El lío de una posible víctima de la masacre de Barrancabermeja

Las familias de las víctimas de la masacre de Barrancabermeja, perpetrada por paramilitares el 16 de mayo de 1998, van a ajustar un cuarto de siglo sin conocer el paradero de sus seres queridos. Ese día, miembros de las autodefensas asesinaron a siete personas y desaparecieron a 25 más en el puerto petrolero. A la fecha solo han sido identificadas y entregadas 10 víctimas. Y, aunque en las últimas semanas se exhumaron en Bucaramanga los restos de quien podría ser la víctima 11, lo que debería ser un alivio para la familia, ha sido opacado por actuaciones irregulares, según denunciaron. La situación es tan grave que, por ahora, decidieron no recibir el cuerpo.

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La última vez que hubo buenas noticias para quienes perdieron a sus hijos, hermanos y padres en esta masacre fue en 2012. En ese momento, Medicina Legal identificó tres cuerpos y la Fiscalía los entregó a las familias en una ceremonia. Con ellos, ya sumaban 10 las víctimas identificadas. Una década más tarde, al parecer fue hallado un cuerpo más, pero la sensación es agridulce. “La familia, en principio, no lo va a recibir”, le dijo a este diario Eduardo Carreño, abogado del Colectivo José Alvear Restrepo, que representa a los familiares de quien sería la undécima víctima identificada. Detrás, hay también un lío por el traslado de miles de cuerpos del cementerio de Bucaramanga.

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Durante 24 años, ellos y las demás familias de las víctimas han persistido en que se esclarezca lo sucedido el 16 de mayo de 2012. Esta masacre, cometida en connivencia con las fuerzas militares, marcó el inicio de la arremetida paramilitar de la siguiente década en el Magdalena Medio. Ese día, miembros de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) recorrieron barrios del oriente de Barrancabermeja subiendo a sus camionetas a personas señaladas –falsamente– de ser auxiliadores de la guerrilla. Ya hay algunos avances en la judicialización de los responsables, pero la búsqueda de los desaparecidos ha estado llena de tropiezos.

El manejo de los restos explica por qué los familiares de quien sería la víctima 11 se niegan a recibir el cuerpo. El abogado Carreño explicó la cronología del caso con las dos exhumaciones anteriores a la de julio de 2022. La primera ocurrió en 2011: se encontraron seis cuerpos, se identificó a cinco de las víctimas y quedó un cuerpo sin identificación plena. Al año siguiente, en el municipio de Sabana de Torres, fueron hallados otros cuatro cuerpos. Tres de ellos, se confirmó con métodos forenses, correspondían a las víctimas de la masacre. El cuarto no se pudo identificar. Los dos cuerpos restantes quedaron en poder de Medicina Legal.

“Después, aparece la información diciendo que, de los dos cuerpos, uno, al parecer, es el de una de las víctimas de la masacre. Pero ese cuerpo no lo ponen a disposición de la Fiscalía, sino que, en una forma extraña, lo mandan al cementerio de Bucaramanga, a una fosa, donde no se sabe cuántos cuerpos hay. Eso fue en 2017”, recordó el abogado Carreño. Con esa información, las víctimas tocaron todas las puertas: la Fiscalía, su Grupo de Búsqueda de Desaparecidos (Grube) y la para entonces recién creada Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Fue pelea tras pelea. Primero, con las autoridades locales, porque el cementerio de Bucaramanga y el área donde se ubica la fosa común están en un pésimo estado. “Se tocaba y se desmoronaba”, apuntó Carreño. Luego, cuando tuvieron todos los permisos, la siguiente batalla fue asegurar que los familiares pudieran estar en la excavación. “Al final, permitieron que estuvieran como a unos 50 metros de distancia”, añadió el abogado. La exhumación se hizo en julio y, estando allí, la familia vio que en la fosa donde estaba el cuerpo que sería la víctima 11 había otras bolsas con restos humanos.

Para las autoridades está claro que sí es la undécima víctima. Para la familia no. “Primero tienen que hacerse pruebas en Medicina Legal para verificar que, efectivamente, esos son los restos de la víctima. No podemos recibir cualquier cuerpo sobre unos procedimientos que, para nosotros, fueron irregulares”, agregó el abogado de la familia. Aunque les han dicho a las autoridades que están dispuestos a que les tomen las muestras necesarias, aún no reciben respuesta. A sus reproches se suma el escándalo mayúsculo que hay en la capital de Santander por el traslado, en el año 2000, de alrededor de 1.000 cuerpos, pues en ese lugar se construyó un parque.

Según investigaciones de El Colombiano y Vanguardia, buena parte de la documentación que soportaba el traslado de los cuerpos se habría quemado en un incendio que sufrió la Alcaldía de Bucaramanga en 2002. Con el agravante de que en ese mismo cementerio, según versiones que han llegado a las autoridades, podría haber más desaparecidos del conflicto. Todos estos hechos son estudiados por la UBPD, que ha acompañado este proceso y que continúa en la búsqueda de los 10 desaparecidos restantes de la masacre del 16 de mayo de 1998. Falta ver si el lío para esta familia se soluciona antes de que, en algunos meses, se conmemoren 25 años de la pérdida de su ser querido.

*El Espectador se reserva la identidad de la familia y de su ser querido, por respeto a su intimidad.