La Inmaculada, conocida también como La oficina de Tuluá, es la organización criminal que más azotada tiene a la población de ese municipio del Valle del Cauca. Este fin de semana, el terror llenó sus calles por cuenta de ataques en esa zona en la que, además de que carros de servicio público y particulares fueron incinerados, un agente de tránsito fue asesinado y otro se encuentra gravemente herido. Desde el gobierno nacional ordenaron militarizar la zona, pero las acciones para reducir el actuar criminal de la organización se vienen adelantando desde hace años. Hasta ahora, aparentemente, no han sido efectivas. El Espectador conoció detalles de cómo está en este momento la organización y qué están haciendo las autoridades para ponerle freno al grupo.
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En contexto: La Inmaculada: este es el grupo criminal que tiene en jaque a Tuluá
El pasado 9 de febrero, las autoridades capturaron a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, el último de los hermanos Marín, líderes de La Inmaculada. A su cargo estaba la organización después de que su hermano Andrés Felipe, alias Pipe Tuluá, fuera encarcelado por delitos de homicidio y concierto para delinquir. Sin embargo, desde las cárceles se siguen dando las órdenes para que continúe operando La Oficina. En diálogo con este diario, Leonardo Vergara, director seccional de Fiscalías del Valle del Cauca, explicó que a pesar de que en 2022 inició la Estrategia Tuluá, con la que buscan acabar la criminalidad en el municipio, el poder del grupo es tan grande que ha sido imposible frenar su actuar, incluso con sus líderes tras las rejas.
De acuerdo con el fiscal Vergara, en la Estrategia Tuluá han sido judicializadas 69 personas, dentro de las cuales se encuentran alias Pipe Tuluá, quien fue condenado a 30 años de prisión en marzo de 2022 por ser el autor material e intelectual de 39 asesinatos y siete tentativas de homicidio. Aun así, explica el funcionario, “es una estructura que tiene unos roles definidos. La Fiscalía ha adelantado las investigaciones y ha logrado que jueces impongan medidas en su contra, pero el control de las cárceles debe ser más efectivo para evitar que estas personas tengan acceso a comunicaciones y puedan incluso dirigir la organización desde las cárceles del país”.
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Según las cifras de la Fiscalía conocidas por El Espectador, de diciembre de 2022 a febrero de 2024, se han judicializado a 12 personas por homicidio, quienes se encuentran en prisión preventiva; 48 personas por concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, uso de menores de edad en la comisión de delitos, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de uso personal. Por otra parte, cuatro personas han sido judicializadas por terrorismo, tres por amenazas contra defensores de derechos humanos, jueces y fiscales. Igualmente, un funcionario del CTI de la Fiscalía fue imputado por concusión y una persona más fue imputada por tráfico de influencias. Todo esto, en relación con el actuar de La Inmaculada.
Asimismo, el fiscal Vergara explica que las fuentes de financiación de la organización criminal han estado ligadas “al tráfico de estupefacientes, control de las ollas de vicio del municipio, pero también con el monopolio de alimentos”. De acuerdo con el funcionario del ente investigador en el Valle, la extorsión de La Inmaculada está enfoca a “la extorsión a los transportadores y a las personas que traen sus alimentos y los comercializan en Tuluá y los municipios aledaños”. Por ahora, las acciones más efectivas han sido las capturas de los hermanos Marín Silva, pero, en contraprestación, dicen las autoridades, se desencadenó otra ola de violencia contra el municipio.
Por ahora, los hermanos que hoy tienen en alerta máxima a Tuluá están bajo custodia de las autoridades penitenciarias. De un lado, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, fue trasladado en las últimas horas a la cárcel de máxima seguridad de La Tramacúa, en Valledupar, donde permanecerá en una celda de aislamiento. De otro lado, Mauricio Marín, alias Nacho, están en manos de la Policía mientras se define la medida de aseguramiento que deberá solicitar la Fiscalía, tras su captura, la semana pasada, en la vereda Guayabal de la zona rural del municipio de Tuluá. Justamente, esa captura habría desencadenado el terror en el municipio del Valle.
Según explicó el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, se evalúa la posibilidad de que estos líderes criminales queden en poder de la Dijín de la Policía, en celdas especiales como en la que estuvo Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, antes de su extradición hacia Estados Unidos en 2022. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, agregó que no es posible mantener un aislamiento total de estos jefes de La Inmaculada, por cuanto, por ley, tienen derecho a comunicarse con su abogado. No obstante, se comprometió, a nombre del Gobierno, a limitar las comunicaciones de ambos y de los presos vinculados con la estructura delincuencial, tanto que sea imposible que participen en actividades de extorsión o de amenazas.
El Espectador cuestionó también al Gobierno sobre qué papel juega la Fiscalía con respecto a los hermanos Marín, el ministro Osuna agregó que se decidió, dentro de otras medidas, enviar a los líderes de La Inmaculada a distintas cárceles de máxima seguridad. En el caso de Pipe Tuluá a la Cárcel de Tramacúa, en Valledupar, mientras que alias Nacho fue trasladado a Bogotá, a la espera de extradición. En cuanto a la posibilidad de extraditar a los Marín, el Gobierno confirmó que, hasta el momento, desconocen solicitudes por parte de países con tratado de extradición vigentes, que le sigan la pista a delitos como narcotráfico. No obstante, la cartera de Gobierno no descarta que la actividad delictiva de La Inmaculada toque intereses de la justicia de otros países.
Asimismo, Osuna desmintió el rumor de que La Inmaculada estaría buscando un espacio en el proyecto de “paz total”, a través de la ley de sometimiento que está preparando el Ejecutivo. De hecho, las recientes acciones violentas se ven como toda una barrera para iniciar acercamientos. Adicionalmente, en medio de la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno, Osuna agregó que “por parte de la vicefiscal Martha Mancera, la designación de un fiscal específico para homicidios contra guardianes del Inpec y otro fiscal específico para asuntos de corrupción carcelaria y delitos dentro de las cárceles. Fiscales especializados”. La decisión se toma en el marco de la emergencia carcelaria que decretó el Gobierno este 12 de febrero, tras el asesinato, en Cartagena, de un guardia de seguridad y las constantes amenazas que sufren los funcionarios del instituto penitenciario.
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