En la Cancillería de Álvaro Leyva Durán terminó ocurriendo una paradoja judicial. El funcionario que debía ejecutar las órdenes del entonces canciller terminó, según la Fiscalía, deshaciendo sus decisiones, favoreciendo intereses opuestos a los de su jefe y acabó con un expediente penal incluso más delicado que el del propio exministro. José Antonio Salazar Ramírez, quien fue secretario general y una de las personas de mayor confianza de Leyva, enfrenta hoy una investigación por prevaricato y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía sostiene que, lejos de seguir la línea fijada por orden del gobierno Petro en el polémico proceso para adjudicar el contrato de los pasaportes, el exfuncionario habría volteado las determinaciones de su propio jefe para beneficiar a Thomas Greg & Sons.
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El Espectador conoció la audiencia completa de imputación en su contra y los detalles de esa “rebelión” de Salazar a las órdenes que había emitido el propio presidente y que Leyva se encargó de ejecutar: frenar la licitación en la que Thomas Greg & Sons iba a quedarse con el negocio. La diligencia en contra del exsecretario general de la Cancillería se adelantó el pasado 16 de junio, ante el despacho de Joa Sirley Gaitón Girón, jueza 14 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá. Estuvo liderada por Julián Andrés Rendón Londoño, fiscal 57 de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, quien durante una hora expuso la forma en la que, al parecer, José Antonio Salazar Ramírez firmó tres resoluciones con las que habría volteado órdenes de su antiguo jefe, Álvaro Leyva.
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¿El objetivo? Según la Fiscalía, el exfuncionario buscaba beneficiar a la empresa Thomas Greg & Sons con el contrato de COP 559.000 millones para la producción de pasaportes colombianos. El expediente en contra de Salazar está directamente relacionado con el caso de Álvaro Leyva, llamado a juicio el pasado 23 de abril por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción. Entre el 13 y 14 de septiembre de 2023, el entonces ministro emitió tres resoluciones con las que declaró desierta la licitación para garantizar la producción de pasaportes hasta julio de 2026 y dejó por fuera del negocio a Thomas Greg & Sons, que no solo era la más opcionada para quedarse con el negocio, sino que llevaba por años prestando ese servicio.
También declaró una emergencia manifiesta con la que le cerró definitivamente la puerta a esa empresa y dio luz verde para que la Cancillería hiciera una contratación directa con otra compañía. La investigación liderada por el fiscal Julián Rendón señala que el exsecretario José Antonio Salazar Ramírez habría cometido el delito de prevaricato en al menos tres oportunidades, al firmar órdenes con las que, al parecer, torció las tres resoluciones emitidas por su jefe Álvaro Leyva, intentó revivir la licitación para la producción de los pasaportes, que ya había sido declarada desierta, y le entregó el contrato de COP 559.000 millones a Thomas Greg & Sons. Incluso en contra de lo que públicamente había dicho el presidente Petro.
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El primer hecho criminal que investigan los funcionarios del búnker es la expedición de la resolución 1394, del 26 de febrero de 2024, con la que el entonces secretario general habría buscado revivir la licitación que había declarado desierta el propio Leyva el 13 de septiembre de 2023. Esa orden también resolvió un recurso de reposición interpuesto por Thomas Greg & Sons el mismo 13 de septiembre y que fue negado al día siguiente por Álvaro Leyva. Según la Fiscalía, cuando el excanciller declaró desierta la licitación que el comité asesor recomendó entregarle a la empresa, ese proceso ya estaba muerto y no podía ser reactivado. En otras palabras, Salazar no podía revivir una licitación que ya había finalizado. Aun así, lo hizo.
