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Un juez penal especializado de Buga absolvió a Diego Montoya Sánchez, alias Don Diego, y Diego Rodríguez Vásquez, por la masacre de Trujillo, perpetrada entre 1988 y 1994 en la que el saldo de víctimas fue de 275 personas. En su decisión, el funcionario judicial ordenó que los dos hombres quedaran libres de cualquier anotación en su contra y canceló cualquier orden de captura que tuviesen por este caso.
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El colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en representación de las víctimas de la masacre de Trujillo, dijo: “(rechazamos) radicalmente esta sentencia y la consideramos una atroz afrenta a la humanidad”. Según los abogados, la sentencia “comprueba a primera vista que los operadores judiciales nunca han proyectado como objetivo -ni siquiera lejano- identificar a los responsables de la barbarie, ni sancionarlos, ni corregir las fallas administrativas, políticas, estratégicas, judiciales y morales, ni proteger la vida de las víctimas o sobrevivientes”.
En su determinación el juez consideró que no podía condenar al narco porque en el expediente no había las pruebas suficientes que probaran la culpa de Montoya en los hechos. Asimismo, dice el fallo, algunos de los testimonios aportados al caso no pueden ser válidos ya que “no fueron testigos presenciales del hecho, y no aportan información válida respecto del autor del mismo”. Igualmente, dijo el juez, su decisión se basó en los testimonios aportados por Pablo Emilio Cano, exjefe paramilitar señalado como participante en la masacre, quien no relacionó a Don Diego con la matanza en el Valle.
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En su decisión, el juez dijo que la mayoría de testimonios aportados al caso son anónimos y de personas que no fueron testigos directos en los hechos no podría tenerlos en cuenta. De la misma manera, sostuvo que a pesar de que Montoya cuente “con un reconocimiento negativo por la comunidad, el juzgador no puede dejarse guiar por este desprestigio colectivo para hacer su fallo, debe centrarse en las pruebas validas que existen en el proceso, no por comentarios o historias populares que se difunden en diálogos callejeros”.
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Ante las dudas en el proceso, el servidor público dijo que es su deber absolverlos señalados “ya que se ha agotado el momento para recaudar pruebas y es imposible la recaudación de otras”. Así, el fallo absuelve de los cargos de secuestro simple, homicidio agravado, tentativa de homicidio, secuestro y desaparición forzada a Don Diego ya que, “a pesar de todos los mecanismos con los que cuenta el Estado no se probó fuera de toda duda que fuera responsable”.
Don Diego, a quien las víctimas señalan como partícipe en la masacre de Trujillo fue deportado a Estados Unidos en diciembre de 2008 por sus negocios ilegales mientras estuvo en el cartel del Norte del Valle.
El inicio del capo
La carrera criminal de Diego Montoya Sánchez inició antes de los 20 años, cuando transportaba base de coca desde el Putumayo hasta su pueblo natal, Trujillo, en el norte del Valle. Con el tiempo se hizo camino y empezó a relacionarse con Orlando Henao Montoya, conocido como El Hombre del Overol, quien en ese momento era el mayor capo de la zona.
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Para el final de las década de 1980, Don Diego tenía el control de Trujillo (Valle) gracias a una asociación con los hermanos Iván y Julio Fabio Urdinola Grajales y el narcotraficante del cartel de Cali Hélmer Pacho Herrera. Así mismo, para la época, el Eln buscaba también dominar la zona tratando de tener un frente en Trujillo, situación que llevó a una guerra por el control del territorio dejando afectaciones en la población civil. Como resultado de estos enfrentamientos se dio paso a lo que se conoce hoy en día como la masacre de Trujillo.
La masacre de Trujillo y otros actos
La masacre de Trujillo fueron una serie de eventos, aunque ocurrieron en el mismo territorio, sucedieron en tiempos distintos durante la década de 1990. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en solo dos años de estos combates fueron asesinadas 107 personas, la mayoría decapitadas o cortadas con motosierra y arrojadas a las aguas del río Cauca. Según la CIDH, Don Diego contó con el respaldo de miembros del Ejército y la Policía, además de comandar los ataques desde sus fincas La Beatriz y Los Delirios, ubicadas en Trujillo.
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Tras la masacre, Don Diego también se involucró en la alianza de narcotraficantes que le hizo frente a Pablo Escobar y sus aliados. Igualmente, participó en una guerra en la que se enfrentaron el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle, dejando como resultado decenas de víctimas. Tras la muerte de Orlando Henao e Iván Urdinola, quienes fueron sus primeros jefes en el ilícito negocio, Montoya tomó el control del Norte de Valle.
El fallido proceso de paz y la extradición
Cuando comenzó el proceso de paz del Gobierno Uribe con grupos paramilitares, Don Diego fue uno de los tanto jefes del narcotráfico que intentó colarse para salir impune de sus negocios. Para esa época, la justicia estadounidense ya le seguía la pista, por lo cual no fue incluido en las negociaciones con el Gobierno, tras lo cual Montoya se escondió y siguió con su negocio. El movimiento de droga fue de tal magnitud que se calculó que el 70% de la droga que ingresaba a los Estados Unidos y Europa era enviada por Don Diego. Así fue hasta su captura en 2007.
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Para ese entonces, el narcotraficante ya contaba con la solicitud de extradición de una corte distrital de la Florida por 12 cargos, dentro de los cuales se le endilgaba el asesinato de un testigo protegido de la DEA quien brindaba información para dar con el capo. Ya en una prisión estadounidense, se determinó que Don Diego debía ser investigado por la masacre de Trujillo. En el 2016 el Estado colombiano reconoció responsabilidad en una solución amistosa con las víctimas que habían acudido ante la CIDH. El ministro de Justicia de entonces, Yesid Reyes, pidió disculpas públicas en la población del norte del Valle por lo ocurrido. Ya en 1995 el expresidente Ernesto Samper había pedido perdón por la participación de miembros de la Fuerza Pública en los hechos.