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El más reciente informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y del Programa por la Paz se tituló: “El paramilitarismo SÍ existe”. Una clara respuesta al discurso del Gobierno y la Fuerza Pública, que ante las denuncias por asesinatos, amenazas y ataques a líderes políticos y defensores de derechos humanos han sostenido que no se trata de casos sistemáticos sino de hechos aislados, y que el paramilitarismo está extinto. Según los datos consignados en la investigación, durante 2016 grupos paramilitares amenazaron a 395 personas, ejecutaron extrajudicialmente a 83, hirieron a 44, desaparecieron a nueve y torturaron a 12.
El banco de datos de derechos humanos y violencia política del Cinep, si bien se presenta un descenso en el registro de casos de violaciones de derechos humanos entre 2015 y 2016, es “difícil afirmar que hay una mejora en la situación respecto a los derechos de los colombianos y llama la atención el aumento de violencia por razones políticas”. En total, analizando las denuncias contra la Fuerza Pública, autoridades, actores no identificados y grupos paramilitares, en 2016 se presentaron más de 2.600 casos de violaciones a los derechos humanos.
Según las bases de datos del Cinep, en 2016 se les atribuyen a los paramilitares 550 hechos victimizantes y a actores no identificados otros 833. “Es posible afirmar que continúa la guerra sucia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes políticos de izquierda”, se lee en su informe. Para el centro de investigación, el paramilitarismo sí existe, contrario a lo que varias voces del gobierno, como el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, han dicho. Villegas ha sido uno de los que ha negado el resurgimiento de grupos paramilitares y que los asesinatos de líderes políticos sea un hecho sistemático.
Según la versión oficial lo que se están presentado ahora son reductos de grupos posdesmovilización dedicados a la delincuencia común o grupos armados organizados (GAO). Sin embargo, la prueba para los investigadores del Cinep, es “la sistemática violación de derechos humanos, particularmente a través de amenazas individuales y colectivas contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos (…) Entre las tantas evidencias de la existencia del paramilitarismo, se encuentra la distribución de panfletos amenazantes que tienen una similitud en todo el país, lo cual constituye un indicio de patrón y estructura organizada de carácter nacional”.
Por ejemplo, uno de los grupos que más se ha escuchado a lo largo del país es el de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que han distribuidos panfletos en varias regiones y convocado a paros armados, poniendo en jaque la seguridad de zonas como el Urabá y Córdoba. Asimismo, el Cinep sostuvo que es alarmante la cifra de 833 hechos victimizantes de los que no se tiene identificado al presunto responsable y que la Policía ha sido señalada de ser cometer 548 abusos.
Los investigadores del Cinep señalaron que los departamentos más afectados por esta oleada de violencia han sido Boyacá, Cauca, Valle, Norte de Santander, Atlántico, Antioquia, Santander y Chocó. Los casos a los que hace referencia la base de datos del Cinep son por amenazas, atentados, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, heridos, torturados y violencia sexual.
“Colombia tiene un profundo problema de credibilidad en las estadísticas oficiales, ya que en la incidencia de la violencia y del conflicto social y armado polariza intensamente los intereses de las diversas fuerzas, los cuales se proyectan n los parámetros de información (…) Una de las características de la estadística oficial ha sido el manejo de cifras no respaldadas por nombres, lugares, fechas y circunstancias verificables. El Banco de Datos funda su credibilidad en la visibilización de todos estos datos, exponiéndolos a la verificación pública, reservando las fuentes para no exponer la seguridad de los denunciantes”, es el argumento del Cinep para darle veracidad a sus datos.