El paro armado en Santa Marta: "Existe una especie de Estado en obra negra"

Ese paro armado fue una reacción de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a una operación de la Policía que ingresó – tan fácil como si entrara al dormitorio de su casa -, a un territorio completamente controlado por ese grupo armado, operación que concluyó con la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, segundo al mando de esa organización, y de varios miembros de su esquema de seguridad. la Policía también estuvo cerca de capturar a alias Pinocho, máximo comandante de las ACSN, según se ha informado. Es decir, penetró su seguridad. Una hipótesis que podría explicar el “paro armado” en Santa Marta, es que esa estructura organizó la que habría sido una acción de distracción para restar presión armada del Estado sobre la zona, con el fin de que la parte de esa estructura que evadió el ataque policial, pudiera replegarse. Y otra hipótesis posible, es que ejecutaron esa acción como una “advertencia” al Gobierno nacional para demostrarle lo que está en capacidad de realizar.

La detención, en las últimas horas, de la pareja de alias Pinocho quien ha sido mencionado por el presidente como el próximo objetivo de las autoridades, ¿incidirá en las tensiones?

Lo que creo es que se mantendrá un estado de incertidumbre porque la acción estatal no se está limitando a atacar el brazo armado de la agrupación, sino que está golpeando sus redes de apoyo. La incertidumbre permanecerá, pues es evidente que las ACSN no van a confrontar a la fuerza pública pero tampoco dudarán en afectar a la población civil, en caso de que se vean amenazadas.

A pesar de las advertencias hechas por el presidente en cuanto a que “no permitirá” que haya cese de actividades en Santa Marta, lo cierto es que la ciudad se cerró durante tres días. Este hecho, ¿constituye una demostración real de que esa banda controla la ciudad?

Hay que tener en cuenta que este grupo armado ha hecho presencia activa en esos territorios durante varias décadas, bajo diferentes denominaciones y con distintas naturalezas (grupo de seguridad privada, autodefensas, agrupación paramilitar, banda criminal, oficina de cobro, etc.). Y que, hace un tiempo, ya había controlado el transporte y la economía de la Troncal del Caribe mediante bloqueos y órdenes respaldadas en amenazas reales sobre uso de la fuerza, aunque nunca había paralizado, totalmente, a Santa Marta ni había desplegado violencia directa de forma tan masiva y sistemática, en contra de pequeños y medianos negocios formales e informales, así como en contra vehículos de carga y de servicio público. En la práctica, las ACSN desbordaron la capacidad de anticipación y reacción del distrito y de la gobernación, y demostraron lo que están en posibilidad de ejecutar.

¿Con cuáles otras denominaciones han existido los Conquistadores de la Sierra Nevada y de dónde deriva esa organización?

Las ACSN constituyen la manifestación más reciente de distintos procesos violentos que se han escenificado en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta en los últimos 50 años. Es decir, hay un hilo de continuidad entre las siguientes estructuras armadas ilegales: Los Chamizos (1976-1982), las Autodefensas del Mamey (1983-1994), la Convivir Conservar Limitada/Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (1995-2000), el Frente Resistencia Tayrona (2001-2006), la Oficina Caribe o Pachencas (2007-2019) y las ACSN (2020-2026). Esta sucesión evidencia que se han presentado múltiples procesos de reciclaje, adaptación y resiliencia criminal que deben analizarse, detenidamente, para no errar en la comprensión sobre la compleja naturaleza del que es el grupo armado más longevo del Caribe colombiano.

Foto: Archivo Particular

Además de las ACSN, ¿cuántos y cuáles grupos armados ilegales tienen presencia y control territorial entre Santa Marta y el corredor geográfico que conduce a la Guajira?