El segundo hecho de prevaricato que investiga la Fiscalía está relacionado con otra resolución, la 1395, del mismo 26 de febrero. Según la investigación, con esta segunda orden administrativa, Salazar le puso fin de manera anticipada a la urgencia manifiesta que había declarado Álvaro Leyva, aunque no se habían solucionado los problemas relacionados con el sistema de pasaportes ni se había firmado un nuevo contrato que garantizara la producción de las libretas de identificación. Según el fiscal Julián Rendón, el entonces secretario de la Cancillería fundamentó la orden de levantar la urgencia manifiesta en su resolución anterior, con la que revocó la declaratoria de desierta de la licitación. En su concepto, al ser ilegal la primera orden administrativa, la segunda también se qued
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Para el fiscal del caso, esa segunda resolución Salazar Ramírez fue “un acto arbitrario, sin habilitación legal, que está totalmente desconectado del ordenamiento jurídico” y que “se construyó sobre la premisa falsa” de una reactivación inválida de la licitación original. El funcionario del búnker señaló que el exsecretario de la Cancillería “confundió una ficción jurídica con una realidad” y “expuso el servicio público de la expedición de libretas de pasaportes para los ciudadanos a una interrupción incierta, vulnerando frontalmente el principio de continuidad”. La tercera resolución firmada en el despacho del exfuncionario y a la que la Fiscalía le sigue la pista es también del 26 de febrero, marcada con el número 1396.
Con esta última orden, según la Fiscalía, Salazar terminó de voltear todas las decisiones que había tomado el excanciller Álvaro Leyva en septiembre de 2023 sobre el contrato para la producción de pasaportes y le entregó el negocio a Thomas Greg & Sons. Para el ente investigador, “la adjudicación fue realizada prescindiendo completamente del procedimiento legal, creando obligaciones contractuales de la nada, lo que no constituye un error interpretativo, sino una negación absoluta del estatuto contractual”. En otras palabras, el búnker sostiene que Salazar no actuó de esa forma por un error, sino que tenía pleno conocimiento de que sus movidas eran ilegales y de que actuaba en contra de la administración pública.
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A los hechos en los cuales, al parecer, Salazar Ramírez habría actuado en contra de la ley y de sus obligaciones como funcionario público, se suman los relacionados con el presunto enriquecimiento ilícito. De forma “inusual e injustificada” para la Fiscalía, al tiempo que el exfuncionario emitía resoluciones que habrían beneficiado a Thomas Greg & Sons desde el Palacio de San Carlos, donde funciona la Cancillería, al parecer compraba e intentaba ocultar predios rurales en el departamento del Meta. La Fiscalía encontró que el 10 de octubre de 2023, en la Notaría 36 de Bogotá, Salazar Ramírez registró la compra de los predios San Miguel, Agua Fría y Playa Rica, ubicados en la vereda Remolino del municipio de Puerto López.
Ese negocio, según la imputación en su contra, se cerró en COP 950 millones y ocurrió “dentro del período en el que ejercía funciones como secretario; es decir, siendo servidor público activo”. Luego, el 27 de octubre de ese año, Salazar Ramírez le vendió los predios en COP 970 millones a la firma Inversiones y Explotaciones Meraki SAS. Esa sociedad tuvo los predios en su poder hasta el 28 de noviembre de 2024, nueve meses después de que el secretario dejó su cargo. En ese momento, él y la empresa echaron para atrás la compraventa de los tres lotes y la Fiscalía lo que está tratando de comprobar es si Salazar usó esa firma para “encubrir” quién era el verdadero dueño de la tierra: el propio exsecretario.
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El fiscal Julián Rendón señaló que no hay “relación razonable” entre los ingresos que reportaba Salazar Ramírez y su capacidad económica para comprar los tres lotes. Además, que no hay rastro del dinero que se usó para ese negocio ni es claro por qué el negocio con Meraki se deshizo y los predios volvieron a su poder después de dejar su cargo en la Cancillería. “No existen transferencias bancarias, créditos, egresos contables ni soportes financieros que expliquen el pago efectivo del precio”, dice la imputación. Frente a lo que ha recogido la Fiscalía en contra de Salazar Ramírez, su postura siempre ha sido clara: “No soy un delincuente”. Por eso, no acepto los cargos de la justicia y ahora tendrá que defender su inocencia en juicio.
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Por Gustavo Montes Arias
