El Ministerio Público tiene en la mira a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, encargada del proyecto para la construcción del Museo Nacional de Memoria de Colombia. La obra supera un costo de $90 mil millones y estaba prevista para entregar en octubre del 2022. Al parecer, hasta hoy, falta un 20% de su ejecución. Debido a esto, la Procuraduría indagará por el presunto incumplimiento, no solamente al contrato, sino por el programa de reparación de víctimas del conflicto armado.
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Al ente de control le preocupa la posibilidad de que no terminen la construcción y que los atrasos del proyecto puedan causar un grave detrimento patrimonial a la Nación. Por lo tanto, ha iniciado las respectivas acciones para solicitar a las entidades involucradas que garanticen los derechos colectivos de las víctimas. La entrega del museo le daría visibilidad a las violaciones a los derechos humanos y a los procesos de resistencia de las acciones cometidas en el marco del conflicto.
Contratado en el año 2020, el museo es uno de los compromisos y de las acciones previstas en materia de reparación y reconocimiento a las millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, según indica la Ley de víctimas. Además, es uno de los centros que les permitiría, no solamente a las víctimas, sino a la población colombiana en general, encontrarse para visibilizar y reflexionar sobre los procesos de memoria histórica y sus diversos actores.
A esto se le suman las advertencias conocidas por Colombia+20 de El Espectador que dan cuenta de graves fallas en la construcción y de mala calidad en los procesos. Con esto se comprobaría que, no solo está retrasada la obra, sino que no cumple con la reglamentación colombiana de sismorresistencia, lo que pondría en riesgo de desplome a las obras.
Ahora la Procuraduría respalda los derechos de las víctimas con su deber de buscar alternativas para la finalización de la construcción y realizará visita en sitio para determinar las causales del incumplimiento a este proyecto.
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