Santa Marta y las zonas rurales de la Sierra son disputadas entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o clan del Golfo. La guerra entre esas dos agrupaciones explica los múltiples homicidios que se han presentado en varios municipios del Magdalena. La lucha entre ellos no solo es por la administración ilegal de las rentas sino, también, por el control territorial del macizo montañoso que posee una ubicación estratégica, que permite movilidad segura entre tres departamentos (Magdalena, Cesar y Guajira) y acceso directo a sus ciudades capitales. En Riohacha, las ACSN tienen, a su vez, choques con varias bandas locales; y en las zonas planas del sur de ese mismo departamento, el Ejército Gaitanista se enfrenta con la banda denominada “Los Primos”. El Estado ha llegado tarde a estos conflictos.

¿Alguna de esas organizaciones predomina sobre las demás en cuanto a número de miembros y, además, en cuanto a su control sobre las poblaciones?

En este ecosistema criminal, los únicos grupos con capacidad militar y presencia extendida son las ACSN y el Ejército Gaitanista. Específicamente en el caso de los Conquistadores de la Sierra Nevada, ese es un grupo armado que ha estado articulado a través de la vieja figura del exjefe narcoparamilitar Hernán Giraldo y de muchos de sus familiares. En el pasado, grupos guerrilleros, paramilitares y criminales, han intentado controlar la vertiente norte de la Sierra Nevada; o sea, el territorio que va desde el municipio de Ciénaga, en el Magdalena, y que pasa por Santa Marta, Dibulla y llega a Riohacha. Todos eran superiores en términos de capacidad militar y número de hombres cuando llegaron a la vertiente norte. Sin embargo, todos han fallado en el intento de expulsar a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra para poder controlar ese territorio. Los altos niveles de cohesión entre los miembros de esa agrupación y los lazos interpersonales con las comunidades, contribuyeron a su inaudita capacidad de supervivencia.

Pero, ¿solo esos niveles de cohesión explican el poder paraestatal de los Conquistadores de la Sierra, mismos que paralizaron a Santa Marta la semana pasada, o hay más razones?

La cohesión familiar ha sido fundamental para las ACSN porque les ha permitido desarrollar una gobernanza armada altamente arraigada en la comunidad; esto es, que no solo son percibidos por los civiles como autoridades, sino que, por sus propios lazos familiares y personales, son también reconocidos como miembros auténticos de esa comunidad. Esta permanece, social y políticamente, vinculada al grupo armado mediante una red familiar y emocional que explica la capacidad de tal estructura para desplegar violencia, regular la vida cotidiana y garantizar su propia supervivencia.

¿Cuáles son las actividades delictivas principales de las ACSN en ese corredor geográfico entre Santa Marta y Guajira?

El portafolio de rentas ilegales que gestionan las ACSN incluye la extorsión a palmicultores, bananeros y al sector turístico de una parte del casco urbano de Santa Marta y de toda su zona rural, así como del municipio de Dibulla, en La Guajira. Pero, además, prestan servicios de seguridad y logísticos a narcotraficantes de otras regiones que usan las costas y puertos del Magdalena y la Guajira como plataformas de exportación. Un ejemplo de su control territorial lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo en el año 2018, cuando aseguró que ese grupo: “ha impuesto el pago de porcentajes económicos (10%) para las negociaciones de predios (compraventas) aledaños al mar y en la Sierra; controles impositivos sobre los intercambios comerciales de mercancías al por mayor y al detal de todos los establecimientos comerciales … y controles a los operadores de servicios turísticos…”.

De todos modos, es sometimiento. Los habitantes de la zona, ¿soportan ese vasallaje criminal solo por su familiaridad?

Es importante señalar que, en los territorios bajo su control, las ACSN han establecido un sistema de extorsión retributiva, es decir, extraen recursos, pero, al mismo tiempo, ofertan bienes y servicios, más específicamente, seguridad y administración de justicia, en cuanto a la resolución de conflictos. Precisamente en el marco de la coyuntura actual, es importante proyectar estrategias de fortalecimiento institucional que les permitan a las alcaldías y a la gobernación asumir la oferta permanente de seguridad y justicia en las zonas rurales con el fin de recuperar la legitimidad de lo que es legal porque representan al Estado.

