El malestar de la Corte Suprema con la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso “Calarcá”

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia está muy incómoda con el manejo que le ha dado la fiscal Luz Adriana Camargo al escándalo por la presunta infiltración de las disidencias de alias “Calarcá” en la inteligencia del Estado. Hoy la fiscal Camargo fue citada para dar sus explicaciones sobre por qué, a pesar de haber incautado hace 16 meses información sensible sobre la organización ilegal al mando de Alexander Díaz Mendoza, las pesquisas contra el general Juan Miguel Huertas y el director estratégico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, apenas están empezando. Ambos aparecen mencionados en varios de los 135 dispositivos electrónicos decomisados a “Calarcá” y sus hombres durante un retén en Antioquia en julio de 2024. Las revelaciones de Noticias Caracol sobre el contenido de estos archivos generaron un terremoto político y judicial que llevó a la suspensión de Huertas y Mejía.

El malestar del alto tribunal se acentuó aún más la semana pasada, pues Camargo había sido citada para el 3 de diciembre. Sin embargo, se excusó porque tenía un viaje a La Haya en los Países Bajos para asistir a una reunión con autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea y al encuentro entre “fiscalías de América Latina y Eurojust”, una agencia de esa organización para la cooperación judicial. El traslado de Camargo ocurrió entre el 1 y 6 de diciembre. En otras palabras, mientras el escándalo arreciaba en Colombia por la gravedad de las revelaciones periodísticas y la confesión de la fiscal Camargo de que la entidad apenas iba a revisar con lupa las pruebas en los computadores, celulares, discos duros y USB de “Calarcá”, al tiempo que en el Congreso la oposición citaba debates de control político y exigía renuncias, la fiscal general decidió irse a Europa para cumplir con la invitación que le hicieron el 18 de noviembre pasado.

Una actitud que causó profunda roncha al interior de la Corte, que en el pasado ya le había expresado sus reparos a la fiscal Camargo por el episodio del retén en Anorí (Antiquia) y la libertad que ordenó ella misma de alias “Calarcá” y varios de sus hombres por ser reconocidos como gestores de paz en la negociación con el gobierno de Gustavo Petro. Todos fueron capturados en flagrancia cuando llevaban armas, dinero en efectivo y hasta un menor de edad. En esa ocasión, varios magistrados le recordaron a Camargo que, más allá de los alcances de la ley de paz total aprobada por el Congreso, en la caravana de “Calarcá” había un menor que fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y del que, sin embargo, nada se dijo en la imputación que hizo la Fiscalía contra quienes no eran gestores y a los que se les formularon delitos como concierto para delinquir, terrorismo y homicido por sus andanzas del pasado.

“A mí me desconcertó que la fiscal se fuera de viaje. Se tuvo que aplazar la cita con ella una semana porque al principio se excusó y después supimos que tenía esa invitación en La Haya. En la Corte hay inquietudes sobre la delicada información divulgada y el hecho de que la fiscal no supiera lo que pasaba. ¿Qué nos dice un viaje de ella ahora?”, le dijo a El Espectador un magistrado del alto tribunal. Y remató: “Ella es una señora bien intencionada y correcta, pero no ha tenido el carácter para enfrentar situaciones que necesitan más firmeza”. Quien pidió la cita con la fiscal fue directamente la magistrada Myriam Ávila en calidad de presidenta de la Sala Penal. Otra fuente de la Corte añadió que no se entiende por qué, aunque fue la fiscal Camargo la que otorgó esas cuestionadas libertades a los integrantes de la organización de “Calarcá”, jamás se hubiera interesado por saber qué había en los dispositivos electrónicos incautados.

