Cuando Jorge Iván Ospina se lanzó a la Alcaldía de Cali en 2019, sus contendores le criticaban sus líos judiciales. Todo se complicó cuando la Fiscalía le imputó cargos en julio de ese año, por un contrato firmado en su primer periodo de alcalde, 11 años antes. Algunos lo llamaron persecución política, otros le pidieron que se retirara de la contienda. Pero los caleños lo reeligieron con casi 300.000 votos. Y, si bien parecía que este asunto pendiente con la justicia le traería dolores de cabeza a Ospina, lo cierto es que el expediente se ha movido a paso tortuga y, de continuar así, podría terminar su periodo en diciembre de 2023, sin que se haya definido si es culpable o inocente.
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(En contexto: Detalles del llamado a juicio del alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina)
Desde la imputación de cargos, el expediente contra Jorge Iván Ospina ha cambiado ya una vez de juzgado, otra de fiscal y él mismo cambió de abogado. También se atravesó la pandemia del COVID-19, que suspendió los términos judiciales por un tiempo y luego agilizó varios expedientes con el impulso a las audiencias virtuales. Luego el paro nacional, que tuvo como punto central de ebullición a Cali, que en tres meses contó más de 40 muertos, decenas de heridos y millones en daños. Mucho ha cambiado en los tres años desde que Ospina tuvo que asistir a los estrados judiciales como candidato, pero el juicio en su contra ni siquiera ha comenzado.
A Ospina se le acusa de que, cuando era alcalde de Cali entre 2008 y 2011, le entregó un contrato de manera directa de un hombre que había financiado su campaña: Guillermo Rafael Lombana, un reconocido asesor de comunicaciones del Valle, en juicio por los mismos hechos. Ahora bien, el contrato lo firmó Pedro Luis Barco, secretario de despacho de Ospina, no el alcalde directamente, con la empresa de Lombana. Cuando el contrato no pasó el visto bueno de la tesorería de Cali, el secretario Barco insistió y, simplemente, contrató a Lombana como persona natural y le bajó cinco pesos al monto pagado. No fueron $460 millones, sino $459.999.995.
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Todos estos detalles y los documentos que los prueban, los condensó la Fiscalía en el escrito de acusación que radicó contra Ospina desde finales de 2019. Este diario reveló en ese momento el contenido del documento, que reprochaba que el también excongresista y expresidente del Partido Verde, “sabía que con este contrato se le estaba devolviendo un favor político al señor Guillermo Rafael Lombana” y que, aunque hubiera delegado la contratación en su secretario, estuvo enterado de cada movimiento de ese proceso. A pesar de tener todo listo, la lectura del escrito, que formaliza el llamado a juicio, solo se realizó año y medio después, en julio de 2021.
Esa no ha sido la única demora. El Espectador indagó por lo que ha sucedido con el expediente que prometía poner contra las cuerdas al alcalde de la tercera capital del país. Para una fuente consultada, que conoce de cerca el caso, “los tiempos de este proceso normales, en la mayoría de veces se presentan estos tiempos, a menos que el investigado esté privado de la libertad”. Sin embargo, documentos conocidos por este diario muestran que, en buena medida, el proceso se ha extendido por culpa de la Fiscalía: al comienzo, el proceso se estancó por sus errores; y, más recientemente, han pedido aplazamientos en un juzgado, de por sí, desbordado de expedientes.
Por partes. La primera vez que la Fiscalía intentó acusar formalmente a Jorge Iván Ospina fue el 15 de noviembre. La fiscal pidió que se reprogramara para el día siguiente porque tenía un viaje. El 16 de noviembre, se instaló la audiencia en Cali, atiborrada de periodistas. La funcionaria leyó el llamado a juicio, pero no quedó en firme. Tal y como publicó el entonces alcalde electo en su Twitter ese día: “Procuraduría y defensa piden a la señora fiscal que especifique y clarifique los cargos, están ambiguos y poco soportados, la fiscal pide aplazar, señala que tiene vuelo”. Programaron retomar la diligencia el 13 de diciembre y no hubo éxito.
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Luego vino la pandemia. Por un tiempo, los juzgados estuvieron cerrados. Cuando abrieron, se hacían citaciones, pero “la fiscal era muy mayor y decía que no podía ir”, señaló una fuente. Hasta que, en julio de 2021, ante el Juzgado 8 Penal de Conocimiento de Cali, retomaron la audiencia que había quedado suspendida año y medio atrás. El juez resolvió negar las peticiones de aclaración que habían hecho la Procuraduría y el abogado de Ospina. Con la finalización de esta audiencia, generalmente, el juicio está muy cerca. De nuevo, en este caso no fue así.
Primero, porque la Fiscalía pidió que el expediente se enviara al Juzgado 13 Penal de Cali. En ese despacho ya se adelantaba el proceso contra Lombana y el exsecretario Barco, así que, por lo que los abogados llaman “conexidad”, era apenas lógico que el caso contra Jorge Iván Ospina también llegara allí. Luego, este nuevo juez comenzó a citar a las partes a las audiencias preparatorias y una y otra vez, presentaron algún tipo de excusa. En dos ocasiones fueron los abogados de los investigados quienes pidieron aplazar, una porque necesitaban más tiempo para revisar todo el material de la Fiscalía y otra más porque un defensor estaba de viaje.
En otras tres ocasiones, la Fiscalía ha sido la que pide aplazar las audiencias. Para febrero de este año, por ejemplo, no se pudo realizar la diligencia porque la fiscal tenía otra audiencia programada. Luego en junio pasó lo mismo. Hasta que la preparatoria se pudo iniciar en julio pasado. En estas audiencias, las partes descubren las pruebas que llevarán a juicio y suelen tomar varios encuentros. Así que, tras cinco horas de audiencia, el juzgado programó una siguiente diligencia para el 11 de octubre pasado. Allí llegó el tercer aplazamiento: la fiscal dijo tener problemas de salud.
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Así las cosas, aunque estaba previsto que el juicio contra Jorge Iván Ospina comenzara en noviembre de este año, probablemente no irá al banquillo de los acusados, sino hasta el próximo año. La Fiscalía tiene cientos de pruebas, la defensa de Barco otras 17 y la de Ospina 21, más cuatro testigos. Si el proceso sigue su curso de esta forma y teniendo en cuenta la congestión que tienen todos los juzgados de Cali, el fallo podría llegar después de que Ospina deje la Alcaldía, en diciembre del próximo año.
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