En conclusión, los Conquistadores de la Sierra se han constituido en el verdadero gobierno regional y local. ¿Es así?

En la práctica, al construir y gestionar una longeva gobernanza armada en la vertiente norte de la Sierra Nevada, han logrado ofertar bienes y servicios públicos e, incluso, construir pequeñas infraestructuras comunitarias desde hace décadas, lo que les ha permitido ganar legitimidad en algunas comunidades; pero, además, al comportarse como una especie de gobierno paralelo, no confrontan a las autoridades legales o del Estado sino que las instrumentaliza o suplanta según sus intereses particulares.

¿Con la complacencia o el miedo de las autoridades legales? Es decir, los gobernadores, los alcaldes, los concejales, diputados, la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los jueces de la zona, ¿están sometidos, en práctica a esos grupos, por voluntad propia o por temor?

Diría que por impotencia. Para la muestra, el botón del paro armado en Santa Marta. Le pregunto ¿qué podían haber hecho las autoridades civiles de Santa Marta, de Dibulla o de Riohacha ante esa parálisis?

Eso quiere decir, en consecuencia, que el Estado no existe definitivamente en esa zona…

Hay una especie de control territorial paralelo o disputado, en el que las cabeceras municipales o espacios urbanos están bajo control de las autoridades legales y las instituciones públicas; y las zonas rurales son controladas o disputadas por los grupos armados. En la vertiente norte de la Sierra, se ha dado un proceso de normalización de la violencia armada y sus actores, convirtiéndolos en dinamizadores o entorpecedores de la vida social y económica de ese territorio. No hay un colapso institucional, pero, tampoco, consolidación estatal: existe una especie de Estado en obra negra o, en algunos casos, en obra gris, que permite la vida en comunidad en un contexto de gobernanzas armadas o híbridas. Se trata de una especie de equilibrio dinámico entre la violencia y la vida institucional. Estas gobernanzas solo se interrumpen temporalmente, cuando otro grupo armado disputa el control del territorio o cuando se presentan operativos militares del Estado, de mediana o alta intensidad.

O sea, los funcionarios que representan el Estado, se conformaron con esta situación.

En las capitales departamentales, parece haberse dado una especie de acuerdo tácito entre las élites políticas y económicas que, en forma pragmática, aceptan “el mal menor”: ceden y abandonan el control de los territorios rurales y periféricos, a cambio de estabilidad política y económica en el centro o en los centros regionales, es decir, en los lugares en donde se presenta una mayor densidad poblacional y de economías legales o formales.

Lo cierto es, además, que las estructuras criminales no podrían tener tanto poder en esa zona sin la complicidad o el sometimiento de los políticos elegidos en la misma región. O, al contrario: los políticos no podrían ser elegidos sin la aquiescencia de los ilegales. ¿Cómo funciona esa alianza?

En algunos momentos de la historia, los intereses de los políticos locales y de estos grupos confluyeron activamente, como sucedió en los años 80 y 90, cuando las organizaciones armadas impedían la llegada, al escenario político local o regional, de nuevos actores y líderes políticos que pudieran alterar su statu quo, como sucedió con la UP y la ADM-19. Posteriormente, el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) reconfiguró, electoralmente, el departamento del Magdalena. Esto sucedió en septiembre del 2000, cuando se realizó una reunión en Chivolo (Magdalena) a la que asistieron 13 candidatos a las alcaldías de igual número de municipios del Magdalena y 395 personas entre quienes estaban varios aspirantes a con­cejos y a la asamblea. Fue lo que se conoció como “El Pacto de Chivolo”. En julio de 2001, las AUC firmaron, junto con 11 congresistas activos y varios funcionarios públicos de la costa Caribe, un ‘pacto polí­tico’, conocido como el “Acuerdo de Ralito” (Córdoba). En septiembre de 2001, en el municipio de Pivijay (Mag­dalena), se celebró un encuentro al que asistieron, ahora como funcionarios, los asistentes al “Pacto de Chivolo”, y en el que participaron también aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado.

