entendido es que hay un Gobierno que cree que somos los enemigos. Es un Estado que en el fondo, con su burocracia, cree que somos menores de edad y que no tenemos la razón.

Qué decir ahora: hay que dialogar. Somos parte de esta sociedad. Tenemos posibilidad de hacer aportes. Podemos construir, pero nos están llevando hacia un ambiente de incomprensión volviéndose un conflicto para los indígenas, porque en la medida que un gobierno no responde, la autoridad indígena va perdiendo legitimidad y ante esas circunstancias los actores que ganan viven en la oscuridad ganan aliados, entonces pierde aquí la comunidad colombiana no el Gobierno.

¿Por qué esa falta de diálogo se convierte en un conflicto interno?

Nos entregaron la capacidad de entregar justicia y no nos dan los medios. Ni la jurisdicción ordinaria ni la jurisdicción indígena va a ser eficiente para atender los problemas que hay adentro y esto nos devuelve a un problema de vulneración de derechos fundamentales por parte de nuestras propias autoridades.

Entraríamos en una tremenda impunidad en la medida que nuestras propias autoridades por su lentitud, por su poca forma de obrar de forma inmediata, ni la justicia ordinaria ni la indígena tiene la manera para una solución a los conflictos.

Usted denuncia que nos le dieron los medios que les permite tener efectividad en la jurisdicción indígena ¿Cuáles son?

Yo fui senador durante 12 años y en algún momento estuvo la idea de tomar el arancel judicial para que un porcentaje de ese fuera aplicado a la jurisdicción indígena. Lo que pasa hoy en día es que una autoridad indígena va a administrar justicia, pero necesita una infraestructura para ello y no lo tiene, entonces este arancel podría ayudar pero lo están gastando en otras cosas distintas, si para los indígenas, pero no para el cumplimiento de esta jurisdicción.

En materia constitucional ¿Estima que desde la creación de la carta política se han preservado sus derechos?

La Corte Constitucional ha sentado varios precedentes en materia de derechos fundamentales para la población indígena pero en ocasiones no se cumple. Ahí se ven dos factores o la Corte no tiene instrumentos coercitivos para hacer cumplir sus directrices o el gobierno se pasa por la faja las ordenes y se toma la justicia de ruana.

Por falta de esas garantías que ,aunque quedan plasmadas para que se cumplan, no funciona, ¿las comunidades indígenas temen un exterminio?

Es claro que la disminución indígena esté dirigida hacia la aniquilación, pero en algún momento esto tendrá que conseguir un nivel de equilibrio y hacia allá es que estamos en perspectiva. Es de mucha importancia que la Corte Constitucional trate de intervenir. Algunos la cuestionan porque se supondría que está legislando, pero bueno alguien lo tiene que hacer y creo que en la Corte lo están haciendo y nos sentimos protegidos. Vale la pena luchar por una sociedad democrática.

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Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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