
Desde una ventana del segundo piso de su casa, Ricardo Medina Giraldo, de ocho años, esperaba que sus papás llegaran de trabajar. Abajo, en una calle del barrio Calasanz de Medellín, cuando su padre acababa de bajar de un campero, un sicario de Pablo Escobar le disparó tres veces. Era la noche del 8 de abril de 1985 y el magistrado Álvaro Medina Ochoa murió casi de inmediato, al lado de su esposa y ante los ojos de su hijo, que se quedó esperándolo en la ventana. Cuarenta y un años después, ese niño sigue buscando justicia. Durante los últimos 14 puso en práctica todo lo que aprendió en las clases de derecho penal en la carrera que lo llevó a convertirse en abogado. Derecho de petición, tras derecho de petición intentó que alguien lo escuchara, sin importar que la respuesta siempre fuera el silencio indiferente de la Fiscalía.
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Ricardo Medina Giraldo acaba de lograr que alguien, por fin, lo escuchara. El fiscal Mauricio Javier Ponce Mena firmó un documento el pasado 13 de octubre que cambió el rumbo de un expediente que la justicia olvidó hace 35 años y declaró que el asesinato de Álvaro Medina Ochoa fue un crimen de lesa humanidad y, en consecuencia, lo declaró imprescriptible. Además, como lo reportó El Colombiano, tumbó la resolución que en 1991 cerró la investigación que dejó en total impunidad el proceso penal. Ahora, el expediente vuelve a abrirse bajo una lectura que durante décadas estuvo ausente: Medina no fue una víctima aislada, sino parte de una ofensiva a sangre y fuego contra quienes administraban justicia en medio del poder creciente del narcotráfico. Para su hijo, esta noticia llega después de reclamar ante siete fiscales generales.

Y para el expediente, la determinación del fiscal Ponce supone examinar el asesinato junto con las amenazas, atentados y homicidios que buscaron doblegar a jueces y magistrados. Medina Ochoa tenía 42 años cuando fue asesinado. Se había graduado de abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana y había escogido el trabajo en la judicatura desde el comienzo de su carrera. Fue juez de Barrancabermeja (Santander) y Envigado antes de integrar el Tribunal Superior de Medellín. Estaba casado con Luz Stella Giraldo Arroyave y era padre de Ricardo y Nicolás Medina Giraldo. Años después, su nombre terminó inscrito en el Palacio de Justicia de Envigado, pero el homenaje no resolvió las preguntas que dejó el crimen y que han rondado a su familia durante 41 años.
La resolución del fiscal Ponce recogió el contexto en el que sucedió el asesinato de Álvaro Medina Ochoa. Desde agosto de 1984, el magistrado recibía amenazas al teléfono de su casa y al de la oficina. Esas primeras intimidaciones coincidieron con sus decisiones contra Hernán Escobar Asuad, investigado por el supuesto robo del carro del juez Gustavo Zuluaga Serna, quien había ordenado la captura de Pablo Escobar Gaviria en 1983 por el asesinato de dos agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en marzo de 1977. El vehículo fue encontrado horas después en un abismo y sin desvalijar, por lo que el hecho fue interpretado, no como un hurto, sino como una advertencia: el juez Zuluaga había tocado a Escobar cuando el capo todavía se amparaba en su condición de congresista.
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La orden de detención en contra de Escobar se conoció en 1983, el mismo año en el que El Espectador derrumbó la fachada del entonces congresista: el 25 de agosto reprodujo la noticia de que en 1976 el capo y su primo Gustavo Gaviria habían sido detenidos transportando 39 libras de cocaína en Itagüí (Antioquia). La evidencia periodística y la actuación judicial pusieron contra las cuerdas a un hombre que se presentaba como empresario sin antecedentes. El expediente que después llegó a manos de Medina estaba conectado con ese desafío al poder que Escobar había acumulado en Medellín y en buena parte de Colombia. La respuesta del cartel dejó sangre en los despachos judiciales y en este diario. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado en 1984; Álvaro Medina, en 1985.