“¿Y el vicefiscal Gilberto Guerrero qué? Está más ausente que la propia fiscal”, concluyó otro magistrado. Otra fuente resumió así la desazón que cunde en los pasillos del Palacio de Justicia: “Estamos decepcionados de la falta de liderazgo de Camargo y su absoluto desconocimiento de lo que pasa dentro de su entidad”. Además recordó que, con el tema de la paz total, ya la Corte vivió otro momento incómodo por cuenta de un extraditable que estuvo durante dos meses capturado, pero no en poder de la Fiscalía, sino de la DNI. Se trata de Willington Henao Gutiérrez, alias el “Mocho” Olmedo, segundo al mando del frente 33 de las disidencias. En febrero pasado, el “Mocho” se entregó al Ejército y se puso a disposición de la Fiscalía. Aunque esa entidad había levantado sus órdenes de captura por ser negociador, lo capturó porque tenía un requerimiento de una corte de los Estados Unidos por narcotráfico.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno Petro intervino para solicitar la entrega de el “Mocho” a la DNI con el fin de que este jefe guerrillero continuara en el proceso de paz. Inexplicablemente, el CTI de la Fiscalía le entregó la custodia de un extraditable a un organismo de inteligencia que no tiene dentro de sus funciones la vigilancia de un preso y menos de las características de uno de los jefes del frente 33 de las disidencias. Como el proceso de extradición continuó, la Corte se enteró de que alias el “Mocho” no estaba en la cárcel La Picota como corresponde, sino en un apartamento en Chapinero en Bogotá bastante lejos de los barrotes. Documentos revelados por Noticias Caracol dieron cuenta de que quien solicitó la custodia de el “Mocho” fue el director de la DNI, Jorge Lemus. Tras la revelación periodística y el escándalo suscitado, el guerrillero fue enviado a prisión.

Las explicaciones de la Fiscalía

Aunque los episodios de el “Mocho” y “Calarcá” siembran interrogantes sobre la fiscal Camargo, fuentes de la cúpula de la entidad defendieron sus decisiones. Aseguraron que una de las líneas rojas de la entidad ha sido el “no” rotundo de la Fiscalía de levantar las órdenes de extradición de varios jefes de las disidencias e, incluso, de organizaciones como el Clan del Golfo que han sido designados como negociadores con el gobierno. Por ejemplo, advirtieron que la Oficina del Alto Comisionado, al mando de Otty Patiño, varias veces le ha hecho llegar a la Fiscalía peticiones para que se levanten órdenes de captura con fines de extradición y siempre se le ha dicho que no es posible. Eso ocurrió con Willington Henao Gutiérrez, alias el “Mocho”, y en los casos de Geovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, Allende Perilla Sandoval y Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, jefe del Clan del Golfo.

“La política de esta Fiscalía ha sido mantener esas órdenes de captura con fines de extradición y por eso estas personas que han sido designadas como miembros representantes de organizaciones armadas ilegales, cuya suspensión fue solicitada por Otty Patiño, no han sido beneficiadas con la medida”, le dijo a El Espectador un alto funcionario del ente investigador. Y fue más allá. Sostuvo que recientemente el “Mocho” Olmedo pidió su libertad alegando que el presidente Gustavo Petro había suspendido su entrega a Estados Unidos, a lo que la Fiscalía se negó. La misma fuente agregó que la posición vertical del organismo investigador en relación a la paz total ha causado fuertes tensiones con la oficina de Otty Patiño, en especial, con la captura con fines de extradición de Geovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, comandante de los Comandos de Frontera, el 13 de febrero de este año.

Otro episodio que atizó las fricciones entre el alto gobierno y la Fiscalía ocurrió tras la reactivación de las órdenes de captura contra 31 miembros de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 21 de enero de 2025. La decisión se dio como consecuencia de la arremetida que tuvo esa guerrilla en la región del Catatumbo y que cobró al menos 80 vidas y provocó el desplazamiento de miles de personas en su guerra contra las disidencias. La Fiscalía tomó esa determinación al darle una interpretación a la sentencia de la Corte Constitucional que avaló la ley de paz total en donde se refiere a que las estructuras organizadas que incumplan sus compromisos, se les puede revocar las suspensiones de sus capturas. “La ola de violencia desatada por el ELN en el Catatumbo, desde el pasado 16 de enero de 2025, desdice de la participación genuina y comprometida con el proceso que se adelanta”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo en su resolución.

Y agregó: “Mientras el ELN azota de manera inmisericorde la región del Catatumbo, las personas que fueron designadas como sus miembros representantes para adelantar diálogos de paz, así reconocidos por el presidente de la República, se benefician atemporalmente de la suspensión de las órdenes de captura emitidas o que pudieren llegarse a proferir en su contra condicionadas exclusivamente a la celebración de negociaciones de paz. El contexto antes descrito, el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y en especial la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN, da lugar a reactivar las órdenes de captura suspendidas”. Esta decisión avinagró todavía más la relación entre la Fiscalía y la Oficina de Otty Patiño.

