El nuevo lío judicial del excongresista amazónico Manuel Carebilla
El Tribunal Superior de Bogotá acaba de enviarle otra orden de prisión preventiva por supuestos hechos de corrupción mientras fue gobernador del Amazonas. Actualmente, se encuentra preso en La Picota luego de que fuera condenado en 2017 a más de 14 años de cárcel por corrupción mientras fue congresista entre 2006 y 2014.
Redacción Judicial
A Ere Sur, el patio VIP de la cárcel La Picota en Bogotá y donde se encuentran algunas de las fichas relacionadas al escándalo de Odebrecht y otros grandes casos que involucran a presos de cuello blanco, llegó anoche una notificación del Tribunal Superior de Bogotá. Allí, desde hace aproximadamente dos años, se encuentra recluido el exrepresentante a la Cámara por el Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, luego de que la Corte Suprema lo condenara por hechos de corrupción durante los ocho años que pasó al interior del Congreso.
(En contexto: Corte Suprema llamó a juicio al gobernador del Amazonas)
En esta nueva notificación del tribunal superior de la capital se emitió una nueva orden de prisión preventiva en contra de Carebilla por (también) supuestos delitos de corrupción mientras fue gobernador del Amazonas en 2016, cargo del que fue suspendido tan pronto se entregó a las autoridades en abril de ese año para afrontar la investigación por la que fue condenado. En esta reciente orden de prisión preventiva, que fue difundida por el propio fiscal general, Francisco Barbosa, también fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial los exgobernadores de ese departamento Guillermo Marín Torres y César Antonio Lugo.
(Le puede interesar: Se entregó el gobernador del Amazonas Manuel Carebilla)
"Los elementos recaudados por la Fiscalía demuestran que los exfuncionarios habrían contratado tres veces la construcción de dos colegios y un hospital para el departamento de Amazonas. Estas obras de servicio prioritario para la comunidad no fueron entregadas. El convenio fue firmado el 15 de febrero de 2016, posteriormente, se aprobaron dos convenios complementarios y dos adiciones contractuales. Estas maniobras, que retrasaron la ejecución de la obra, al parecer, vulneraron los principios de transparencia y planeación. Por estos hechos, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado", señaló la cabeza del ente investigador.
La condena contra Carebilla
En noviembre de 2017, para la Corte Suprema de Justicia, el suspendido gobernador de Amazonas fue un "mercader" en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando fue representante a la Cámara. "Convirtió su equipo de trabajo en una empresa en la que aprovechó para manejar dinero que solo utilizó para su provecho", así lo determinó el alto tribunal al hallarlo culpable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
El exfuncionario deberá pagar una pena de 14 años 7 meses de cárcel (lleva preso cerca de dos), así como una multa de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios. De acuerdo con la decisión de la Corte, el trabajo de Carebilla Cuéllar en el Congreso fue completamente contrario a sus deberes legislativos. “Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, explicó la Corte.
Según la investigación que realizó el alto tribunal, el exrepresentante “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’”.
La Corte, además, comprobó que Carebilla les pidió a sus funcionarios dinero para arreglar el carro oficial que le asignó en Congreso y que también les exigió una cuota para financiar los gastos de su campaña política en las elecciones locales de 2007 en Amazonas. El alto tribunal señaló que las conductas del exgobernador fueron “conductas que deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor legislativa, razón por la que los ilícitos por los que se le condena fueron realizados con intención y propósito de vender la función pública, alterar la verdad, de apropiarse de dineros del Estado así como la de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de sus funciones”.
La UTL de Carebilla, explicó la Corte, fue la plataforma perfecta en la que el exfuncionario pagó favores políticos y promesas de campaña, “permitiendo hasta que miembros de una sola familia heredaran los cargos una vez se retiraban de la misma. En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Comportamiento que prueba el fin lucrativo proyectado y deja entrever la falta de decoro con la cosa pública”. El antiguo barón político del departamento se apresta a afrontar otro juicio penal ante la Corte Suprema en que podría agravarse su situación judicial.