Un año después, el 30 de octubre de 1986, fue el turno de Gustavo Zuluaga, quien ocupó la vacante de Medina en el Tribunal. El 17 de diciembre siguiente, sicarios asesinaron a Guillermo Cano, director de El Espectador, cuya denuncia contra el narcotráfico había continuado después de las revelaciones de 1983, con una especial atención a esta estela de asesinatos contra jueces y policías que estaba dejando al país huérfano de justicia. La ofensiva contra el periódico incluyó el asesinato, en marzo de 1989, del abogado de la familia Cano y colaborador del diario, Héctor Giraldo Gálvez; la bomba que destruyó parte de su sede en Bogotá el 2 de septiembre de ese año; y los homicidios de dos de sus trabajadores en Medellín, Martha Luz López López y Miguel Soler, en octubre siguiente.
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La andanada de Pablo Escobar y sus hombres incluyó otros dos asesinatos contra magistrados del Tribunal Superior de Medellín, ambos en 1989: el de Héctor Jiménez Rodríguez, en octubre, y el de Mariela Espinosa Arango, en noviembre, quien además había sobrevivido a al menos dos ataques con explosivos, tras asumir la investigación por hechos de narcotráfico en contra del capo. Los expedientes que tramitaban, las presiones para torcer sus decisiones y los ataques posteriores le permitieron al fiscal Mauricio Ponce reconocer un patrón. No se trataba únicamente de eliminar funcionarios: se buscaba intimidar a quienes permanecían en sus cargos y condicionar sus decisiones mediante el miedo, mientras el narcotráfico extendía su enorme capacidad de controlar no solo a comunidades, sino también a las altas esferas del poder.

Ese es el contexto de violencia que sostiene la declaración de lesa humanidad en el caso de Álvaro Medina Ochoa. La Fiscalía considera que el asesinato hizo parte de un ataque generalizado y sistemático contra población civil, dirigido también contra funcionarios judiciales por el ejercicio de sus labores. La gravedad del homicidio, por sí sola, no explica la decisión: importa su relación con una organización criminal, con otros ataques y con el propósito de someter a la justicia. El fiscal Ponce cuestionó que la investigación de entonces careciera de ese análisis y examinó los hechos como parte de una persecución contra quienes debían aplicar justicia. Durante 14 años, Ricardo Medina insistió en reclamar justicia: “Mi padre y sus colegas asesinados fueron incorruptibles y cumplieron con su deber pese a las amenazas”.
Con la declaración de lesa humanidad, la Fiscalía ordenó recuperar el expediente del Archivo Central de Medellín y retomar el proceso donde había quedado. Este diario conoció que el ente investigador ha intentado ubicar los expedientes de los casos de los magistrados del Tribunal de Medellín Gustavo Zuluaga, Héctor Jiménez y Mariela Espinosa, con el objetivo de unirlos y avanzar en las investigaciones después de décadas de total impunidad. Sin embargo, no ha sido posible porque nunca fueron incorporados al sistema actual y, probablemente, siguen acumulando polvo en algún anaquel de la entidad. Ahora falta que la decisión en el caso de Álvaro Medina se traduzca en respuestas. El niño que esperaba a sus padres en una ventana lleva más de cuarenta años esperando también a la justicia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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maribel(mypzj)•04 de noviembre de 2026 – 22:56Sin palabras y con dignidad .
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antonio(7747)•24 de octubre de 2026 – 17:39Y los magistrados inmolados en la toma del palacio de justicia por el m19,. Estos causantes del holocausto felices de la vida y gozando de total impunidad. Por qué no se ha declarado este " genocidio " como delito de lesa humanidad y judicializar a los del m19, no creo que una amnistia entierre un delito de lesa humanidad.
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Alberto(3788)•24 de octubre de 2026 – 15:38Muy bien, Así sea a estas alturas, se declara el caso de Lesa Humanidad y es imprescriptible. Mucha entereza la del hijo del Magistrado inmolado, y respuesta honesta y sabia la del Fiscal.
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Camilo(3yl69)•24 de octubre de 2026 – 12:55Como reaccionarán Uribe Fico con esta noticia
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Lucia(02976)•24 de octubre de 2026 – 12:40Gracias
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Edgar(22146)•24 de octubre de 2026 – 12:13Felicitaciones por esa persistencia ante un estado impávido. Viva la patria fascista.