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El Consejo de Estado resolvió a favor de Empresas Públicas de Medellín (EPM) una demanda de nulidad en contra de la entonces Comisión Nacional de Televisión (CNTV) por un viejo negocio de televisión por suscripción. Con la decisión del alto tribunal se deja sin efecto la resolución por la cual se reliquidó el convenio entre ambas entidades y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones deberá desembolsar el dinero a EPM.
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El pleito nació porque una auditoría de la CNTV aseguraba que EPM no estaba liquidando la suma que debía pagar de manera correcta. La entidad reliquidó y Empresas Públicas tuvo que pagar más de $3.000 millones adicionales en ese momento. El alto tribunal, sin embargo, concluyó que la actividad contractual de la Comisión “transgredió el deber de corrección que ella impone” y le dio la razón a la empresa paisa, que ahora recibirá más de $5.000 millones del Ministerio que asumió las obligaciones de la extinta CNTV.
El caso ya había sido fallado en 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que determinó en su momento que, “en la compensación que estaba obligada EPM por el servicio de televisión no podían incluirse otros servicios que se ofrecieran de manera conjunta con el de televisión, como el de internet y telefonía”. En primera instancia se ordenó la devolución a EPM de $3.604 millones, costo que la empresa pagó a la CNTV por el costo de la autoliquidación.
La CNTV apeló, alegando que EPM sí estaba obligada a hacer esos pagos “en la base gravable debía ser incluida la totalidad de los rubros pagados por cada suscriptor, incluidos servicios distintos al de televisión”. Y en segunda instancia el Consejo de Estado, no solo ratificó la decisión sino que la situación empeoró para el Ministerio de las Tic. El alto tribunal actualizó el monto en lo que corresponde a $1.412 millones, que deben ser devueltos a la empresa. Es decir, un total de $5.016 millones.
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La demanda de nulidad fue instaurada por EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. buscando dejar sin efecto las resoluciones expedidas por la Comisión Nacional de Televisión para el reajuste del valor de compensaciones por la explotación del servicio de televisión por suscripción. Los hechos ocurrieron entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de septiembre de 2003 que, al momento de la liquidación del convenio en 2006, ya facturaban interesos moratorios.
Los reajustes habían empezado a través de un otrosí en el que las empresas acordaron una compensación de 10% que EPM debía pagar a la Comisión por el servicio de televisión por suscripción en Chocó, Caldas, Risaralda, Nariño, Quindío, Cauca y Valle. El meollo del asunto llegó cuando a las cláusulas se le sumaron el 10% de otros servicios asociados a la televisión como internet, telefonía, instalaciones o reconexiones, lo cual, a los ojos del alto tribunal, resultó contrario a la buena fe.