No parece creíble que esos vínculos no existan en la actualidad…

Bueno, en todo caso, esos vínculos, hoy, son menos frecuentes y poco visibles. Pero mientras los grupos armados puedan aportar votos y recursos económicos a las campañas políticas y algunos candidatos estén dispuestos a entregar impunidad, contratación y legitimidad a los grupos ilegales por ese y otros motivos, el riesgo de intervención electoral estará latente.

En época de los Castaño, Mancuso, Jorge 40 y demás capos del paramilitarismo, los jueces y cortes descubrieron la alianza entre esos grupos y funcionarios del Estado. A ese entramado se le conoció con el nombre de “parapolítica”. ¿Por qué, hoy, la justicia no encuentra esas alianzas?

Hoy, estamos en un contexto en el cual los actores armados no tienen intereses nacionales, sino que han volcado sus recursos y capacidades, al control de la mayor cantidad de territorio local posible, y al establecimiento de gobernanzas armadas regionales. Esto hace que hace que su incidencia electoral pase desapercibida porque se está dando, en muchos casos, a niveles tan específicos como los corregimientos y las veredas.

¿Se trata de una especie de connivencia silenciosa y cómplice del establecimiento regional con las organizaciones criminales?

Tal vez es un cambio de estrategia. Por efectos del “aprendizaje” criminal, las actuales estructuras armadas ilegales han empezado a limitar, al máximo, el uso de la violencia homicida; y han privilegiado la utilización de repertorios de violencia no letal: asesinan, pero amenazan más; no secuestran, pero extorsionan mucho; y no desplazan, pero confinan a la gente mediante paros armados. Este cambio en las modalidades violentas se debe a que la amenaza, la extorsión y el confinamiento son formas de violencia menos públicas y, por ende, no reciben tanta visibilidad mediática o esfuerzo institucional por combatirlas. Con este telón de fondo, en los territorios bajo control de un actor armado, el grupo se esfuerza por mantener la democracia electoral como un medio de legitimación social. La realización de elecciones y una baja tasa de homicidios alejan a las instituciones del nivel central. En este sentido, el desarrollo de los procesos electorales mantiene la percepción o ilusión de normalidad territorial, de “aquí no pasa nada”.

¿Qué opina sobre la estrategia del gobierno nacional de enfrentar militarmente a las ACSN después de haber dado de baja a dos de sus presuntos jefes? ¿Es lo que ha debido hacer el Estado hace muchos años o se trata de una improvisación que podría resultar negativa a mediano plazo y por qué?

El Gobierno está cumpliendo con una de sus principales promesas de campaña y le apuesta a la entrega de resultados rápidos, lo que es importante. Pero si la acción militar no se acompaña con una estrategia contra el control ilegal del territorio y de las rentas, y con planes de sustitución de los circuitos económicos ilegales, además del fortalecimiento de las capacidades institucionales de alcaldes y gobernadores, será muy difícil la recuperación permanente de los territorios afectados por esos ciclos de violencia directa.

En un comunicado, los Conquistadores de la Sierra Nevada anunciaron el fin del paro pero ellos mismos afirmaron que fue decretado por 72 horas, lo que sugiere que se ufanan de levantar el cese porque se terminó el tiempo que impusieron. Pero, de otro lado, aseguran que están en disposición de “encaminarse hacia mecanismos de diálogo y entendimiento…”. ¿Se les puede creer o se trata de una estrategia para ganar tiempo?

Lo veo así: primero, las ACSN pudieron demostrar que tienen recursos y capacidades para ejecutar sus amenazas. Segundo, dejan abierta la puerta a una interacción no violenta con el Gobierno porque saben bien, que no pueden mantener el desafío al Estado, de manera indefinida.