A Ere Sur, el patio VIP de la cárcel La Picota en Bogotá y donde se encuentran algunas de las fichas relacionadas al escándalo de Odebrecht y otros grandes casos que involucran a presos de cuello blanco, llegó anoche una notificación del Tribunal Superior de Bogotá. Allí, desde hace aproximadamente dos años, se encuentra recluido el exrepresentante a la Cámara por el Amazonas, Manuel Antonio Carebilla, luego de que la Corte Suprema lo condenara por hechos de corrupción durante los ocho años que pasó al interior del Congreso.
(En contexto: Corte Suprema llamó a juicio al gobernador del Amazonas)
En esta nueva notificación del tribunal superior de la capital se emitió una nueva orden de prisión preventiva en contra de Carebilla por (también) supuestos delitos de corrupción mientras fue gobernador del Amazonas en 2016, cargo del que fue suspendido tan pronto se entregó a las autoridades en abril de ese año para afrontar la investigación por la que fue condenado. En esta reciente orden de prisión preventiva, que fue difundida por el propio fiscal general, Francisco Barbosa, también fueron enviados a la cárcel mientras avanza el proceso judicial los exgobernadores de ese departamento Guillermo Marín Torres y César Antonio Lugo.
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"Los elementos recaudados por la Fiscalía demuestran que los exfuncionarios habrían contratado tres veces la construcción de dos colegios y un hospital para el departamento de Amazonas. Estas obras de servicio prioritario para la comunidad no fueron entregadas. El convenio fue firmado el 15 de febrero de 2016, posteriormente, se aprobaron dos convenios complementarios y dos adiciones contractuales. Estas maniobras, que retrasaron la ejecución de la obra, al parecer, vulneraron los principios de transparencia y planeación. Por estos hechos, les fueron imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado", señaló la cabeza del ente investigador.
La condena contra Carebilla
En noviembre de 2017, para la Corte Suprema de Justicia, el suspendido gobernador de Amazonas fue un "mercader" en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) cuando fue representante a la Cámara. "Convirtió su equipo de trabajo en una empresa en la que aprovechó para manejar dinero que solo utilizó para su provecho", así lo determinó el alto tribunal al hallarlo culpable de los delitos de peculado, cohecho impropio, falsedad ideológica en documento público agravada por el uso y concusión.
El exfuncionario deberá pagar una pena de 14 años 7 meses de cárcel (lleva preso cerca de dos), así como una multa de 648 salarios mínimos de multa y $611.437.246 por indemnización de perjuicios. De acuerdo con la decisión de la Corte, el trabajo de Carebilla Cuéllar en el Congreso fue completamente contrario a sus deberes legislativos. “Tareas que debió enaltecer, máxime cuando era uno de los dos únicos Representantes de la comunidad amazonense en el poder legislativo”, explicó la Corte.
Según la investigación que realizó el alto tribunal, el exrepresentante “ofreció en venta cargos públicos al mejor postor, designó formalmente a personas que nunca cumplieron labores y, no obstante ello, recibían emolumentos de los que se beneficiaron a aquellos; certificó falsamente cumplimiento de labores que nunca desempeñaron; solicitó indebidamente a sus subalternos de hecho el pago de obligaciones contraídas por él ‘por interpuesta persona’”.
La Corte, además, comprobó que Carebilla les pidió a sus funcionarios dinero para arreglar el carro oficial que le asignó en Congreso y que también les exigió una cuota para financiar los gastos de su campaña política en las elecciones locales de 2007 en Amazonas. El alto tribunal señaló que las conductas del exgobernador fueron “conductas que deshonraron el buen nombre y ejercicio de la labor legislativa, razón por la que los ilícitos por los que se le condena fueron realizados con intención y propósito de vender la función pública, alterar la verdad, de apropiarse de dineros del Estado así como la de solicitar utilidades indebidas, abusando de su cargo y de sus funciones”.
La UTL de Carebilla, explicó la Corte, fue la plataforma perfecta en la que el exfuncionario pagó favores políticos y promesas de campaña, “permitiendo hasta que miembros de una sola familia heredaran los cargos una vez se retiraban de la misma. En época preelectoral suscribió pacto para comprometer salarios asignados a servidores que la integraran, incluso con personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Comportamiento que prueba el fin lucrativo proyectado y deja entrever la falta de decoro con la cosa pública”. El antiguo barón político del departamento se apresta a afrontar otro juicio penal ante la Corte Suprema en que podría agravarse su situación judicial.