En el caso de “Calarcá” es importante hacer varias precisiones. En primer lugar, su detención en flagrancia y la de varios de sus colaboradores moviendo armas, dinero y a un menor de edad ocurrió el 23 de julio de 2024. El contenido completo de la sentencia de la Corte Constitucional que avaló la paz total solo se conoció el 31 de agosto siguiente, es decir, un mes y ocho días después del retén. Y esto es clave porque en ese fallo el alto tribunal dejó claro que las suspensiones de órdenes de captura contra miembros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai) con las que esté negociando el gobierno deben estar condicionadas “al cumplimiento de unos requisitos mínimos” por parte de esos beneficiarios. “Ningún tratamiento penal especial está exento de requisitos de concesión ni de causales de revocatoria por incumplimiento”, señaló la Corte.

Y fue más allá: “De ahí que sea necesario que la concesión de un tratamiento de esta naturaleza (la suspensión de las órdenes de captura), esté condicionada a la participación genuina y comprometida con el proceso que se adelanta y a no cometer nuevos delitos”. En ese fallo la Corte fue muy precisa sobre el alcance de la paz total y lo que eventualmente pueden hacer jueces y fiscales si encuentran que esos negociadores siguen cometiendo delitos. El problema, en el caso de “Calarcá”, explicaron desde la Fiscalía, es que esa interpretación del alto tribunal se conoció públicamente 38 días después del retén en Anorí y de su detención transitoria. El lío del episodio “Calarcá” es que pasó de agache el tema del menor de edad que llevaba la caravana del jefe de las disidencias, al punto de que nadie fue imputado por ese hecho que, para expertos, podría constituir un claro reclutamiento de menores.

Más allá de las minucias legales, la fiscal Luz Adriana Camargo afronta un momento difícil y varias fuentes consultadas de la Fiscalía, incluso reconocen que su viaje a Países Bajos se dio en un pésimo momento. El país reclama respuestas de la jefa del ente investigador, a la que no le gusta, contrario a su antecesor, hablar con los medios de comunicación. La Corte tiene muchas inquietudes sobre el caso “Calarcá” y los avances que en las últimas tres semanas haya podido tener la Fiscalía. Una de las fuentes consultadas resaltó que el excesivo silencio de la fiscal para explicar sus actuaciones de algún modo ha hecho que el relato sobre la veracidad o no de las pruebas contenidas en los dispositivos del jefe guerrillero lo esté dando el presidente Gustavo Petro a través de sus trinos en la plataforma X y no la cabeza de la Fiscalía que es la que debe resolver los interrogantes que rondan este expediente.

Precisamente, Noticias Caracol reveló el pasado domingo que en los dispositivos de “Calarcá” hay abundante material probatorio que relaciona al jefe de las disidencias ordenando homicidios y reclutando menores, así como a sus lugartenientes negociando todo tipo de armas. Hechos que habría ejecutado en paralelo con las negociaciones que ha venido adelantando con el gobierno Petro. De comprobarse este tipo de crímenes, a la luz de la restricción que impuso la Corte Constitucional en la sentencia sobre la paz total, podría poner en apuros a “Calarcá”. Los informes periodísticos sobre los dispositivos electrónicos del jefe de las disidencias llevaron a que tres voceros de ese grupo ilegal señalaran al noticiero obstaculizar el proceso de paz y, como consecuencia, de hacer parte del conflicto. Una agresión directa contra la libertad de prensa que no le ha merecido un solo comentario al presidente Gustavo Petro.

Al cierre de esta edición, el primer mandatario se pronunció sobre los archivos de “Calarcá” en donde se detallan los crímenes cometidos por ese grupo durante las negociaciones con el gobierno. En el trino, Petro expresó que está negociando la paz para evitar ese tipo de delitos y, además, le dedicó a la fiscal unas palabras que de inmediato causaron controversia. “Hemos perdido apoyo de la fiscal general, preocupada por su inclusión a la lista Clinton, cuando debe avanzar en la solución sociojurídica del conflicto armado en varias regiones”, escribió. En pocas palabras, la graduó como antagonista de su proyecto de paz, asignándole funciones que no le corresponde a la fiscal, cuya principal tarea es perseguir el delito. Y además, dio a entender, sin ninguna prueba, que el gobierno de los Estados Unidos podría incluirla en la lista Clinton. Un vocero del búnker calificó el trino como malintencionado y dijo, con vehemencia, “eso de la lista es una conjetura del presidente porque la fiscal se ha vuelto incómoda”.

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